En la Comisión de Discapacidad de la HCDN, la cual presido, recibimos al Presidente de la CONADIS Javier Ureta Sáenz Peña quien había solicitado la posibilidad de reunirse conmigo para trabajar un proyecto específico. En ese marco le propuse participar directamente de la reunión de comisión de modo que estuvieran presentes todos los diputados de los diferentes bloques que la integran con el fin de que provea información sobre la temática en general.

Luego del tratamiento ordinario de varios proyectos que habían sido discutidos previamente, se logró el quorum y la firma de los mismos, y se le otorgó la palabra a Ureta. En su disertación reconoció el “error” que representó la quita de Pensiones para las personas con Discapacidad pero a la hora de las consultas dijo no tener las herramientas para responder sobre la cuestión, lo cual contradice la imagen de Equipo y trabajo mancomunado que pretende dar Mauricio Macri. Además no habla de pensiones o derechos, sino de apoyos caso por caso, y defendió la aplicación de un criterio meramente administrativo basado en nomenclaturas cerradas de cada discapacidad para otorgar desde allí un monto específico.

En relación al Plan Nacional de Discapacidad, que había sido presentado en los medios de comunicación por la vicepresidenta de la Nación Gabriela Michetti, manifestó que hasta el día de la fecha no existe nada concreto, y que recién para fin de año se trazarían las rutas y coordenada sobre las cuales se desarrollaría. Desde la Comisión observamos con asombro como el Presidente de la CONADIS en reiteradas oportunidades pidió disculpas por no contar con las herramientas necesarias para constituir el tan promocionado Plan. Preocupa que el organismo que debe defender los derechos de las personas con discapacidad ignore de tal forma sus propias responsabilidades como poder ejecutivo.

Asimismo escuchamos al Presidente quejarse por la carencia de un ordenamiento legal para sostener el Plan Nacional de Discapacidad. Digo sorpresa pues durante los últimos doce años se han dictado leyes y normas generales, y decretos particulares que llevaron a la máxima expresión las políticas respecto de las personas con discapacidad, tanto en reconocimiento de derechos como en prestaciones concretas.

También Ureta pretendió ignorar el trabajo legislativo, en particular el de la Comisión, y expresó en varias oportunidades la voluntad de generar regulaciones que fueron ya promulgadas desde esta Honorable Cámara. De esta manera observamos que expresa los mismos lineamientos que viene llevando a cabo el Ejecutivo Nacional en cuanto a desconocer la labor del parlamento, paralizando la promulgación de leyes, pretendiendo gobernar a través de decretos y resoluciones. Sobre todo cuando desde la Comisión se ha trabajado junto a organizaciones de la sociedad civil y la propia CONADIS en un Proyecto de Ley Integral sobre los DDHH de las personas con discapacidad.

La posición política oficial invierte la mirada de una problemática que es esencialmente colectiva y social, en criterios aplicados de forma individual y fragmentada. Eso manifiesta una voluntad del Estado de desarticular la organización colectiva de las personas con discapacidad y transformar las políticas públicas en reclamos individuales.

Diputado Nacional Alberto Ciampini

El diputado nacional del FPV-PJ Rodolfo Tailhade, denunció al Presidente de la Nación, Mauricio Macri, por omisión maliciosa sobre el ocultamiento en su declaración jurada de un terreno en Bella Vista.

“Tomamos conocimiento que el patrimonio presidencial parece ser en realidad diez veces lo que declaró bajo juramento, si se toman en cuenta las valuaciones de mercado de los inmuebles en cuestión”, reveló Tailhade en la denuncia que recayó en el Juzgado Federal 5, a cargo del juez Marcelo Martinez de Giorgi y el fiscal Ramiro Gonzáles.