Categoría: Mandato 2015-2019

PROPUESTA POR UN NUEVO DERECHO PARA LOS PACIENTES

Teniendo en cuenta la coyuntura y el deterioro en la calidad de los servicios y la atención médica he presentado un Proyecto de Ley que propone establecer un tiempo máximo de espera en el otorgamiento de turnos del área de salud a fin de instaurar un nuevo derecho del paciente que no discrimina el ámbito público del privado.

El Proyecto parte de la idea esencial que la salud es un derecho básico, inalienable e impostergable, que debe ser tutelado por el Estado. La propuesta persigue el objetivo de asegurar a los ciudadanos la protección de la salud, garantizando la equidad y los derechos que les corresponden a los pacientes, llenando así los vacíos legislativos existentes en la materia.

Las demoras excesivas en el otorgamiento de turnos al paciente pueden devenir en un error asistencial que tiene consecuencias graves para la persona y su familia. Puede generar un coste muy elevado, erosiona la confianza del paciente en el sistema, y daña a las instituciones y al profesional sanitario que es, sin duda, su segunda víctima. En este sentido resulta sumamente necesario establecer un tiempo máximo de espera en el otorgamiento de turnos con el objetivo de brindar una buena cobertura y asistencia para aquellos ciudadanos que lo requieran.


Con este fin, los servicios de salud proveerán al ciudadano que requiera cuidado sanitario las alternativas que consideren más apropiadas para la efectiva realización de la atención garantizada. Este compromiso adquirido por el servicio de salud supone atender, a las personas que lo soliciten, con las adecuadas condiciones de calidad, dentro del tiempo máximo de acceso establecido y así evitar las largas esperas y las postergaciones vulnerando el derecho de las personas a una atención eficaz y responsable.

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EL PLAN NACIONAL DE DISCAPACIDAD ES UNA INCÓGNITA PARA EL PROPIO GOBIERNO

En la Comisión de Discapacidad de la HCDN, la cual presido, recibimos al Presidente de la CONADIS Javier Ureta Sáenz Peña quien había solicitado la posibilidad de reunirse conmigo para trabajar un proyecto específico. En ese marco le propuse participar directamente de la reunión de comisión de modo que estuvieran presentes todos los diputados de los diferentes bloques que la integran con el fin de que provea información sobre la temática en general.

Luego del tratamiento ordinario de varios proyectos que habían sido discutidos previamente, se logró el quorum y la firma de los mismos, y se le otorgó la palabra a Ureta. En su disertación reconoció el “error” que representó la quita de Pensiones para las personas con Discapacidad pero a la hora de las consultas dijo no tener las herramientas para responder sobre la cuestión, lo cual contradice la imagen de Equipo y trabajo mancomunado que pretende dar Mauricio Macri. Además no habla de pensiones o derechos, sino de apoyos caso por caso, y defendió la aplicación de un criterio meramente administrativo basado en nomenclaturas cerradas de cada discapacidad para otorgar desde allí un monto específico.

En relación al Plan Nacional de Discapacidad, que había sido presentado en los medios de comunicación por la vicepresidenta de la Nación Gabriela Michetti, manifestó que hasta el día de la fecha no existe nada concreto, y que recién para fin de año se trazarían las rutas y coordenada sobre las cuales se desarrollaría. Desde la Comisión observamos con asombro como el Presidente de la CONADIS en reiteradas oportunidades pidió disculpas por no contar con las herramientas necesarias para constituir el tan promocionado Plan. Preocupa que el organismo que debe defender los derechos de las personas con discapacidad ignore de tal forma sus propias responsabilidades como poder ejecutivo.

Asimismo escuchamos al Presidente quejarse por la carencia de un ordenamiento legal para sostener el Plan Nacional de Discapacidad. Digo sorpresa pues durante los últimos doce años se han dictado leyes y normas generales, y decretos particulares que llevaron a la máxima expresión las políticas respecto de las personas con discapacidad, tanto en reconocimiento de derechos como en prestaciones concretas.

También Ureta pretendió ignorar el trabajo legislativo, en particular el de la Comisión, y expresó en varias oportunidades la voluntad de generar regulaciones que fueron ya promulgadas desde esta Honorable Cámara. De esta manera observamos que expresa los mismos lineamientos que viene llevando a cabo el Ejecutivo Nacional en cuanto a desconocer la labor del parlamento, paralizando la promulgación de leyes, pretendiendo gobernar a través de decretos y resoluciones. Sobre todo cuando desde la Comisión se ha trabajado junto a organizaciones de la sociedad civil y la propia CONADIS en un Proyecto de Ley Integral sobre los DDHH de las personas con discapacidad.

La posición política oficial invierte la mirada de una problemática que es esencialmente colectiva y social, en criterios aplicados de forma individual y fragmentada. Eso manifiesta una voluntad del Estado de desarticular la organización colectiva de las personas con discapacidad y transformar las políticas públicas en reclamos individuales.

Diputado Nacional Alberto Ciampini



EL DIPUTADO TAILHADE DENUNCIÓ A MACRI POR OMITIR UNA PROPIEDAD MILLONARIA EN SU DECLARACIÓN JURADA

El diputado nacional del FPV-PJ Rodolfo Tailhade, denunció al Presidente de la Nación, Mauricio Macri, por omisión maliciosa sobre el ocultamiento en su declaración jurada de un terreno en Bella Vista.

“Tomamos conocimiento que el patrimonio presidencial parece ser en realidad diez veces lo que declaró bajo juramento, si se toman en cuenta las valuaciones de mercado de los inmuebles en cuestión”, reveló Tailhade en la denuncia que recayó en el Juzgado Federal 5, a cargo del juez Marcelo Martinez de Giorgi y el fiscal Ramiro Gonzáles.

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A partir de los datos surgidos de la investigación periodística de Horacio Verbitsky, publicada el domingo en Página 12, el diputado nacional, Rodolfo Tailhade, denunció al presidente de la Nación, Mauricio Macri, por omisión maliciosa (art. 268 tercer párrafo Código Penal).

“En efecto, de acuerdo a la nota, Macri es titular dominial de dos inmuebles en Bella Vista, San Miguel (PBA), de 32,5 y 17,3 hectáreas que no fueron informados en su declaración jurada. Dos elementos centrales sostienen la verosimilitud de la hipótesis delictiva denunciada. Un trámite de subdivisión de condominio realizado por el presidente y su hermano Gianfranco en los primeros días del mes de julio pasado (nadie que no sea propietario de un inmueble puede iniciar un trámite de esa naturaleza); y los registros de ARBA, en donde aparece ambas propiedades a nombre de Mauricio Macri”, explicó Tailhade.

Y afirmó: “Todo indica que el presidente continúa siendo el titular registral de ambos predios, y por lo tanto forman parte de su patrimonio. Ninguno de los dos terrenos fue declarado como propio en sus últimas declaraciones juradas”.



Discurso del diputado Ciampini contra la expulsión de Julio De Vido

Ningún orden legal puede violar la presunción de inocencia, con lo cual es muy burdo pretender esconder tras la supuesta “inhabilidad moral” lo que realmente están haciendo. En efecto, se trata de una motivación puramente electoral y oportunista enmarcada en la persecución política hacia la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner y las políticas que expresó su gobierno.

La justicia no se ha expedido con una condena penal firme sobre el Diputado que motive su expulsión y eventual encarcelamiento. Tiene la misma situación procesal desde cuando asumió como representante del pueblo. De hecho, se lo quiere expulsar por asuntos relacionados a su gestión como ministro que ya eran conocidos en su asunción como Diputado cuando se validaron sus títulos en esta Cámara. Por otro lado, nada impide que la justicia prosiga con la investigación por los causas en las cuales se lo ha involucrado. Se manifiesta, asimismo, en la intención del oficialismo y sus aliados, una doble vara teniendo en cuenta que el Presidente de la Nación asumió  su mandato en medio de un procesamiento firme por la causa de las escuchas ilegales. Podríamos mencionar también las denuncias al Presidente Macri vinculadas con el accionar de empresas de su familia como el Correo Argentino, Avianca y la constructora IECSA, como así también el escándalo internacional de las cuentas offshore en el caso de los Panamá Papers.

Sin embargo, aquí la cuestión no es defender a una persona en particular sino a la Constitución Nacional y a la voluntad popular, es decir proteger la opinión del electorado. En ese sentido, se puede recordar el fallo de la Corte Suprema de 1893 a favor de Leandro N. Alem en ocasión de su detención, cuando menciona que “La Constitución no ha buscado garantir a los miembros del Congreso con una inmunidad que tenga objetos personales, ni por razones del individuo mismo a quien hace inmune. Son altos fines políticos los que se ha propuesto, y si ha considerado esencial esa inmunidad, es precisamente para asegurar no solo la independencia de los poderes públicos entre sí, sino la existencia misma de las autoridades creadas por la Constitución”. En otras palabras, de aprobarse la expulsión del Diputado se estaría violentando la voluntad popular.

Al mismo tiempo, sentaría un peligroso precedente para la democracia, ya que bajo la manipulación de un concepto amplio y susceptible de diversas interpretaciones como lo es la inhabilidad moral, una mayoría política legislativa podría expulsar a un miembro por cualquier motivo, incluso ideológico.

Los proyectos de Resolución que estamos tratando, Señor Presidente, se emparentan en procurar la exclusión de un legislador por la causal de inhabilidad moral que prevé el art. 66 de la Constitución, ahora cuando se los pretenden fundamentar, se recurre a diversas causas penales, que se encuentran en trámite y que son anteriores a la asunción del legislador. Es indudable, que no pueden concurrir duplicidad de causales, pues la inhabilidad moral del art. 66 no admite ir en conjunto con la del requerimiento de juicio criminal que prevé el art. 70. Son extremos bien distintos, aunque excepcionalmente puedan yuxtaponerse, pero no en este particular.

En un caso, el del art. 66, la inhabilidad reposa en comportamientos “sobrevinientes” a su incorporación, vector temporal que define de antemano la improcedencia de fundar tal “inhabilidad” en causas criminales en trámite cuyos hechos habrían acaecido antes de su incorporación. Para tal extremo existe la tipificación del art. 70.

Lo que queda claro entonces, es que pretenden en conjunto con los medios concentrados de comunicación instalar la agenda de la corrupción para así desprestigiar al anterior gobierno, y no debatir, ni tratar los problemas que está afrontando la ciudadanía con este plan económico. Pero además no tenemos que confundirnos, ya que acá se busca desprestigiar a la política misma como herramienta de transformación social, para disciplinar a la sociedad y que nadie más se atreva a enfrentar al poder real. Estamos en presencia de una alianza entre una parte del Poder Judicial, los medios concentrados de comunicación y un sector de la clase política, que incluso algunos sectores han explicitado, que busca excluir a una fuerza política del juego democrático.

Por las razones expuestas mi voto es en defensa de la Constitucional Nacional y la voluntad popular.




Ciampini repudió los despidos en MAM

El diputado Ciampini presentó un proyecto para declarar su preocupación y expresar repudio por el despido de 92 trabajadores de la empresa Maderas al Mundo (MAM), situada en el Parque Industrial de la provincia de Neuquén.

La empresa justifica la medida por problemas “coyunturales” y dificultades debido a la imposibilidad de hacer frente al incremento de las tarifas eléctricas y la crisis del sector frutícola. En este marco, esgrimió un “preventivo de crisis” para poder implementar la polémica medida. Sin embargo, según Francisco Vergara, delegado de los trabajadores afectados, eso no está probado y rechazaron los despidos y suspensiones.

No es la primera empresa víctima de la caída del consumo que mes a mes se vive en el país. De hecho en el Parque Industrial Neuquino ya han despedido trabajadores y están en crisis la Textil Neuquén y la papelera Molarsa, como así también afrontan serias dificultades los trabajadores de la cerámica Zanon.

Sin embargo el principal responsable de esta situación es el gobierno nacional, por aplicar una política económica que perjudica la producción industrial y contrae el mercado interno, expresado en el aumento de las importaciones, cierre de empresas y el crecimiento del endeudamiento externo.

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Frente a estas dificultades que atraviesan las Pymes y trabajadores, el Estado nacional debería dar respuestas para apoyar a los trabajadores, pero vemos por el contrario, que programas como el REPRO (Recuperación Productiva) no se están utilizando. Desde el inicio de la gestión de Jorge Triaca en el Ministerio de Trabajo se produjo un achicamiento del programa, cuya función es evitar que empresas en crisis se desprendan de personal como mecanismo de ajuste.



TRES PROYECTOS SOLICITAN LA RESTITUCIÓN DE LAS PENSIONES POR DISCAPACIDAD

“Desde la presidencia de la Comisión vamos a insistir para que dé las explicaciones necesarias, pero antes que nada para que restituya los derechos a cada uno de los beneficiarios. Esto tiene que ser inmediato”, expresó.

En este sentido se dictaminó “citar de forma urgente a la Ministra de Desarrollo Social de la Nación, Dra. Carolina Stanley, conforme el Artículo 71 de la Constitución Nacional y el Artículo 204 del Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, a fin de que brinde explicaciones verbales ante las Comisiones de Acción Social y Salud Pública y Discapacidad, sobre el recorte masivo de las pensiones no contributivas por invalidez destinadas a las personas con discapacidad”.19424282_1383590661736222_1802392186488241846_n

En dicho marco y sin la presencia de los diputados de Cambiemos que decidieron no dar quórum, se aprobaron una serie de proyectos en contra  de la medida que afecta a más de 170 mil personas con discapacidad de todo el país. Las iniciativas conjugan el trabajo y compromiso de 52 diputados de diferentes comisiones y bloques.

La primera se trata de un Proyecto de Declaración para “expresar repudio por las medidas adoptadas por el Ministerio de Desarrollo Social ante las decisiones unilaterales de suspender y dar de baja sin previo aviso,  ni  aplicación de procedimiento administrativo que garantice el derecho de defensa, a pensiones otorgadas a personas con discapacidad y expresar preocupación por la Aplicación del Decreto 432/97 en contraposición a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por la Ley 26.378 y con rango constitucional otorgado por la Ley 27.044”.

Junto a la Comisión de Presupuesto y Hacienda se aprobó un proyecto de Declaración por el cual solicita al Poder Ejecutivo Nacional adaptar el decreto 432/97 a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y en consecuencia “se abstengan de realizar actos o prácticas que sean incompatibles con lo estipulado en el artículo 4 de dicha Convención”.

Por último, se aprobó un pedido de Informe al Poder Ejecutivo respecto de la Aplicación del Decreto 432/97 que trajo como consecuencia la suspensión y baja de pensiones a personas con Discapacidad.