Categoría: Sus discursos

Discurso del diputado Ciampini contra la expulsión de Julio De Vido

Ningún orden legal puede violar la presunción de inocencia, con lo cual es muy burdo pretender esconder tras la supuesta “inhabilidad moral” lo que realmente están haciendo. En efecto, se trata de una motivación puramente electoral y oportunista enmarcada en la persecución política hacia la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner y las políticas que expresó su gobierno.

La justicia no se ha expedido con una condena penal firme sobre el Diputado que motive su expulsión y eventual encarcelamiento. Tiene la misma situación procesal desde cuando asumió como representante del pueblo. De hecho, se lo quiere expulsar por asuntos relacionados a su gestión como ministro que ya eran conocidos en su asunción como Diputado cuando se validaron sus títulos en esta Cámara. Por otro lado, nada impide que la justicia prosiga con la investigación por los causas en las cuales se lo ha involucrado. Se manifiesta, asimismo, en la intención del oficialismo y sus aliados, una doble vara teniendo en cuenta que el Presidente de la Nación asumió  su mandato en medio de un procesamiento firme por la causa de las escuchas ilegales. Podríamos mencionar también las denuncias al Presidente Macri vinculadas con el accionar de empresas de su familia como el Correo Argentino, Avianca y la constructora IECSA, como así también el escándalo internacional de las cuentas offshore en el caso de los Panamá Papers.

Sin embargo, aquí la cuestión no es defender a una persona en particular sino a la Constitución Nacional y a la voluntad popular, es decir proteger la opinión del electorado. En ese sentido, se puede recordar el fallo de la Corte Suprema de 1893 a favor de Leandro N. Alem en ocasión de su detención, cuando menciona que «La Constitución no ha buscado garantir a los miembros del Congreso con una inmunidad que tenga objetos personales, ni por razones del individuo mismo a quien hace inmune. Son altos fines políticos los que se ha propuesto, y si ha considerado esencial esa inmunidad, es precisamente para asegurar no solo la independencia de los poderes públicos entre sí, sino la existencia misma de las autoridades creadas por la Constitución». En otras palabras, de aprobarse la expulsión del Diputado se estaría violentando la voluntad popular.

Al mismo tiempo, sentaría un peligroso precedente para la democracia, ya que bajo la manipulación de un concepto amplio y susceptible de diversas interpretaciones como lo es la inhabilidad moral, una mayoría política legislativa podría expulsar a un miembro por cualquier motivo, incluso ideológico.

Los proyectos de Resolución que estamos tratando, Señor Presidente, se emparentan en procurar la exclusión de un legislador por la causal de inhabilidad moral que prevé el art. 66 de la Constitución, ahora cuando se los pretenden fundamentar, se recurre a diversas causas penales, que se encuentran en trámite y que son anteriores a la asunción del legislador. Es indudable, que no pueden concurrir duplicidad de causales, pues la inhabilidad moral del art. 66 no admite ir en conjunto con la del requerimiento de juicio criminal que prevé el art. 70. Son extremos bien distintos, aunque excepcionalmente puedan yuxtaponerse, pero no en este particular.

En un caso, el del art. 66, la inhabilidad reposa en comportamientos «sobrevinientes» a su incorporación, vector temporal que define de antemano la improcedencia de fundar tal «inhabilidad» en causas criminales en trámite cuyos hechos habrían acaecido antes de su incorporación. Para tal extremo existe la tipificación del art. 70.

Lo que queda claro entonces, es que pretenden en conjunto con los medios concentrados de comunicación instalar la agenda de la corrupción para así desprestigiar al anterior gobierno, y no debatir, ni tratar los problemas que está afrontando la ciudadanía con este plan económico. Pero además no tenemos que confundirnos, ya que acá se busca desprestigiar a la política misma como herramienta de transformación social, para disciplinar a la sociedad y que nadie más se atreva a enfrentar al poder real. Estamos en presencia de una alianza entre una parte del Poder Judicial, los medios concentrados de comunicación y un sector de la clase política, que incluso algunos sectores han explicitado, que busca excluir a una fuerza política del juego democrático.

Por las razones expuestas mi voto es en defensa de la Constitucional Nacional y la voluntad popular.




En repudio a la designación en “comisión” de dos jueces de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

A última hora del lunes 14 de diciembre, el actual Presidente de la Nación, Mauricio Macri, sorprendió con la designación de dos nuevos integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Si bien la Constitución Nacional no deja dudas sobre el procedimiento que debe cumplirse para designar a tales miembros del máximo Tribunal, el presidente apeló a una interpretación, por lo menos particular, del artículo 99 inciso 19 de la Carta Magna. En este sentido en lugar de designarlos con acuerdo del Senado, sobre la base de una terna integrada por candidatos seleccionados en concurso público por el Consejo de la Magistratura, como la Constitución Nacional lo establece, el Presidente prefirió ir en contra de la institucionalidad democrática y violar a la Constitución misma.

Macri recurrió a un artilugio prácticamente en desuso, que ha sido empleado en nuestro país sólo en períodos de dictadura, cuyos antecedentes más claros fueron la Corte que nombró Bartolomé Mitre a mediados del siglo diecinueve, Uriburu en el primer tercio del siglo XX y Guido a mediados del siglo XX. De esta manera quien hasta hace pocos meses en plena campaña electoral se definía como uno de los adalides de la República y en defensa de la institucionalidad, en su tercer día de mandato evade los mecanismos establecidos por nuestra Constitución para integrar una Corte Suprema de forma ilegítima y arbitraria.

Cabe mencionar que el hecho de que se establezca constitucionalmente la aprobación con dos tercios del Senado para la designación de los cortesanos, no responde a un capricho democrático sino justamente a uno de los fundamentos en los que se basa la construcción de nuestra Nación, y son las libertades y las garantías que asegura la división de poderes de un régimen democrático. El logro de este tipo de mayorías especiales se establece justamente para garantizar el debate, la negociación, el acuerdo y el consenso entre las fuerzas políticas que se encuentran representadas. Negar eso, es negarle al pueblo y a quienes nos toca representarlos la posibilidad de ejercer una verdadera democracia.

 



Histórica batalla ganada contra los fondos buitre

Ayer se conoció que la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas aprobó por amplia mayoría, 135 votos a 6, con 42 abstenciones, la resolución  impulsada por Argentina que limita el avance de los fondos buitre a través de un sistema legal global para los procesos de reestructuraciones de deuda soberana. Dicho marco tiene en cuenta los principios de soberanía, buena fe, transparencia, imparcialidad, tratamiento equitativo, inmunidad soberana, legitimidad, sostenibilidad y reestructuración de la mayoría.

En un nuevo gesto de grandeza nuestra Presidenta Cristina Fernández de Kirchner demostró ser una gran lectora del mapa político económico mundial y una lider induscutida en la lucha contra los poderes concertados y el capital financiero internacional.

Como argentinos debemos estar orgullosos de ser protagonistas de este proceso de transformación a nivel mundial que significa un gran avance para lograr la soberanía de los pueblos históricamente obturados por sus deudas.

En estos doce años Argentina se ha convertido en un modelo de país soberano que ha empeorado al pueblo en la defensa de sus derechos.



Discurso del diputado Ciampini sobre la creación de Ferrocarriles Argentinos

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«Señora presidenta: en junio de 2012, la señora Presidenta anunció la creación del Ministerio del Interior y Transporte, una de las decisiones políticas fundamentales para integrar nuestro país. Una vez más, el Estado se puso a la cabeza de la recuperación de uno de los servicios más esenciales para la vida del pueblo argentino, como acontece con los ferrocarriles. Con este proyecto que hoy vamos a sancionar daremos un paso definitivo en la construcción del presente con visión de futuro.

Pensemos que hace prácticamente un siglo el desarrollo del ferrocarril en la Argentina ha sido una de las acciones más particulares que ha tenido el país. Hoy lo estamos recuperando con una visión de futuro integracionista, como se merece nuestro pueblo.

El proyecto de creación de Ferrocarriles Argentinos plasma al sistema ferroviario como un sistema multimodal e integrado de transporte, cuyos efectos no solo se relacionan con la libre circulación de bienes y servicios, sino que impactan en la construcción de ciudadanía, lo que posibilita a todos los habitantes del pueblo argentino gozar de los mismos derechos en cuanto a la circulación. Esta medida garantiza la igualdad federal con la cual nuestra patria fue concebida. También constituye un gran adelanto en materia energética, porque el ferrocarril consume de tres a cinco veces menos energía por unidad transportada en relación con el transporte de carretera. Esto quiere decir que si llegamos a pasar todo el transporte de carga a los ferrocarriles, lograríamos ahorrar dos tercios del consumo de energía. Por eso este proyecto es una puerta definitiva en relación al proyecto de país que tenemos.

Todo eso está acompañado por lo que se ha venido haciendo en política de planificación en el país. El sistema interconectado nacional nos permite que tengamos parques industriales en todos los rincones de nuestro país. Para ello, el ferrocarril va a ser un eje importante de transporte de toda esa mercadería que se puede llevar a cabo en esos sectores industriales.

En cuanto a la construcción de ciudadanía, debemos rescatar lo que ha sido para los pueblos el punto de encuentro de una estación ferroviaria y el eje de desarrollo de los pueblos del interior. Se formaron comunidades alrededor de las estaciones ferroviarias gracias a la llegada de los trenes.

Todavía no se ha hablado del trabajador ferroviario. Ha marcado fuertemente la historia de nuestro país mediante el accionar de dos gremios: La Fraternidad y la Unión Ferroviaria. Han dado muestras de las distintas situaciones por las que pasó el sistema ferrocarrilero de nuestro país. Les debemos mucho de lo que es la recuperación de este medio de transporte, como lo que también será en el futuro.

Por último, quiero hacer mención a una parte de una canción que siempre entonaron los ferroviarios cuando se reunían en distintos lugares para hablar del presente y del futuro. Ellos decían: “Soy maquinista/ soy ferroviario/ tengo ese orgullo y esa pasión/ soy responsable de la alegría o la tristeza que da el adiós/ soy maquinista/ cubro distancias/ cruzo la patria de Norte a Sur/ soy el mañana/ soy el progreso/ soy la esperanza llena de luz”.

Estoy hablando de la esperanza llena de luz, de esta política de esperanza que desde hace doce años se está construyendo para un país promisorio».

 

 



PLENA SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO VENEZOLANO Y CON EL GOBIERNO BOLIVARIANO DEL PRESIDENTE NICOLAS MADURO

Los abajo firmantes legisladores nacionales, representantes del pueblo de la Nación Argentina, queremos  rechazar expresamente los planes de golpe de Estado que la ultraderecha venezolana pretendió desarrollar en la República Bolivariana de Venezuela en diversas etapas que fuera financiado por funcionarios del gobierno de Estados Unidos. Así como también repudiamos cualquier intromisión de un Estado extranjero en los asuntos internos de Venezuela como lo fue la ley sancionada en el mes de diciembre de 2014  en el Congreso de EEUU que impone sanciones a funcionarios venezolanos por supuestos actos de violación a los derechos humanos y coronada en el día de ayer con la orden presidencial de Obama que ratifica la ley del Congreso Estadounidense ampliando sus términos declarando a la República Bolivariana de Venezuela como una amenaza extraordinaria e inusual para la seguridad y la política exterior de Estados Unidos.

Luego de incontables intentos destituyentes y de golpismo clásico y encubierto promovidos contra los gobiernos del Cdte. Hugo Chávez y ahora del Cro. Nicolás Maduro, los halcones imperiales que promueven la guerra a escala global impusieron sanciones unilaterales contra la República Bolivariana de Venezuela con argumentos falaces, tratando de autojustificar el nuevo atentado que perpetran contra la autonomía y autodeterminación de pueblos y naciones que ya no se arrodillan ni les rinden pleitesía.

No son los E.E.U.U. gendarmes del mundo ni mucho menos garantes de la democracia y los derechos humanos. Todavía está fresca la tinta del informe del Comité de Inteligencia del Senado norteamericano dando cuenta de las atrocidades y crímenes de lesa humanidad cometidos por agencias federales y la CIA. “Waterboarding(submarino); colgamiento, hipotermia, hidratación rectal, abusos sexuales, privación de sueño o alimento, técnicas de stress prolongado son algunas de las prácticas inhumanas y brutales sacadas de manuales nazis y perfeccionadas en nombre de la seguridad imperial. Frente al horror más atroz la decisión de amparar y no sancionar a los autores es una nueva afrenta a la humanidad toda, impunidad que no puede ser consentida por el conjunto de naciones democráticas.

No debemos olvidar que Venezuela representa un gran obstáculo al imperialismo estadounidense para restablecer sus vías de dominación en el continente y lograr su cometido de que América Latina vuelva a ser su patio trasero. El bloqueo económico estadounidense que hemos denunciado el pasado diciembre no fue suficiente y fue continuado por un intento golpista de la mano de quienes en incontables veces han intentado llegar al poder sin obtener el apoyo del pueblo en las urnas.

Los protagonistas internos de este último intento de golpe de Estado son los mismos que organizaron el golpe de Estado de abril del 2002, el paro petrolero de 2002-2003 y los encargados de instaurar el  “Plan Salida”, el pasado año, que les costó la vida a más de 43 venezolanos.

El texto publicado por la ultraderecha el 11 de febrero, llamado “Acuerdo Nacional para la Transición” (suscrito por María Machado, Leopoldo López y Antonio Ledezma), forma parte de un conjunto de actividades inconstitucionales que promueve la derecha nacional e internacional, con apoyo y financiamiento de Estados Unidos.

Exigimos a E.E.U.U. y al gobierno del Pte. Barack Obama el inmediato cese de todo acto de intervencionismo e injerencia en Venezuela y en cualquier otro país de América Latina. Atrás quedaron las épocas dictatoriales promovidas desde embajadas y agencias imperiales.

Finalmente, nos sumamos a todos los apoyos de nuestros compatriotas de la Patria Grande para frenar este intento intervencionista, antidemocrático por parte de EEUU y afirmamos nuestra férrea voluntad de luchar por defender y preservar la democracia en la región, denunciado este nuevo intento de golpe a la estabilidad democrática, que ha operado en el derrocamiento de Zelaya en Honduras y en los intentos de golpe a Correa en Ecuador, Lugo en Paraguay y Morales en Bolivia. Es la misma receta, el mismo modus operandi.

La Patria Grande nucleada en UNASUR y CELAC nuevamente debe actuar en defensa de uno de sus miembros y lo debe hacer con urgencia y firmeza, debiendo constituirse una misión permanente que desde el suelo hermano de Venezuela trabaje en pos del respeto a la voluntad democrática, y para repeler toda injerencia o peligro destituyente.

Ni sanción, ni invasión. Paz y autodeterminación.

 

Nómina  de Diputados Nacionales  firmantes: Araceli Ferreyra (FPV – Corrientes), Adela Segarra (FPV – Buenos Aires) ,  Carolina Gaillard (FPV – Entre Ríos), Diana Conti (FPV – Buenos Aires), Eduardo  Seminara (FPV – Santa Fé), Carlos Raimundi (FRENTE NUEVO ENCUENTRO –Buenos Aires), Leonardo Grosso  (FPV – Buenos Aires), José Ciampini, (FPV – Neuquén), Julia Perie (FPV‐Misiones),  Lautaro Gervasoni (FPV – Entre Rios), Jorge Barreto (FPV – Entre Ríos), Verónica  González (FPV – Tierra del Fuego), Carlos Rubin (FPV – Corrientes), Nora Bedano  (FPV – Córdoba), Juan Marcópulos (FPV – Corrientes), Mara Brawer (FPV – Ciudad de Buenos Aires), Monica Contrera (FPV – Chubut), Jorge Rivas (FPV – Buenos  Aires), Mario Metaza (FPV – Santa Cruz), Julio Solanas (FPV – Entre Ríos), Edgardo  Depetri (FPV – Buenos Aires), Liliana Ríos (FPV – Entre Ríos), Remo Carlotto (FPV –  Buenos Aires), Mauricio Gomez Bull (FPV – Santa Cruz), María del Carmen Bianchi,  (FPV – Ciudad de Buenos Aires), y Josué Gagliardi (FPV – Rio Negro).  Liliana Mazure (FPV – Ciudad de Buenos Aires).  Ana María Ianni (FPV – Santa Cruz). Mayra Mendoza (FPV – Buenos Aires).



«Recuperar el ferrocarril, un nuevo paso hacia la soberanía económica»

El domingo 1° de marzo de 2015 será recordado durante décadas por todos los argentinos como un día histórico. No sólo porque se trató del último acto de apertura de las sesiones parlamentarias en el Congreso de la Nación encabezado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, sino porque además en dicho contexto se anunció la tan esperada nacionalización de los ferrocarriles.

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La historia de los ferrocarriles en Argentina es tan significativa que lleva en su seno los avatares, avances y retrocesos que sufrió la sociedad. A principios del siglo XX, el desarrollo ferroviario estaba en manos inglesas y servía exclusivamente a sus intereses: apuntó a fortalecer el modelo agroexportador, e impulsó las exportaciones a Europa, generando el estancamiento del desarrollo industrial argentino. Paradójicamente nuestro país importaba del viejo continente los productos manufacturados que se producían con materia prima de origen nacional. Para mediados de siglo el capital británico había financiado 42.700 km de vías existentes pero también había condicionado el desarrollo industrial, e hizo de los ferrocarriles un instrumento clave de dominación del imperialismo inglés en la Argentina.

Con la llegada de Juan Domingo Perón a la presidencia, no casualmente el 1º de marzo de 1948, en el marco de una movilización en el barrio de Retiro se anunció una medida trascendente: la nacionalización de los ferrocarriles. De este modo Perón hizo realidad la acción política más trascendente de sus primeros años de gobierno y el negocio de los ferrocarriles dejó lugar a la necesidad de conectar a los pueblos del interior y promocionar las economías regionales.

El neoliberalismo instaurado por la dictadura impulsó, entre otras cosas, la apertura económica que generó una masiva importación de bienes afectando fuertemente a las industrias nacionales que no podían competir con bienes importados más baratos. Ya en democracia desde 1989 comienza un proceso de radicalización del libre comercio y reforma del Estado que culminó con la privatización de la mayoría de las empresas de servicios públicos nacionales. En ese marco el traspaso al sector privado fue destruyendo el sistema ferroviario argentino, y cuando los trenes dejaron de pasar por muchos de los pueblos del interior, estos también fueron desapareciendo.

En la Patagonia, los ferrocarriles fueron fundamentales para el desarrollo y crecimiento de toda la región. En el caso de las economías regionales acompañó sus primeros pasos y permitió la llegada de miles de familias y trabajadores. Con el descubrimiento en 1918 del primer pozo de petróleo y la creación posterior de YPF en 1922, se favoreció el nacimiento del núcleo urbano Plaza Huincul, posibilitado por la transferencia de tierras que la empresa estatal hiciera. Desde entonces la vida comunitaria y el crecimiento provincial giró en torno a la empresa, y el ferrocarril fue un factor fundamental para el desarrollo hidrocarburífero.

Con la llegada del Peronismo, todavía muchos memoriosos recuerdan con nostalgia cuando veían pasar hasta diez trenes por día repletos con el traslado de la fruta o el material de construcción que se utilizaba para la consolidación del actual sistema de riego para el Alto Valle rionegrino y parte del Neuquén.

La privatización de ambas empresas significó el estancamiento y posterior olvido de estos pueblos, una alta concentración en el mercado de hidrocarburos, el desabastecimiento energético y la falta de inversión.

En ese sentido la decisión de nuestra Presidenta de enviar al Congreso un proyecto de ley para la recuperación de la administración de los ferrocarriles dará un impulso sin precedente a la recuperación del sistema ferroviario nacional, que sin dudas constituirá el hito más importante de las últimas décadas después de la nacionalización de YPF. Para ello, se comprometió al desembolso de 1.200 millones de dólares, una “inversión en materia ferroviaria que no se hacía hace más de 50 años”.

Cabe recordar que en la última década hemos logrado la recuperación de empresas emblemática para el desarrollo estratégico nacional como Aerolíneas Argentinas, AySa, Correo Argentino, y Belgrano Cargas y tren Sarmiento, entre otras. Hoy, nuestra Presidenta funda las bases para recuperar los ferrocarriles, no por un ánimo estatizante, sino por la necesidad de brindar desde el Estado un mejor servicio y de calidad al Pueblo argentino, ya que ha demostrado ser más eficiente en sectores estratégicos de la Economía al poner el interés general por sobre el privado.

Dip. Nac. Alberto Ciampini