Categoría: Actividades Parlamentarias

Ciampini y Martinez van por la recuperación de la «Torre de Periodistas»

El 24 de Marzo de 1976  personal del Ejército Argentino irrumpió en el Edificio Torre de Periodistas I secuestrando documentación, desplazando a las autoridades de la cooperativa e imponiendo como interventor a un integrante de dicha fuerza.

Fue  el primer edificio en torre que se construyó en la ciudad de Neuquén, que tal como reza la señalización colocada en su frente en el marco de la ley 26.691: “La cooperativa de  Vivienda del Periodista limitada de Neuquén, (que tenía su sede en este edificio)  fue intervenida durante la última dictadura cívico –militar, en el marco de las intervenciones que realizo la Junta Militar en todos los sindicatos y confederaciones obreras.

Posteriormente y mediante una venta simulada, al menos 21 departamentos fueron repartidos entre el Ejército Argentino, la Gendarmería Nacional y la Policía Federal, el sector del edificio destinado al funcionamiento de un Centro Cultural Comunitario fue eliminado y en su lugar se construyeron cocheras y locales comerciales

Estos hechos se produjeron  en un contexto de persecución política e ideológica  a periodistas y medios de prensa y, en particular, a miembros fundadores de la cooperativa. Algunos de ellos fueron desplazados de sus funciones, otros debieron exiliarse y otros fueron detenidos, secuestrados y sometidos  a torturas en centros clandestinos de detención.



Ciampini solicita al Ejecutivo que otorgue presupuesto a la UNCo

El diputado Alberto Ciampini presentó un proyecto de resolución en el que se le exige al Poder Ejecutivo Nacional, en cabeza de Mauricio Macri, que disponga las partidas presupuestarias necesarias para garantizar el normal funcionamiento de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo)

La Universidad atraviesa un ahogo presupuestario producto a una crisis presupuestaria y una alta deuda por parte de la Secretaría de Políticas Universitarias Nacional con la casa de altos estudios. El proyecto, acompañado por los diputados nacionales Dario Martinez de Neuquen y Martin Doñate de Rio Negro, exige que se cumpla con el envío de fondos para la Universidad.



#UnMillónDeFirmas por la reforma previsional

Despues de más de cinco meses de trabajo, se presentaron en el congreso más de un millón de firmas para pedir la derogacion de la reforma previsional sancionada en diciembre del año pasado en el marco de una violenta represión desatada en cercanias del palacio legislativo.

Las firmas fueron recolectadas en casi 3800 puntos ubicados en diferentes provincias del país entre las cuales Neuquen tuvo una importante participación. El diputado Ciampini felicito a todos los que trabajaron por la iniciativa y se sumó al compromiso contraido por el bloque del Frente para la Victoria de iniciar los procesos legislarivos para pedir la derogación de la perjudicial reforma previsional. El diputado recordó queesa reforma no solo significó un ajuste a los jubilados, sino que afecta a pensionados, beneficiarios de asignaciones, ex combatientes de Malvinas y a todos los trabajadores activos y fututos jubilados.

 



El director de Agencia Nacional de Discapacidad no concurrió al Congreso

El director de la Agencia Nacional de Discapacidad, Javier Ureta Sáenz Peña, no se presentó a la citación efectuada por la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados. Tampoco asistieron los diputados del oficialismo, que dejaron sin quorum la Comisión de Discapacidad. 

 El diputado Alberto Ciampini, presidente de la Comisión de Discapacidad convocó a Javier Ureta Sáenz Peña, director de la ANADIS (Agencia Nacional de Discapacidad) para transmitirle las preocupaciones expresadas por el conjunto de asociaciones perjudicadas por las medidas de ajuste implementadas por el gobierno nacional.

A lo largo del año se realizaron distintas reuniones promovidas por la Comisión con trabajadores, pensionados, y agrupaciones de y para personas con discapacidad. “En cada una de los encuentros escuchamos todas las voces, y la convocatoria al funcionario tenía el objetivo de expresarle de forma institucional todos los reclamos y las preocupaciones que nos vienen comunicando y que vamos observando” sostuvo Ciampini.

“Continuando con la línea de distintos funcionarios del ejecutivo de no concurrir a las citaciones de la Comisión, Ureta Sáenz Peña ni siquiera respondió a la convocatoria, no asistió al parlamento, y por ende negó así la posibilidad de brindar explicaciones a la sociedad”, expresó el Diputado.

Los diputados de la oposición esperaron los minutos reglamentarios, pero Ureta no asistió. Desde la llegada de Cambiemos al gobierno se dieron de baja 170.000 pensiones, y otra enorme cantidad se encuentran rechazadas en su último proceso de autorización. “Con la creación de la Agencia Nacional de Discapacidad, se procedió a un recorte indiscriminado y a una serie de despidos que continúan sin resolución”.

Ciampini recordó que “la Comisión continúa por tercer año consecutivo con la intención de convertir en Ley el Proyecto integral de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, modificando la lógica asistencialista de la ley 22.431 por una que contenga los principios de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que incluyen la autodeterminación, los sistemas de apoyo y derribar las barreras que obstaculizan la igualdad de oportunidades”.



Despidos, recorte y ajuste en la Agencia Nacional de Discapacidad

El diputado nacional y presidente de la comisión de discapacidad, Alberto Ciampini, se reunió en el Bloque del Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados con los trabajadores despedidos del INTI y de la Agencia Nacional de Discapacidad.

Del encuentro participaron el presidente del bloque en la cámara de Diputados,  Agustin Rossi, y los legisladores, Leopoldo Moreau, Lucila Massini, Pablo Carro, Luis Basterra y Cristina Brítez.

Los  trabajaadores denunciaron que continua el ajuste a los sectores más vulnerables, y que el  poder ejecutivo continúa con la quita de pensiones y el congelamiento y posterior rechazo de nuevas pensiones por discapacidad.

En las ultimas semanas, segun denunciaron, «han despedido trabajadores con más de 15 años de antigüedad, sin argumento alguno».«Hay 100 mil nuevas pensiones que ya habían sido otorgadas, paralizadas y en proceso de rechazo».

El diputado neuquino expreso que «las puertas de este bloque y de nuestra comisión están y estarán abiertas». Al tiempo que sostuvo que «vamos a seguir luchando y presipresio por la reincorporación de los puestos laborales, por la restitirest de las pensiones y para evitar, que este gobierno de empresarios le siga complicando l vida a la gente».

 



Prestación para hijas e hijos de familias afectadas por femicidios

En el año 1990 Argentina suscribió a la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Posteriormente incorporo dicho Tratado a nuestra Constitución Nacional en su artículo 75 inciso 22.

Ello implicó una cambio de paradigmas cambiando el sostén ideológico de las políticas para la niñez, dejando atrás para siempre el modelo de patronato que rigió en el país durante un siglo, como política social de atención a la población infantil, que dio lugar a la institucionalización de la niñez, fundamentalmente a los sectores más humildes de nuestra sociedad.

Desde el congreso, se sancionó la Ley Nº 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes produciendo un cambio significativo en materia de políticas de protección a la infancia y adolescencia.

El derecho de las niñas, niños y adolescentes a crecer y desarrollarse en su familia de origen forma parte del derecho a la Identidad. Las políticas públicas de niñez y adolescencia se elaborarán de acuerdo, entre otras pautas, al fortalecimiento del rol de la familia, obligando al Estado a establecer políticas, programas y asistencia apropiados para que la familia pueda asumir adecuadamente su responsabilidad.

Dichas normas comprometen al Estado Argentino ante la violencia de género a proporcionar servicios de orientación para toda la familia, así como cuidados y custodia de las niñas, niños y adolescentes afectados, y el deber de atender la múltiple vulnerabilidad a la violencia de género que padecen los menores de edad, ancianas, en situación socioeconómica desfavorable, afectadas por conflictos armados, de privación de su libertad o en razón de su orientación sexual, expresión o identidad de género.

Por ley N° 23.179 hemos aprobado la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y por la ley N° 24.632, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la mujer.

En virtud de ello, presenté en noviembre del año 2016, un proyecto para atender la situación de aquellos niños también víctimas de esta horrible realidad, que no solo se quedan sin la contención y afecto de uno de sus progenitores por muerte, sino que en la generalidad de los casos sin la asistencia del otro por privación de la libertad o suicidio. Si bien una prestación de tipo económica no resuelve la situación de niños que han padecido esta cruel vulneración en sus derechos, intenta mitigar su dolor, favoreciendo su crecimiento en el ámbito familiar, que también en la mayor parte de los casos se encuentra en serias dificultades de afrontar materialmente la crianza de los niños que han quedado huérfanos.

En el proyecto de Ley 7738-D-2016, propuse financiar esta medida con recursos de la ley N 22.359 que crea el Fondo Nacional del Menor y la Familia con los objetivos de otorgar becas y subsidios para ayuda de personas cuya protección y asistencia compete a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y financiar programas proteccionales.

En mayo de 2017, ingresó a la cámara de Diputados el proyecto de Ley conocido como «Ley Brisa», que en el mismo sentido, propone crear un régimen de reparación económica y de cobertura de salud para niñas, niños y adolescentes, hijxs de víctimas de femicidio. Renovaremos nuestro pedido ante las autoridades del parlamento, y abogaremos también por el tratamiento del proyecto que ya cuenta con media sanción del Senado.  Debido a que ninguno fue tratado en las comisiones correspondientes, dilatando así la puesta en vigencia de estas leyes que buscan mitigar el asedio que día a día vivencian niños y niñas de nuestro país.