Categoría: Sus discursos

Rechazo a la quita de asignaciones y a la injerencia de las FFAA en seguridad interior

En la sesión en minoría por falta de quorum del oficialismo, Ciampini presentó dos discursos en relación a cada uno de los temas que se deberían haber debatido en la sesión. En primer lugar expresó un Rechazo al Decreto 683/18 por el que se modifican las funciones de las Fuerzas Armadas, y luego una exposición sobre la necesidad de derogar el Decreto 702/2018 que ajusta las Asignaciones Familiares en las zonas desfavorables del país.



Sobre la sesión informativa con Marcos Peña

Hoy en el marco de una sesión informativa en la cámara de Diputados, el Jefe de gabinete Marcos Peña expuso acerca de las problemáticas sociales de nuestro país. Sin embargo negó hechos fundamentales como el aumento de la indigencia, el aumentó de la mortalidad infantil y no hizo referencia alguna a la situación crítica que estan atravesando las personas con discapacidad, uno de los colectivos sociales más perjudicados por las políticas de este gobierno.
Desde la Comisión de Discapacidad de HCDN, que presido, venimos denunciando que el Gobierno Nacional desconoce los derechos reconocidos por la Convención de las Personas con Discapacidad, que es Ley Suprema de nuestro país, lo que pone en riesgo la vida de los ciudadanos.
Respecto a las preguntas que le formulé por escrito sobre esta temática sus respuestas han sido totalmente insatisfactorias e incluso engañosas teniendo en cuenta que se plantea la continuidad de los organismos y el régimen de pensiones recientemente desmantelados.
Como ya estamos acostumbrados nos mienten. Desde hace dos años, mientras que se multiplican los anuncios y el marketing, las políticas públicas implementadas deterioran la situación de las personas con discapacidad y vulneran los derechos ya consagrados.

Diputado Nacional Alberto Ciampini



EL FPV-PJ REPUDIA LOS DESALOJOS DE TIERRAS DE PUEBLOS ORIGINARIOS Y PIDE LA PRÓRROGA DE LA LEY 26.160

El bloque de diputados nacionales FPV-PJ, que preside Héctor Recalde, repudió el violento desalojo registrado hoy en tierras de la confederación mapuche en Vaca Muerta, a 80 kilómetros de la ciudad de Neuquén, y reclamó la prórroga de la Ley 26.160, que declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas y suspende la ejecución de desalojos de las tierras.

Recalde junto a los diputados nacionales Luis Basterra, Guillermo Carmona, Adrián Grana, Juan Cabandié, Eduardo De Pedro, Alberto Ciampini y Oscar Anselmo Martínez recibieron esta tarde a representantes de pueblos originarios, quienes expresaron su preocupación por la no prórroga de la Ley 26.160, que vence el 23 de noviembre de este año. Las comunidades indígenas temen que si se cae la ley, muchas tierras rurales ocupadas por los pueblos indígenas podrían ser desalojadas y vendidas a empresarios o a diversos emprendimientos. “Este gobierno viene por nosotros, por nuestras tierras y por nuestros recursos”, advirtieron.

El bloque FPV-PJ ha presentado cinco proyectos para prorrogar la ley, encabezados por Héctor Recalde, Luis Basterra, Silvina Frana, Juan Manuel Pedrini y Daniel Di Stéfano. En la última sesión de la Cámara los proyectos no pudieron ser tratados porque los diputados de Cambiemos votaron en contra de su discusión en el recinto.

Asimismo, los representantes de las comunidades indígenas denunciaron que hoy la policía desalojó violentamente el lof Fvta Trayen y se llevó detenidas a tres personas, y aseguraron que “han plantado falsas pruebas para ensuciar nuestra justa causa”.



Discurso del diputado Ciampini contra la expulsión de Julio De Vido

Ningún orden legal puede violar la presunción de inocencia, con lo cual es muy burdo pretender esconder tras la supuesta “inhabilidad moral” lo que realmente están haciendo. En efecto, se trata de una motivación puramente electoral y oportunista enmarcada en la persecución política hacia la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner y las políticas que expresó su gobierno.

La justicia no se ha expedido con una condena penal firme sobre el Diputado que motive su expulsión y eventual encarcelamiento. Tiene la misma situación procesal desde cuando asumió como representante del pueblo. De hecho, se lo quiere expulsar por asuntos relacionados a su gestión como ministro que ya eran conocidos en su asunción como Diputado cuando se validaron sus títulos en esta Cámara. Por otro lado, nada impide que la justicia prosiga con la investigación por los causas en las cuales se lo ha involucrado. Se manifiesta, asimismo, en la intención del oficialismo y sus aliados, una doble vara teniendo en cuenta que el Presidente de la Nación asumió  su mandato en medio de un procesamiento firme por la causa de las escuchas ilegales. Podríamos mencionar también las denuncias al Presidente Macri vinculadas con el accionar de empresas de su familia como el Correo Argentino, Avianca y la constructora IECSA, como así también el escándalo internacional de las cuentas offshore en el caso de los Panamá Papers.

Sin embargo, aquí la cuestión no es defender a una persona en particular sino a la Constitución Nacional y a la voluntad popular, es decir proteger la opinión del electorado. En ese sentido, se puede recordar el fallo de la Corte Suprema de 1893 a favor de Leandro N. Alem en ocasión de su detención, cuando menciona que “La Constitución no ha buscado garantir a los miembros del Congreso con una inmunidad que tenga objetos personales, ni por razones del individuo mismo a quien hace inmune. Son altos fines políticos los que se ha propuesto, y si ha considerado esencial esa inmunidad, es precisamente para asegurar no solo la independencia de los poderes públicos entre sí, sino la existencia misma de las autoridades creadas por la Constitución”. En otras palabras, de aprobarse la expulsión del Diputado se estaría violentando la voluntad popular.

Al mismo tiempo, sentaría un peligroso precedente para la democracia, ya que bajo la manipulación de un concepto amplio y susceptible de diversas interpretaciones como lo es la inhabilidad moral, una mayoría política legislativa podría expulsar a un miembro por cualquier motivo, incluso ideológico.

Los proyectos de Resolución que estamos tratando, Señor Presidente, se emparentan en procurar la exclusión de un legislador por la causal de inhabilidad moral que prevé el art. 66 de la Constitución, ahora cuando se los pretenden fundamentar, se recurre a diversas causas penales, que se encuentran en trámite y que son anteriores a la asunción del legislador. Es indudable, que no pueden concurrir duplicidad de causales, pues la inhabilidad moral del art. 66 no admite ir en conjunto con la del requerimiento de juicio criminal que prevé el art. 70. Son extremos bien distintos, aunque excepcionalmente puedan yuxtaponerse, pero no en este particular.

En un caso, el del art. 66, la inhabilidad reposa en comportamientos “sobrevinientes” a su incorporación, vector temporal que define de antemano la improcedencia de fundar tal “inhabilidad” en causas criminales en trámite cuyos hechos habrían acaecido antes de su incorporación. Para tal extremo existe la tipificación del art. 70.

Lo que queda claro entonces, es que pretenden en conjunto con los medios concentrados de comunicación instalar la agenda de la corrupción para así desprestigiar al anterior gobierno, y no debatir, ni tratar los problemas que está afrontando la ciudadanía con este plan económico. Pero además no tenemos que confundirnos, ya que acá se busca desprestigiar a la política misma como herramienta de transformación social, para disciplinar a la sociedad y que nadie más se atreva a enfrentar al poder real. Estamos en presencia de una alianza entre una parte del Poder Judicial, los medios concentrados de comunicación y un sector de la clase política, que incluso algunos sectores han explicitado, que busca excluir a una fuerza política del juego democrático.

Por las razones expuestas mi voto es en defensa de la Constitucional Nacional y la voluntad popular.




En repudio a la designación en “comisión” de dos jueces de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

A última hora del lunes 14 de diciembre, el actual Presidente de la Nación, Mauricio Macri, sorprendió con la designación de dos nuevos integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Si bien la Constitución Nacional no deja dudas sobre el procedimiento que debe cumplirse para designar a tales miembros del máximo Tribunal, el presidente apeló a una interpretación, por lo menos particular, del artículo 99 inciso 19 de la Carta Magna. En este sentido en lugar de designarlos con acuerdo del Senado, sobre la base de una terna integrada por candidatos seleccionados en concurso público por el Consejo de la Magistratura, como la Constitución Nacional lo establece, el Presidente prefirió ir en contra de la institucionalidad democrática y violar a la Constitución misma.

Macri recurrió a un artilugio prácticamente en desuso, que ha sido empleado en nuestro país sólo en períodos de dictadura, cuyos antecedentes más claros fueron la Corte que nombró Bartolomé Mitre a mediados del siglo diecinueve, Uriburu en el primer tercio del siglo XX y Guido a mediados del siglo XX. De esta manera quien hasta hace pocos meses en plena campaña electoral se definía como uno de los adalides de la República y en defensa de la institucionalidad, en su tercer día de mandato evade los mecanismos establecidos por nuestra Constitución para integrar una Corte Suprema de forma ilegítima y arbitraria.

Cabe mencionar que el hecho de que se establezca constitucionalmente la aprobación con dos tercios del Senado para la designación de los cortesanos, no responde a un capricho democrático sino justamente a uno de los fundamentos en los que se basa la construcción de nuestra Nación, y son las libertades y las garantías que asegura la división de poderes de un régimen democrático. El logro de este tipo de mayorías especiales se establece justamente para garantizar el debate, la negociación, el acuerdo y el consenso entre las fuerzas políticas que se encuentran representadas. Negar eso, es negarle al pueblo y a quienes nos toca representarlos la posibilidad de ejercer una verdadera democracia.

 



Histórica batalla ganada contra los fondos buitre

Ayer se conoció que la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas aprobó por amplia mayoría, 135 votos a 6, con 42 abstenciones, la resolución  impulsada por Argentina que limita el avance de los fondos buitre a través de un sistema legal global para los procesos de reestructuraciones de deuda soberana. Dicho marco tiene en cuenta los principios de soberanía, buena fe, transparencia, imparcialidad, tratamiento equitativo, inmunidad soberana, legitimidad, sostenibilidad y reestructuración de la mayoría.

En un nuevo gesto de grandeza nuestra Presidenta Cristina Fernández de Kirchner demostró ser una gran lectora del mapa político económico mundial y una lider induscutida en la lucha contra los poderes concertados y el capital financiero internacional.

Como argentinos debemos estar orgullosos de ser protagonistas de este proceso de transformación a nivel mundial que significa un gran avance para lograr la soberanía de los pueblos históricamente obturados por sus deudas.

En estos doce años Argentina se ha convertido en un modelo de país soberano que ha empeorado al pueblo en la defensa de sus derechos.