Categoría: Proyectos trabajados

Dos proyectos contra las políticas de Salud del Gobierno Nacional

En el marco de un proceso de ajuste llevado adelante por el Gobierno Nacional se han puesto en marcha una batería de medidas que ponen en riesgo la salud de los argentinos. El diputado Nacional Alberto Ciampini presentó dos proyectos que cuestionan dichas medidas y exigen una respuesta a la ciudadanía. 

El primero se trata de un Pedido de Informe dirigido al Poder Ejecutivo Nacional para que se precise acerca de la disposición  del Ministerio Salud, por la cual se modifica el “Régimen de Buena Práctica Clínica para Estudios de Farmacología Clínica” y autoriza a la Administración Nacional de Medicamentos y Tecnologías Afines (ANMAT) a reducir los plazos de evaluación de los experimentos médicos de 70 días, teniendo en cuenta que vencidos esos plazos su aprobación será  automática.

La ANMAT es un organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional  que colabora en la protección de la salud humana, garantizando que los medicamentos, alimentos y dispositivos médicos posean eficacia, seguridad y calidad. Para ello, se encarga de llevar adelante los procesos de autorización, registro, normatización, vigilancia y fiscalización de los productos de su competencia en todo el territorio nacional. La ANMAT depende técnica y científicamente de las normas y directivas que le imparte la Secretaria de Políticas, Regulación e Institutos del Ministerio de Salud, con un régimen de autarquía económica y financiera. En 2011, fue distinguida como “Autoridad Reguladora de Referencia Regional para Medicamentos” por la Organización Panamericana de la Salud (OPS).  

Asimismo el Régimen de Buenas Prácticas de Investigación en Estudios de Farmacología Clínica tiene el objetivo sustantivo de garantizar el máximo cumplimiento de las reglas establecidas, tanto nacionales, como internacionales, en materia de normas y valores éticos y jurídicos. 

La investigación en Farmacología Clínica resulta necesaria para obtener evidencia científica sólida que permita mejorar la calidad de la atención de la salud de la población y, por lo tanto, el desarrollo de la investigación clínica en general debe respetar los derechos y libertades esenciales que son inherentes a la naturaleza humana. En tal sentido en toda investigación clínica debe salvaguardarse la dignidad de las personas intervinientes, asegurando sus derechos personalísimos, en especial, el respeto de su autonomía, su integridad física, psíquica y moral. “Esta decisión que acelera los tiempos de investigación  puede poner en riesgo la salud de los argentinos y por lo tanto debería pasar  para su consideración por las Comisiones de Salud de las Cámara de Diputados y de Senadores del Congreso de  la Nación”, sugiere en el diputado en el proyecto. 

En los ensayos clínicos, las pruebas pueden ser para drogas nuevas o medicamentos registrados en otro país que se desea comercializar en la Argentina. En todo el proceso, donde deben cumplirse protocolos, suelen requerir la participación voluntaria de personas para el “testeo”, que en general llegan recomendadas por médicos que pueden recibir hasta 150 mil pesos por parte de los laboratorios, a través de sus equipos de investigación locales. La Dirección de Registro y Evaluación de Medicamentos, es la encargada  de evaluar   los protocolos de investigación   y realiza entre 140 y 160 ensayos clínicos por año con una dotación de 8 evaluadores. Ahora deberán hacer su trabajo en la mitad del tiempo promedio actual.

El cambio en los plazos fue anunciado por el propio presidente Macri, el 18 de abril, cuando presentó en la Casa Rosada el “Compromiso Federal para la Modernización del Estado”. En su anuncio afirmó  que la decisión fue tomada tras el pedido de los empresarios del sector, y que la Aduana se comprometió a “simplificar” el trámite de importación de equipos y fármacos. En ningún momento de su discurso mencionó alguna ventaja para los standares de  eficacia y  de seguridad de dichas evaluaciones.

Esta novedad generó preocupación en especialistas en bioética, que creen que los cambios pondrán “en riesgo” a un sector de la población. El Dr. Juan Carlos Tealdi, Médico y Director del programa de Bioética del Hospital de Clínicas, definió estas medidas como una modificación que implica “más riesgos y menos protección para las personas”. Para Claudio Capuano, de la cátedra libre de Salud y Derechos Humanos de la UBA, desde el punto de vista de la bioética “se podría estar poniendo en riesgo a un sector de la población”. Además, Capuano apuntó al que considera “el punto más crítico” de la reforma: la aprobación inmediata si son superados los 70 días hábiles. La excusa de esta medida es la generación de inversiones y empleo en el sector farmacéutico, para lo cual también se facilitarán los trámites de importación de elementos necesarios para estas investigaciones y ensayos. 

Por su parte, Nicolás Kreplak, presidente de la Fundación Soberanía Sanitaria y ex viceministro de Salud, explicó que no existen plazos para la aprobación de los ensayos clínicos, dado que “no todos los estudios son similares”, y que lo anunciado “pone en riesgo la integridad de quienes participan en la investigación y va en contra de los principios éticos para la experimentación con personas, expuestos en la Declaración de Helsinki, delegando la responsabilidad de control del Estado a la industria farmacéutica, principal interesada en que el medicamento se apruebe, entregando nuestra soberanía nacional”. 

El segundo Proyecto presentado por Ciampini expresa “preocupación y repudio por los recortes presupuestarios que realizó el  Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), más conocido como PAMI,  modificando el modelo de pago a prestadores y reduciendo los montos por prácticas a tal punto que no permitirían cubrir los propios gastos que conllevan. Esto redunda en la disminución de la oferta de servicios así como en subprestaciones, implicando nuevas barreras para las personas en el acceso a los servicios de salud. Estas modificaciones se suman a las restricciones en la cobertura de medicamentos y tratamientos.

Desde PAMI manifiestan que el cambio se realizó a fin de simplificar los procesos, aportar mayor previsibilidad en los ingresos de los profesionales y obtener un mejor control financiero de las erogaciones para brindar una mejor “calidad” de servicios a los afiliados. Efectivamente, cuando este tipo de reestructuración es realizada garantizando el acceso y la calidad del servicio prestado, se puede hablar de una mejora en la eficiencia del sistema. Pero cuando no logra sostener estos dos parámetros (calidad y acceso), no son más que recortes presupuestarios (ajustes) que afectan directamente la salud y calidad de vida de la población. 

A partir de la resolución 395/17 publicada el 5 de abril de 2017, los montos fijados por el organismo para la cápita están, en muchos casos, por debajo de los costos que los proveedores tienen que afrontar para garantizar la prestación. De esta forma se estimula una disminución de los prestadores disponibles y de los servicios que brindan, ya que muchos de ellos no podrán solventar los servicios brindados sin que el valor de costo esté, como mínimo, cubierto. Además, los prestadores que permanecen en la cartilla terminan desarrollando estrategias que llevan a la reducción de prestaciones de servicios: la restricción de horarios de atención, la implementación de atención con turno donde antes era libre demanda y el recorte de algunas prestaciones brindadas como radiografías, ecografías y análisis de laboratorio.

Las consecuencias que estos cambios acarrean para los afiliados de PAMI son la disminución del acceso y de la calidad de los servicios. Esto se ve reflejado en la dificultad en la obtención de turnos, el desgaste de los pacientes y el aumento de gasto de bolsillo en el sector privado.

Pero éstos no son los únicos cambios que perjudican a los jubilados y jubiladas. Mediante la Disposición Conjunta 0005-17,3 el PAMI ha condicionado la cobertura del 100% en medicamentos restringiéndola a quienes cobren menos de un haber y medio ($ 8.500), no posean más de un inmueble, ni un vehículo con menos de 10 años de antigüedad y no estén afiliados a una empresa de medicina prepaga. Según estimaciones del Defensor de la Tercera Edad, este recorte lo están sufriendo 1,6 millones de jubilados y jubiladas. También se redujo la cobertura máxima de diez medicamentos a cuatro, lo cual redunda en un aumento del gasto de bolsillo de la población de adultos mayores y/o en la suspensión de los tratamientos con el consecuente perjuicio para su salud. 

Durante los últimos años, gracias a las políticas públicas de acceso a medicamentos, se había logrado reducir la incidencia del gasto de bolsillo en medicamentos de un 65% a un 52%, de 2003 a 2010. El ajuste realizado en el PAMI, junto con el recorte del programa REMEDIAR, vuelve a poner a las poblaciones más vulneradas en situación de riesgo por no poder acceder a los medicamentos que necesitan. Una vez más también, la beneficiada con esta medida será la industria farmacéutica.



CIAMPINI PRESENTÓ UN PROYECTO QUE PROPONE LA INEMBARGABILIDAD DE PARQUES NACIONALES

El diputado Nacional Alberto Ciampini presentó un Proyecto de modificación de la Ley 22.351 de Parques Nacionales que propone excluir a las tierras fiscales existentes en estos espacios “de cualquier régimen de garantía, operación, transacción, avenencia, trato o arreglo financiero internacional, nacional, municipal o de cualquier índole, que pusiera en riesgo el dominio público nacional”. Asimismo la iniciativa declara “la inembargabilidad de las tierras fiscales existentes en los Parques Nacionales y Monumentos Naturales, que no podrán ser transferido bajo ningún título sea gratuito u oneroso”.

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Luego de la emisión de los decretos 29 y 231 de 2017 el Presidente Mauricio Macri habilitó la posibilidad de que los recursos naturales y riquezas naturales estratégicas quedaran fuera de la protección de inmunidad soberana contemplada en las emisiones de deuda externa. Esto permitiría, en caso de una futura disputa legal con acreedores exteriores, su embargo y ejecución.

Ante esta decisión y la posibilidad de que cualquier gobierno en el futuro pueda tomar deuda pública, poniendo cómo garantía los recursos naturales se considera “una obligación moral y ética el resguardo y cuidado de nuestros Recursos Naturales”. Más aún teniendo en cuenta que la Ley correspondiente expresa que las Provincias han cedido dichos Recursos a Nación con buena fe y con el criterio de “conservar en su estado natural, que sean representativas de una región fitozoogeográfica y tengan gran atractivo en bellezas escénicas o interés científico, las que serán mantenidas sin otras alteraciones que las necesarias para asegurar su control, la atención del visitante”.

“No es sencillo batallar ante los grandes intereses financieros y políticos que buscan adueñarse de nuestros recursos, escasos en otras regiones del mundo – sostiene en los fundamentos Ciampini- por medio de artilugios, fraudes y estafas que, muchas veces cuentan con la complicidad de los gobiernos débiles locales”.

Justamente el proyecto busca fortalecer el andamiaje legal de la Argentina con el fin de garantizar la integridad de una de sus mayores riquezas: los Parques Nacionales y las Áreas Protegidas. “Con el objeto de resguardar nuestros Recursos Naturales, también garantizamos a las Provincias el noble fin que sus tierras serán protegidas y defendidas y no serán provecho de las especulaciones financieras que pudieran comprometerlas”.

 



Más datos que demuestran la “estafa electoral”

A través del Monitor del Clima Social (MCS), un estudio realizado en abril de 2017 con el objetivo de medir la situación social en AMBA, se dieron a conocer preocupantes indicadores sobre la inseguridad social. El diputado Nacional Alberto Ciampini presentó un Proyecto de Declaración expresando su preocupación por la información revelada.

Se trata de un estudio realizado por el Centro de Estudios Metropolitanos (CEM), un espacio interuniversitario conformado por la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, la Universidad Nacional Arturo Jauretche, y la Universidad Nacional de Hurlingham. Su objetivo es analizar el desarrollo metropolitano con una fuerte impronta interdisciplinaria. Los indicadores que se evalúan de inseguridades son económica, alimenticia, laboral, sanitaria, habitacional, educativa y transporte.

En lo que respecta a la Situación Laboral, el informe muestra que el 38% de los entrevistados afirma que él o alguien de su grupo familiar perdió el trabajo en el último año, y el 57% afirma que el sueldo no alcanza, dato que resulta relevante si se tiene en cuenta que hace cuatro meses se trataba del 45% de los entrevistados.

La Situación Alimentaria también muestra signos preocupantes: el 43% de los entrevistados afirmaron haber disminuido la porción de comida debido a problemas económicos. El 35% ha dejado de comprar carnes con frecuencia, y el 22% de los entrevistados afirma haber tenido hambre alguna vez en los últimos 12 meses.

En comparación a 2016 el 51% de los entrevistados considera que su situación económica personal es peor o mucho peor, y el 70% de los entrevistados ha limitado la cantidad de productos que compra.

La investigación fue realizada por el Centro de Estudios Metropolitanos (CEM), un espacio interuniversitario conformado por la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, la Universidad Nacional Arturo Jauretche, y la Universidad Nacional de Hurlíingham y cuenta con los criterios metodológicos y profesionales idóneos.

A partir de los resultados obtenidos se hace evidente cómo ha empeorado la situación económica y social de los trabajadores, y la estafa electoral llevada adelante por un gobierno que entre sus ejes de campaña tuvo a la “pobreza cero” como su principal objetivo.

En este sentido  los datos aportados resultan significativos y deben ser tenidos en cuenta por el Presidente y su gabinete a la hora de evaluar la política económica e implementación de políticas públicas adecuadas que permitan afrontar esta situación social. 

Aquí se puede acceder al informe completo.



Ciampini presentó un proyecto en repudio al 2×1 que favorece a genocidas

El diputado Nacional Alberto Ciampini presentó un proyecto de Declaración a través del cual expresa su apoyo a las organizaciones de Derechos Humanos, y manifiesta su repudio ante la decisión de la  Suprema Corte de Justicia de la Nación de equiparar los delitos de lesa humanidad del terrorismo de Estado cívico-militar con los delitos comunes, al considerar  aplicable la Ley 24.390 conocida como 2×1.

En sus fundamentos Ciampini explica que fueron los dos nuevos jueces de la Corte Suprema  Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti,  que justificaron en su momento sus designaciones por un Decreto Presidencial,  junto a la jueza Elena Highton  de Nolasco” quienes votaron por equiparar al terrorismo de Estado con los delitos comunes. Dicha decisión basada en la ley  “más benigna”, sancionada en 1994 y posteriormente derogada en el 2001, permitía computar doble, a partir del segundo año de detención, los días que pasaron los detenidos sin sentencia firme.

Ciampini resalta la contradicción que surge en los argumentos esgrimidos  por estos tres jueces quienes mencionaron al precedente “Arce” (Fallos 331:472), donde se decidió  “que a los efectos de la aplicación de la ley penal más benigna lo que importa es que el delito se hubiera cometido durante su vigencia”, siendo irrelevante que el imputado hubiera estado detenido o no durante dicho lapso. Cabe recordar que los delitos de lesa humanidad en cuestión se cometieron durante la última dictadura cívico- militar que finalizó en 1983.

Asimismo rescata la disidencia de los jueces Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, quienes señalaron “que el principio de la ley penal más benigna tiene rango constitucional, y requiere la evaluación de si la ley posterior al hecho es la expresión de un cambio en la valoración de la clase de delito correspondiente a los hechos de la causa, lo que no ha ocurrido en el caso”.

” Es llamativa la decisión de estos tres jueces de la Suprema Corte de Justicia de la Nación si consideramos que las hacen  en el marco de un gobierno nacional que está integrado por un Presidente y funcionarios que en varias oportunidades han intentado  desprestigiar a los organismos de derechos humanos”, expresa Ciampini en los fundamentos del proyecto.

“Como legisladores y ciudadanos debemos ser respetuosos de las instituciones y de los principios que caracterizan el Estado de Derecho, pero cómo debemos  reaccionar cuando algunos integrantes de esas instituciones, abusan del poder que les confiere la ciudadanía o ignoran la búsqueda de justicia, verdad y memoria desde hace 40 años sin la colaboración ni  el arrepentimiento  de los genocidas  y que lo único que hicieron, fue guardar silencio y obstruir y dilatar las investigaciones años tras años”, sostiene.

“Como legisladores no podemos quedarnos callados. Debemos fijar nuestra posición si queremos ser coherentes con nuestro pensamiento. Tenemos la obligación de entender  y acompañar  a las madres, abuelas e hijos víctimas del terrorismo de estado de la última dictadura cívico militar que   en forma pacífica  y firme  buscan  JUSTICIA y que fueron un factor fundamental en la recuperación de la democracia”, concluye.



Proyecto de Ley de creación del Instituto Nacional de la Pera y la Manzana

El diputado Ciampini junto a los diputados María Emilia Soria y Luis Bardeggia, de Río Negro, impulsaron en el marco de la Comisión de Economías Regionales de la HCDN, el Proyecto de creación del Instituto Nacional de la Pera y la Manzana (INPM) que finalmente fue aprobado el jueves 17 de octubre.

El espíritu de la Ley nace de la necesidad de crear un organismo que concentre la problemática y contribuya a generar una modificación estructural en el sector que se encuentra en una situación límite.

Dicho ente tendrá jurisdicción en todo el territorio de la República Argentina y su sede central estará ubicada en la ciudad rionegrina de Allen. Los objetivos serán promover, fomentar y fortalecer el desarrollo de la producción, elaboración, industrialización, comercialización, y consumo de las peras y manzanas, a través de acciones como el mejoramiento de la competitividad del sector, la promoción del desarrollo de los productores y el mercado interno, la generación de mecanismo de transparencia comercial, la promoción del valor agregado, el impulso de la exportación con precios sustentables, y el incentivo al modelo de gestión asociativa.

El proyecto además prevé la creación del Observatorio de la Marcha de la Actividad de la Pera y la Manzana, cuyo objetivo es organizar y mantener actualizada la información sobre el sector, monitorear los índices de la actividad, y prevenir los conflictos entre el abastecimiento interno y los compromisos comerciales internacionales.

Luego del dictamen favorable en 2017 pasará a las comisiones de Agricultura y ganadería, y Presupuesto y Hacienda.

Aquí pueden descargar el Proyecto.



Se concretó un gran paso para la nueva Ley de Discapacidad

En el marco de la Comisión de Discapacidad de la HCDN, que preside el Diputado Nacional Alberto Ciampini, se aprobó el miércoles 16 de noviembre, con gran apoyo de los integrantes, el Proyecto de Ley Marco de Discapacidad denominado “Sistema de Promoción Integral de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad”, que modifica la Ley 22.431 del año 81. El tramite parlamentario continuará el año próximo en la Comisión de Presupuesto y Haciendo. En caso de ser aprobado en dicha instancia pasará a votación en el recinto.

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El proyecto, que se trata de una iniciativa de Ciampini, fue discutido en múltiples encuentros y enriquecido por los aportes de las diferentes organizaciones que participaron,  comentaron el anteproyecto y aportaron otros puntos de vista.  La experiencia de las organizaciones de la sociedad civil fue fundamental para construir una ley integral de protección de las personas con discapacidad.

Lo innovador del  mismo es que plantea la problemática desde el paradigma de los Derechos Humanos en consonancia con la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. En su artículo primero señala que el objetivo del proyecto es  “Promover, Proteger  y Asegurar” el ejercicio y disfrute efectivo, permanente y en condiciones de igualdad de todos los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales para todas las personas con discapacidad, que se encuentren en el territorio nacional.

Entre sus principios generales se destacan el respeto a la dignidad inherente y autonomía individual de las personas; la no discriminación;  la participación e inclusión plena y efectiva en la sociedad; el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humana;  la accesibilidad universal; la igualdad de género y el respeto a la identidad de género; el respeto a la evolución de las facultades de los niños y niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad; la visibilidad social, en la asignación de los beneficios de las políticas públicas, que asegure a las personas con discapacidad la información adecuada, oportunidad y acceso cuando se trata de planes, programas, proyectos y acciones destinados a la sociedad en general; y la intangibilidad de los recursos públicos asignados por Ley de Presupuesto a programas específicos.