Categoría: Comisiones actuales

RECHAZO AL DECRETO QUE CREA LA AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD

La Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, presidida por el Diputado Nacional Marcos Cleri, se reunió el martes 24 de octubre en el Congreso de la Nación y dictaminó el rechazo al DNU 698/17 que crea la Agencia Nacional de Discapacidad.

Durante las últimas reuniones de la Comisión en las que se trató el decreto mencionado, resultó fundamental la multitudinaria participación de organizaciones ligadas a la temática de Discapacidad y su fuerte rechazo al proyecto que niega la posibilidad de diálogo y participación social.

Desde la Comisión de Discapacidad de la HCDN, que preside el Diputado Alberto Ciampini desde 2016, se presentó un Informe detallando cómo el DNU 698/17 incumple la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad vigente. A partir del dictamen  el DNU deberá ser tratado en ambas cámaras y allí se decidirá su rechazo definitivo.



DIPUTADOS DEL FPV-PJ SE COMPROMETIERON A INTENTAR ANULAR UN DNU QUE AFECTA LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

os diputados nacionales Marcos Cleri, presidente de la bicameral de Trámite Legislativo; Alberto Ciampini, presidente de la comisión de Discapacidad; y las diputadas Diana Conti y Lucila Masin, recibieron hoy a representantes de las secretarías de discapacidad de ATE Capital y ATE Congreso, quienes expresaron su preocupación por el DNU 698/17, que eliminó organismos y comisiones que defendían los derechos de las personas con discapacidad.

También expresaron su inquietud por las bajas que se han producido en los cupos para personas con discapacidad en el transporte público y por la caída en los cupos que la ley exige a los organismos públicos, así como ante las bajas en pensiones para personas con discapacidad.

Los legisladores -que hoy en la comisión de Discapacidad de la Cámara elaboraron un documento denunciando esta situación- se comprometieron a realizar el martes 26 a las 15 una reunión con todas las organizaciones que defienden los derechos de las personas con discapacidad, y a trabajar para sumar las voluntades que permitan rechazar el DNU en la bicameral de Trámite Legislativo.



Diputados y personalidades advierten sobre la entrega de soberanía argentina

PIDEN QUE EL CONGRESO ABORDE DE MANERA URGENTE LA CUESTIÓN MALVINAS

A un año del acuerdo entre los gobiernos de Argentina y Gran Bretaña que permite la entrega de nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas, Antártida e Islas del Atlántica Sur, diversas personalidades repudiaron en el Congreso Nacional el retroceso registrado en el último año en materia de soberanía sobre las Islas y reclamaron que la cuestión sea abordada de manera urgente por el Congreso.

“El 13 de septiembre de 2016 se concretó un acuerdo infame entre nuestro gobierno y el del Reino Unido, que implica la subordinación de la Argentina a los intereses británicos, y la consagración de una situación de cesión de soberanía en la cuestión Malvinas”, planteó el diputado nacional Guillermo Carmona en una conferencia de prensa realizada en el Salón de Pasos Perdidos de la Cámara baja.

“Ha sido obviada la legal y constitucionalmente necesaria intervención del Congreso en la ratificación de este acuerdo, y en un año la Argentina ha sufrido enormes retrocesos en relación a los recursos naturales, la militarización de las Islas y la relación con los países vecinos. Pedimos que la Cancillería vuelva atrás en relación con este acuerdo, y que el canciller Jorge Faurie venga a dar explicaciones al Congreso”, remarcó Carmona.

La ex embajadora argentina ante el Reino Unido, Alicia Castro, habló de una “política de entrega” en relaciones exteriores: “El acuerdo establece que se van a remover todos los obstáculos para la explotación de los recursos naturales, y esto plasma literalmente las pretensiones británicas. Significa el desmantelamiento de todas las medidas que había tomado nuestro país para la protección de los hidrocarburos y la pesca que pertenecen a los 40 millones de argentinos”.

En tanto, el Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel reclamó que la Cámara de Diputados se convoque de manera “urgente” para tratar la cuestión de las Islas. “No puede ser que el gobierno haga estas cosas a espaldas del pueblo. La entrega de la soberanía de las Malvinas sería una traición a la Patria”.
“La gran base militar en las Islas y la presencia de un submarino nuclear en la zona son una amenaza no sólo para nuestro país sino para la paz de la región”, recalcó.

Participaron también los diputados nacionales Héctor Recalde, Alberto Ciampini, Axel Kiciloff, Nilda Garré, Oscar Martínez, Analuz Carol y Martín Pérez; los parlamentarios del Mercosur Daniel Filmus y Oscar Laborde; el secretario del Centro de Ex Combatientes de Malvinas de La Plata (CECIM), Ernesto Alonso; y el secretario general de la Federación Argentina de Municipios, Juan Matteo.

Documento sobre los perjuicios a nuestra soberanía causados por el Acuerdo:

https://drive.google.com/file/d/0B6KdlTSEMtpaM0NaNHlJRm5qUFU/view



EL PLAN NACIONAL DE DISCAPACIDAD ES UNA INCÓGNITA PARA EL PROPIO GOBIERNO

En la Comisión de Discapacidad de la HCDN, la cual presido, recibimos al Presidente de la CONADIS Javier Ureta Sáenz Peña quien había solicitado la posibilidad de reunirse conmigo para trabajar un proyecto específico. En ese marco le propuse participar directamente de la reunión de comisión de modo que estuvieran presentes todos los diputados de los diferentes bloques que la integran con el fin de que provea información sobre la temática en general.

Luego del tratamiento ordinario de varios proyectos que habían sido discutidos previamente, se logró el quorum y la firma de los mismos, y se le otorgó la palabra a Ureta. En su disertación reconoció el “error” que representó la quita de Pensiones para las personas con Discapacidad pero a la hora de las consultas dijo no tener las herramientas para responder sobre la cuestión, lo cual contradice la imagen de Equipo y trabajo mancomunado que pretende dar Mauricio Macri. Además no habla de pensiones o derechos, sino de apoyos caso por caso, y defendió la aplicación de un criterio meramente administrativo basado en nomenclaturas cerradas de cada discapacidad para otorgar desde allí un monto específico.

En relación al Plan Nacional de Discapacidad, que había sido presentado en los medios de comunicación por la vicepresidenta de la Nación Gabriela Michetti, manifestó que hasta el día de la fecha no existe nada concreto, y que recién para fin de año se trazarían las rutas y coordenada sobre las cuales se desarrollaría. Desde la Comisión observamos con asombro como el Presidente de la CONADIS en reiteradas oportunidades pidió disculpas por no contar con las herramientas necesarias para constituir el tan promocionado Plan. Preocupa que el organismo que debe defender los derechos de las personas con discapacidad ignore de tal forma sus propias responsabilidades como poder ejecutivo.

Asimismo escuchamos al Presidente quejarse por la carencia de un ordenamiento legal para sostener el Plan Nacional de Discapacidad. Digo sorpresa pues durante los últimos doce años se han dictado leyes y normas generales, y decretos particulares que llevaron a la máxima expresión las políticas respecto de las personas con discapacidad, tanto en reconocimiento de derechos como en prestaciones concretas.

También Ureta pretendió ignorar el trabajo legislativo, en particular el de la Comisión, y expresó en varias oportunidades la voluntad de generar regulaciones que fueron ya promulgadas desde esta Honorable Cámara. De esta manera observamos que expresa los mismos lineamientos que viene llevando a cabo el Ejecutivo Nacional en cuanto a desconocer la labor del parlamento, paralizando la promulgación de leyes, pretendiendo gobernar a través de decretos y resoluciones. Sobre todo cuando desde la Comisión se ha trabajado junto a organizaciones de la sociedad civil y la propia CONADIS en un Proyecto de Ley Integral sobre los DDHH de las personas con discapacidad.

La posición política oficial invierte la mirada de una problemática que es esencialmente colectiva y social, en criterios aplicados de forma individual y fragmentada. Eso manifiesta una voluntad del Estado de desarticular la organización colectiva de las personas con discapacidad y transformar las políticas públicas en reclamos individuales.

Diputado Nacional Alberto Ciampini



EL DIPUTADO TAILHADE DENUNCIÓ A MACRI POR OMITIR UNA PROPIEDAD MILLONARIA EN SU DECLARACIÓN JURADA

El diputado nacional del FPV-PJ Rodolfo Tailhade, denunció al Presidente de la Nación, Mauricio Macri, por omisión maliciosa sobre el ocultamiento en su declaración jurada de un terreno en Bella Vista.

“Tomamos conocimiento que el patrimonio presidencial parece ser en realidad diez veces lo que declaró bajo juramento, si se toman en cuenta las valuaciones de mercado de los inmuebles en cuestión”, reveló Tailhade en la denuncia que recayó en el Juzgado Federal 5, a cargo del juez Marcelo Martinez de Giorgi y el fiscal Ramiro Gonzáles.

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A partir de los datos surgidos de la investigación periodística de Horacio Verbitsky, publicada el domingo en Página 12, el diputado nacional, Rodolfo Tailhade, denunció al presidente de la Nación, Mauricio Macri, por omisión maliciosa (art. 268 tercer párrafo Código Penal).

“En efecto, de acuerdo a la nota, Macri es titular dominial de dos inmuebles en Bella Vista, San Miguel (PBA), de 32,5 y 17,3 hectáreas que no fueron informados en su declaración jurada. Dos elementos centrales sostienen la verosimilitud de la hipótesis delictiva denunciada. Un trámite de subdivisión de condominio realizado por el presidente y su hermano Gianfranco en los primeros días del mes de julio pasado (nadie que no sea propietario de un inmueble puede iniciar un trámite de esa naturaleza); y los registros de ARBA, en donde aparece ambas propiedades a nombre de Mauricio Macri”, explicó Tailhade.

Y afirmó: “Todo indica que el presidente continúa siendo el titular registral de ambos predios, y por lo tanto forman parte de su patrimonio. Ninguno de los dos terrenos fue declarado como propio en sus últimas declaraciones juradas”.



TRES PROYECTOS SOLICITAN LA RESTITUCIÓN DE LAS PENSIONES POR DISCAPACIDAD

“Desde la presidencia de la Comisión vamos a insistir para que dé las explicaciones necesarias, pero antes que nada para que restituya los derechos a cada uno de los beneficiarios. Esto tiene que ser inmediato”, expresó.

En este sentido se dictaminó “citar de forma urgente a la Ministra de Desarrollo Social de la Nación, Dra. Carolina Stanley, conforme el Artículo 71 de la Constitución Nacional y el Artículo 204 del Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, a fin de que brinde explicaciones verbales ante las Comisiones de Acción Social y Salud Pública y Discapacidad, sobre el recorte masivo de las pensiones no contributivas por invalidez destinadas a las personas con discapacidad”.19424282_1383590661736222_1802392186488241846_n

En dicho marco y sin la presencia de los diputados de Cambiemos que decidieron no dar quórum, se aprobaron una serie de proyectos en contra  de la medida que afecta a más de 170 mil personas con discapacidad de todo el país. Las iniciativas conjugan el trabajo y compromiso de 52 diputados de diferentes comisiones y bloques.

La primera se trata de un Proyecto de Declaración para “expresar repudio por las medidas adoptadas por el Ministerio de Desarrollo Social ante las decisiones unilaterales de suspender y dar de baja sin previo aviso,  ni  aplicación de procedimiento administrativo que garantice el derecho de defensa, a pensiones otorgadas a personas con discapacidad y expresar preocupación por la Aplicación del Decreto 432/97 en contraposición a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por la Ley 26.378 y con rango constitucional otorgado por la Ley 27.044”.

Junto a la Comisión de Presupuesto y Hacienda se aprobó un proyecto de Declaración por el cual solicita al Poder Ejecutivo Nacional adaptar el decreto 432/97 a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y en consecuencia “se abstengan de realizar actos o prácticas que sean incompatibles con lo estipulado en el artículo 4 de dicha Convención”.

Por último, se aprobó un pedido de Informe al Poder Ejecutivo respecto de la Aplicación del Decreto 432/97 que trajo como consecuencia la suspensión y baja de pensiones a personas con Discapacidad.