Categoría: Proyectos trabajados

Preocupación por acciones de defensa británica en las Islas Malvinas

El diputado Alberto Ciampini presentó un proyecto de Resolución donde expresa preocupación por la compra, por parte del Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña, de un nuevo escudo  antimisiles con el objetivo de proteger el territorio ocupado en las islas del Atlántico Sur.

La adquisición del Ministerio de Defensa del Reino Unido, que forma parte de un paquete de modernización de sus fuerzas armadas y fortalecerá las defensas en todo el territorio del Atlántico Sur, se trata del “Sky Sabre system” que utiliza la tecnología de defensa aérea móvil Iron Dome y es capaz de interceptar cohetes de corto alcance y proyectiles de artillería. Al respecto el diario británico Daily Mail publicó el 22 de noviembre de 2017: “los jefes de defensa británicos compraron un escudo antimisiles para proteger las Islas Malvinas mientras Argentina refuerza su fuerza aérea”.

La tecnología detrás de Iron Dome fue generada por Mprest, una compañía creada por antiguos oficiales militares de Israel. Natan Barak, director ejecutivo de la misma, dijo que el trabajo principal del sistema en las Islas Malvinas será el de “coordinar las defensas aéreas y realizar un seguimiento de los aviones”.  “Hay tantos cambios geopolíticos en el mundo. Realmente no sabes lo que va a pasar en los próximos tres años, el conflicto y las amenazas están cambiando”. “Queremos asegurarnos de que nuestra plataforma sea capaz de hacer frente a la próxima guerra en la que no hemos pensado”, sostuvo.

Dicha acción incurre en el incumplimiento de la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que insta a resolver mediante el diálogo y la vía pacifica el proceso de descolonización de nuestro territorio. Dicha Resolución en su punto 4° pide a ambas naciones que se abstengan de realizar acciones unilaterales que modifiquen la situación actual.

 




DIPUTADOS DEL FPV-PJ SE COMPROMETIERON A INTENTAR ANULAR UN DNU QUE AFECTA LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

os diputados nacionales Marcos Cleri, presidente de la bicameral de Trámite Legislativo; Alberto Ciampini, presidente de la comisión de Discapacidad; y las diputadas Diana Conti y Lucila Masin, recibieron hoy a representantes de las secretarías de discapacidad de ATE Capital y ATE Congreso, quienes expresaron su preocupación por el DNU 698/17, que eliminó organismos y comisiones que defendían los derechos de las personas con discapacidad.

También expresaron su inquietud por las bajas que se han producido en los cupos para personas con discapacidad en el transporte público y por la caída en los cupos que la ley exige a los organismos públicos, así como ante las bajas en pensiones para personas con discapacidad.

Los legisladores -que hoy en la comisión de Discapacidad de la Cámara elaboraron un documento denunciando esta situación- se comprometieron a realizar el martes 26 a las 15 una reunión con todas las organizaciones que defienden los derechos de las personas con discapacidad, y a trabajar para sumar las voluntades que permitan rechazar el DNU en la bicameral de Trámite Legislativo.



PROPUESTA POR UN NUEVO DERECHO PARA LOS PACIENTES

Teniendo en cuenta la coyuntura y el deterioro en la calidad de los servicios y la atención médica he presentado un Proyecto de Ley que propone establecer un tiempo máximo de espera en el otorgamiento de turnos del área de salud a fin de instaurar un nuevo derecho del paciente que no discrimina el ámbito público del privado.

El Proyecto parte de la idea esencial que la salud es un derecho básico, inalienable e impostergable, que debe ser tutelado por el Estado. La propuesta persigue el objetivo de asegurar a los ciudadanos la protección de la salud, garantizando la equidad y los derechos que les corresponden a los pacientes, llenando así los vacíos legislativos existentes en la materia.

Las demoras excesivas en el otorgamiento de turnos al paciente pueden devenir en un error asistencial que tiene consecuencias graves para la persona y su familia. Puede generar un coste muy elevado, erosiona la confianza del paciente en el sistema, y daña a las instituciones y al profesional sanitario que es, sin duda, su segunda víctima. En este sentido resulta sumamente necesario establecer un tiempo máximo de espera en el otorgamiento de turnos con el objetivo de brindar una buena cobertura y asistencia para aquellos ciudadanos que lo requieran.


Con este fin, los servicios de salud proveerán al ciudadano que requiera cuidado sanitario las alternativas que consideren más apropiadas para la efectiva realización de la atención garantizada. Este compromiso adquirido por el servicio de salud supone atender, a las personas que lo soliciten, con las adecuadas condiciones de calidad, dentro del tiempo máximo de acceso establecido y así evitar las largas esperas y las postergaciones vulnerando el derecho de las personas a una atención eficaz y responsable.

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EL PLAN NACIONAL DE DISCAPACIDAD ES UNA INCÓGNITA PARA EL PROPIO GOBIERNO

En la Comisión de Discapacidad de la HCDN, la cual presido, recibimos al Presidente de la CONADIS Javier Ureta Sáenz Peña quien había solicitado la posibilidad de reunirse conmigo para trabajar un proyecto específico. En ese marco le propuse participar directamente de la reunión de comisión de modo que estuvieran presentes todos los diputados de los diferentes bloques que la integran con el fin de que provea información sobre la temática en general.

Luego del tratamiento ordinario de varios proyectos que habían sido discutidos previamente, se logró el quorum y la firma de los mismos, y se le otorgó la palabra a Ureta. En su disertación reconoció el “error” que representó la quita de Pensiones para las personas con Discapacidad pero a la hora de las consultas dijo no tener las herramientas para responder sobre la cuestión, lo cual contradice la imagen de Equipo y trabajo mancomunado que pretende dar Mauricio Macri. Además no habla de pensiones o derechos, sino de apoyos caso por caso, y defendió la aplicación de un criterio meramente administrativo basado en nomenclaturas cerradas de cada discapacidad para otorgar desde allí un monto específico.

En relación al Plan Nacional de Discapacidad, que había sido presentado en los medios de comunicación por la vicepresidenta de la Nación Gabriela Michetti, manifestó que hasta el día de la fecha no existe nada concreto, y que recién para fin de año se trazarían las rutas y coordenada sobre las cuales se desarrollaría. Desde la Comisión observamos con asombro como el Presidente de la CONADIS en reiteradas oportunidades pidió disculpas por no contar con las herramientas necesarias para constituir el tan promocionado Plan. Preocupa que el organismo que debe defender los derechos de las personas con discapacidad ignore de tal forma sus propias responsabilidades como poder ejecutivo.

Asimismo escuchamos al Presidente quejarse por la carencia de un ordenamiento legal para sostener el Plan Nacional de Discapacidad. Digo sorpresa pues durante los últimos doce años se han dictado leyes y normas generales, y decretos particulares que llevaron a la máxima expresión las políticas respecto de las personas con discapacidad, tanto en reconocimiento de derechos como en prestaciones concretas.

También Ureta pretendió ignorar el trabajo legislativo, en particular el de la Comisión, y expresó en varias oportunidades la voluntad de generar regulaciones que fueron ya promulgadas desde esta Honorable Cámara. De esta manera observamos que expresa los mismos lineamientos que viene llevando a cabo el Ejecutivo Nacional en cuanto a desconocer la labor del parlamento, paralizando la promulgación de leyes, pretendiendo gobernar a través de decretos y resoluciones. Sobre todo cuando desde la Comisión se ha trabajado junto a organizaciones de la sociedad civil y la propia CONADIS en un Proyecto de Ley Integral sobre los DDHH de las personas con discapacidad.

La posición política oficial invierte la mirada de una problemática que es esencialmente colectiva y social, en criterios aplicados de forma individual y fragmentada. Eso manifiesta una voluntad del Estado de desarticular la organización colectiva de las personas con discapacidad y transformar las políticas públicas en reclamos individuales.

Diputado Nacional Alberto Ciampini



EL DIPUTADO TAILHADE DENUNCIÓ A MACRI POR OMITIR UNA PROPIEDAD MILLONARIA EN SU DECLARACIÓN JURADA

El diputado nacional del FPV-PJ Rodolfo Tailhade, denunció al Presidente de la Nación, Mauricio Macri, por omisión maliciosa sobre el ocultamiento en su declaración jurada de un terreno en Bella Vista.

“Tomamos conocimiento que el patrimonio presidencial parece ser en realidad diez veces lo que declaró bajo juramento, si se toman en cuenta las valuaciones de mercado de los inmuebles en cuestión”, reveló Tailhade en la denuncia que recayó en el Juzgado Federal 5, a cargo del juez Marcelo Martinez de Giorgi y el fiscal Ramiro Gonzáles.

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A partir de los datos surgidos de la investigación periodística de Horacio Verbitsky, publicada el domingo en Página 12, el diputado nacional, Rodolfo Tailhade, denunció al presidente de la Nación, Mauricio Macri, por omisión maliciosa (art. 268 tercer párrafo Código Penal).

“En efecto, de acuerdo a la nota, Macri es titular dominial de dos inmuebles en Bella Vista, San Miguel (PBA), de 32,5 y 17,3 hectáreas que no fueron informados en su declaración jurada. Dos elementos centrales sostienen la verosimilitud de la hipótesis delictiva denunciada. Un trámite de subdivisión de condominio realizado por el presidente y su hermano Gianfranco en los primeros días del mes de julio pasado (nadie que no sea propietario de un inmueble puede iniciar un trámite de esa naturaleza); y los registros de ARBA, en donde aparece ambas propiedades a nombre de Mauricio Macri”, explicó Tailhade.

Y afirmó: “Todo indica que el presidente continúa siendo el titular registral de ambos predios, y por lo tanto forman parte de su patrimonio. Ninguno de los dos terrenos fue declarado como propio en sus últimas declaraciones juradas”.



Ciampini repudió los despidos en MAM

El diputado Ciampini presentó un proyecto para declarar su preocupación y expresar repudio por el despido de 92 trabajadores de la empresa Maderas al Mundo (MAM), situada en el Parque Industrial de la provincia de Neuquén.

La empresa justifica la medida por problemas “coyunturales” y dificultades debido a la imposibilidad de hacer frente al incremento de las tarifas eléctricas y la crisis del sector frutícola. En este marco, esgrimió un “preventivo de crisis” para poder implementar la polémica medida. Sin embargo, según Francisco Vergara, delegado de los trabajadores afectados, eso no está probado y rechazaron los despidos y suspensiones.

No es la primera empresa víctima de la caída del consumo que mes a mes se vive en el país. De hecho en el Parque Industrial Neuquino ya han despedido trabajadores y están en crisis la Textil Neuquén y la papelera Molarsa, como así también afrontan serias dificultades los trabajadores de la cerámica Zanon.

Sin embargo el principal responsable de esta situación es el gobierno nacional, por aplicar una política económica que perjudica la producción industrial y contrae el mercado interno, expresado en el aumento de las importaciones, cierre de empresas y el crecimiento del endeudamiento externo.

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Frente a estas dificultades que atraviesan las Pymes y trabajadores, el Estado nacional debería dar respuestas para apoyar a los trabajadores, pero vemos por el contrario, que programas como el REPRO (Recuperación Productiva) no se están utilizando. Desde el inicio de la gestión de Jorge Triaca en el Ministerio de Trabajo se produjo un achicamiento del programa, cuya función es evitar que empresas en crisis se desprendan de personal como mecanismo de ajuste.