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Preocupación por acciones de defensa británica en las Islas Malvinas

El diputado Alberto Ciampini presentó un proyecto de Resolución donde expresa preocupación por la compra, por parte del Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña, de un nuevo escudo  antimisiles con el objetivo de proteger el territorio ocupado en las islas del Atlántico Sur.

La adquisición del Ministerio de Defensa del Reino Unido, que forma parte de un paquete de modernización de sus fuerzas armadas y fortalecerá las defensas en todo el territorio del Atlántico Sur, se trata del “Sky Sabre system” que utiliza la tecnología de defensa aérea móvil Iron Dome y es capaz de interceptar cohetes de corto alcance y proyectiles de artillería. Al respecto el diario británico Daily Mail publicó el 22 de noviembre de 2017: “los jefes de defensa británicos compraron un escudo antimisiles para proteger las Islas Malvinas mientras Argentina refuerza su fuerza aérea”.

La tecnología detrás de Iron Dome fue generada por Mprest, una compañía creada por antiguos oficiales militares de Israel. Natan Barak, director ejecutivo de la misma, dijo que el trabajo principal del sistema en las Islas Malvinas será el de “coordinar las defensas aéreas y realizar un seguimiento de los aviones”.  “Hay tantos cambios geopolíticos en el mundo. Realmente no sabes lo que va a pasar en los próximos tres años, el conflicto y las amenazas están cambiando”. “Queremos asegurarnos de que nuestra plataforma sea capaz de hacer frente a la próxima guerra en la que no hemos pensado”, sostuvo.

Dicha acción incurre en el incumplimiento de la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que insta a resolver mediante el diálogo y la vía pacifica el proceso de descolonización de nuestro territorio. Dicha Resolución en su punto 4° pide a ambas naciones que se abstengan de realizar acciones unilaterales que modifiquen la situación actual.

 




PROPUESTA POR UN NUEVO DERECHO PARA LOS PACIENTES

Teniendo en cuenta la coyuntura y el deterioro en la calidad de los servicios y la atención médica he presentado un Proyecto de Ley que propone establecer un tiempo máximo de espera en el otorgamiento de turnos del área de salud a fin de instaurar un nuevo derecho del paciente que no discrimina el ámbito público del privado.

El Proyecto parte de la idea esencial que la salud es un derecho básico, inalienable e impostergable, que debe ser tutelado por el Estado. La propuesta persigue el objetivo de asegurar a los ciudadanos la protección de la salud, garantizando la equidad y los derechos que les corresponden a los pacientes, llenando así los vacíos legislativos existentes en la materia.

Las demoras excesivas en el otorgamiento de turnos al paciente pueden devenir en un error asistencial que tiene consecuencias graves para la persona y su familia. Puede generar un coste muy elevado, erosiona la confianza del paciente en el sistema, y daña a las instituciones y al profesional sanitario que es, sin duda, su segunda víctima. En este sentido resulta sumamente necesario establecer un tiempo máximo de espera en el otorgamiento de turnos con el objetivo de brindar una buena cobertura y asistencia para aquellos ciudadanos que lo requieran.


Con este fin, los servicios de salud proveerán al ciudadano que requiera cuidado sanitario las alternativas que consideren más apropiadas para la efectiva realización de la atención garantizada. Este compromiso adquirido por el servicio de salud supone atender, a las personas que lo soliciten, con las adecuadas condiciones de calidad, dentro del tiempo máximo de acceso establecido y así evitar las largas esperas y las postergaciones vulnerando el derecho de las personas a una atención eficaz y responsable.

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Discurso del diputado Ciampini contra la expulsión de Julio De Vido

Ningún orden legal puede violar la presunción de inocencia, con lo cual es muy burdo pretender esconder tras la supuesta “inhabilidad moral” lo que realmente están haciendo. En efecto, se trata de una motivación puramente electoral y oportunista enmarcada en la persecución política hacia la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner y las políticas que expresó su gobierno.

La justicia no se ha expedido con una condena penal firme sobre el Diputado que motive su expulsión y eventual encarcelamiento. Tiene la misma situación procesal desde cuando asumió como representante del pueblo. De hecho, se lo quiere expulsar por asuntos relacionados a su gestión como ministro que ya eran conocidos en su asunción como Diputado cuando se validaron sus títulos en esta Cámara. Por otro lado, nada impide que la justicia prosiga con la investigación por los causas en las cuales se lo ha involucrado. Se manifiesta, asimismo, en la intención del oficialismo y sus aliados, una doble vara teniendo en cuenta que el Presidente de la Nación asumió  su mandato en medio de un procesamiento firme por la causa de las escuchas ilegales. Podríamos mencionar también las denuncias al Presidente Macri vinculadas con el accionar de empresas de su familia como el Correo Argentino, Avianca y la constructora IECSA, como así también el escándalo internacional de las cuentas offshore en el caso de los Panamá Papers.

Sin embargo, aquí la cuestión no es defender a una persona en particular sino a la Constitución Nacional y a la voluntad popular, es decir proteger la opinión del electorado. En ese sentido, se puede recordar el fallo de la Corte Suprema de 1893 a favor de Leandro N. Alem en ocasión de su detención, cuando menciona que “La Constitución no ha buscado garantir a los miembros del Congreso con una inmunidad que tenga objetos personales, ni por razones del individuo mismo a quien hace inmune. Son altos fines políticos los que se ha propuesto, y si ha considerado esencial esa inmunidad, es precisamente para asegurar no solo la independencia de los poderes públicos entre sí, sino la existencia misma de las autoridades creadas por la Constitución”. En otras palabras, de aprobarse la expulsión del Diputado se estaría violentando la voluntad popular.

Al mismo tiempo, sentaría un peligroso precedente para la democracia, ya que bajo la manipulación de un concepto amplio y susceptible de diversas interpretaciones como lo es la inhabilidad moral, una mayoría política legislativa podría expulsar a un miembro por cualquier motivo, incluso ideológico.

Los proyectos de Resolución que estamos tratando, Señor Presidente, se emparentan en procurar la exclusión de un legislador por la causal de inhabilidad moral que prevé el art. 66 de la Constitución, ahora cuando se los pretenden fundamentar, se recurre a diversas causas penales, que se encuentran en trámite y que son anteriores a la asunción del legislador. Es indudable, que no pueden concurrir duplicidad de causales, pues la inhabilidad moral del art. 66 no admite ir en conjunto con la del requerimiento de juicio criminal que prevé el art. 70. Son extremos bien distintos, aunque excepcionalmente puedan yuxtaponerse, pero no en este particular.

En un caso, el del art. 66, la inhabilidad reposa en comportamientos “sobrevinientes” a su incorporación, vector temporal que define de antemano la improcedencia de fundar tal “inhabilidad” en causas criminales en trámite cuyos hechos habrían acaecido antes de su incorporación. Para tal extremo existe la tipificación del art. 70.

Lo que queda claro entonces, es que pretenden en conjunto con los medios concentrados de comunicación instalar la agenda de la corrupción para así desprestigiar al anterior gobierno, y no debatir, ni tratar los problemas que está afrontando la ciudadanía con este plan económico. Pero además no tenemos que confundirnos, ya que acá se busca desprestigiar a la política misma como herramienta de transformación social, para disciplinar a la sociedad y que nadie más se atreva a enfrentar al poder real. Estamos en presencia de una alianza entre una parte del Poder Judicial, los medios concentrados de comunicación y un sector de la clase política, que incluso algunos sectores han explicitado, que busca excluir a una fuerza política del juego democrático.

Por las razones expuestas mi voto es en defensa de la Constitucional Nacional y la voluntad popular.




TRES PROYECTOS SOLICITAN LA RESTITUCIÓN DE LAS PENSIONES POR DISCAPACIDAD

“Desde la presidencia de la Comisión vamos a insistir para que dé las explicaciones necesarias, pero antes que nada para que restituya los derechos a cada uno de los beneficiarios. Esto tiene que ser inmediato”, expresó.

En este sentido se dictaminó “citar de forma urgente a la Ministra de Desarrollo Social de la Nación, Dra. Carolina Stanley, conforme el Artículo 71 de la Constitución Nacional y el Artículo 204 del Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, a fin de que brinde explicaciones verbales ante las Comisiones de Acción Social y Salud Pública y Discapacidad, sobre el recorte masivo de las pensiones no contributivas por invalidez destinadas a las personas con discapacidad”.19424282_1383590661736222_1802392186488241846_n

En dicho marco y sin la presencia de los diputados de Cambiemos que decidieron no dar quórum, se aprobaron una serie de proyectos en contra  de la medida que afecta a más de 170 mil personas con discapacidad de todo el país. Las iniciativas conjugan el trabajo y compromiso de 52 diputados de diferentes comisiones y bloques.

La primera se trata de un Proyecto de Declaración para “expresar repudio por las medidas adoptadas por el Ministerio de Desarrollo Social ante las decisiones unilaterales de suspender y dar de baja sin previo aviso,  ni  aplicación de procedimiento administrativo que garantice el derecho de defensa, a pensiones otorgadas a personas con discapacidad y expresar preocupación por la Aplicación del Decreto 432/97 en contraposición a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por la Ley 26.378 y con rango constitucional otorgado por la Ley 27.044”.

Junto a la Comisión de Presupuesto y Hacienda se aprobó un proyecto de Declaración por el cual solicita al Poder Ejecutivo Nacional adaptar el decreto 432/97 a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y en consecuencia “se abstengan de realizar actos o prácticas que sean incompatibles con lo estipulado en el artículo 4 de dicha Convención”.

Por último, se aprobó un pedido de Informe al Poder Ejecutivo respecto de la Aplicación del Decreto 432/97 que trajo como consecuencia la suspensión y baja de pensiones a personas con Discapacidad.




Ciampini participó de una audiencia por la baja de pensiones

El Diputado Nacional Alberto Ciampini participó como disertante en una audiencia sobre Discapacidad organizada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en la Cámara de Diputados. A la misma concurrieron cientos de personas con discapacidad y familiares afectados por el recorte de las pensiones dispuesto por el Gobierno Nacional en los últimos meses. En dicho marco compartieron sus historias y padecimientos, y reclamaron por la restitución del derecho.

19144180_1933955673517634_2835110136377399779_oEstuvieron presentes además los diputados Carlos Castagnetto, del Frente para la Victoria; Mirta Tundis, del Frente Renovador; Federico Masso, de Libres del Sur; Gabriela Troiano, del Partido Socialista; y también el delegado general de Pensiones de ATE, Walter Pignataro, entre otros referentes políticos y sociales.

Ciampini felicitó a los organizadores del encuentro y subrayó la necesidad de discutir la problemática sobre “ el rol del Estado” en relación a la temática de Discapacidad. Además para iniciar su disertación hizo referencia al polémico comunicado publicado el lunes por el Gobierno, titulado “Ustedes y Nosotros”, en el cual se deja entrever una clara visión asitencialista.

“Así planteó este gobierno el tema de Discapacidad – expresó el Diputado acerca de la solicitada del oficialismo – y tuvo una respuesta muy grande de la REDI. Lo que estamos discutiendo es qué política llevamos adelante: una política de inclusión como tuvimos los últimos 12 años, o una política de exclusión como las que estamos viendo hoy con estas bajas de pensiones”.

“Un Estado que busca estar ausente en las comisiones para que no salgan los temas importantes. En la Comisión de Discapacidad que presido hemos trabajado temas importantísimos, pero los tenemos frenados en la Comisión de Presupuesto hace más de ocho meses-  manifestó Ciampini –  con esta medida va a pasar lo mismo que con la ley de electrodependientes, que ante el impacto mediático y la defensa de todos los sectores tuvieron que retroceder y empezar a cumplir”.

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Asimismo el legislador relató que ante la ausencia de diputados del oficialismo en las comisiones y la falta de respuesta del Ejecutivo se decidió por unanimidad convocar a la Ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley para el miércoles 28 de Junio con el objetivo de que pueda “explicar fehacientemente por qué tomó esta decisión perjudicando a un montón de gente y excluyéndola del sistema”.




Informe del CEPA sobre las bajas en las pensiones por discapacidad

Según este informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) desde la asunción de Mauricio Macri se han producido más de 83.000 suspensiones y bajas tanto en lo referido a pensiones por invalidez como a las madres de más de 7 hijos y a partir de abril del 2017, las nuevas pensiones por vejez y las ya existentes son derivadas para su inicio al ANSES,en Pensión Universal para el Adulto Mayor.

La mecánica de implementación de estas bajas es sin aviso ya que de un momento para otro los titulares se encuentran que no pueden cobrar su pensión cuando se dirigen a un cajero o en la ventanilla del banco.

Las causas aducidas son el Patrimonio de la persona con discapacidad (en su mayoría se trata de titulares con Automóviles especiales); son titulares de derecho cuyo cónyuge ha recibido algún beneficio previsional; ingresos propios por empleo; o el beneficiario no alcanza el porcentaje de discapacidad para el acceso al beneficio previsional (76%), por lo que no lo recibe.

Este tipo de requisitos comenzaron a aplicarse por el decreto reglamentario N° 432 de 1997 para dar de baja las pensiones no contributivas a las personas con discapacidad, y lo que exige probar es que estas personas beneficiarias están en condiciones de indigencia.

“Sin embargo, los titulares de pensiones por discapacidad no necesariamente se equiparan a personas indigentes y al aplicársele exigencias como la no titularidad de auto, la inexistencia de algún beneficio de su cónyuge, entre otros, se los deja sin el beneficio”.

 Aquí pueden descargar el INFORME completo.