Categoría: Comunicados

Macri miente

Nuevamente el presidente enviste contra nuestra región, asegurando que consumimos 4 o 5 veces más gas que la ciudad de Montevideo en Uruguay.

En una nueva búsqueda de montar un falso escenario para quitar el subsidio al gas a las provincias patagónicas, mezcla peras con manzanas.

Es que el Señor Presidente omite decir, para sostener su mentira, que en Uruguay existe un fuerte subsidio a la energía eléctrica, por lo cual utilizan esa energía para cocinar y calefaccionar sus viviendas. En la Patagonia, y mayormente en Argentina, utilizamos el gas.

Pero sus afirmaciones falaces no quedan ahí. La temperatura media en invierno en Montevideo es de 7ºC, mientras que el promedio en la región patagónica es de 0.7ºC, es decir 10 veces menos que en la capital uruguaya.

En su omisión maliciosa para montar un falso escenario digno de Jaime Durán Barba, el presidente debería recurrir a la sabiduría de la naturaleza, que demuestra con pruebas contundentes que en las provincias patagónicas hay gas porque hace frío, ni más ni menos.

Las provincias patagónicas producen el 80% de gas del país, y solo consumimos el 15% de toda la generación de gas de la Argentina, que además exportamos a Uruguay, país que no produce esa energía.

Le exigimos a Mauricio Macri abandonar la afirmación de que en la Patagonia se calefaccionan las veredas a través de losa radiante y le recordamos que ya fue desmentido por el propio vecino de la capital santacruceña acusado de esa burda mentira. Esa falsa realidad solamente fue parte de una operación político mediática de Eduardo Feinmann, potenciada por usted de manera maliciosa e irresponsable en virtud del cargo que ejerce.

Desde el 15 de noviembre de 2015, en el debate previo al ballotage que lo convirtió en presidente, Mauricio Macri incurre en mentiras. Desde el momento que asumió la mayor magistratura nacional mira a la Patagonia con la nuca.

Le pedimos perdón por vivir en una región donde hace frío, que es un paraíso por sus bellezas naturales, que produce el gas que utilizan todos los argentinos. Señor presidente, nos encanta habitar esta hermosa región de la Argentina, porque antes de ser patagónicos, somos argentinos.

 

Firmamos:

Legisladores nacionales: Marcelo Fuentes (Senador Nacional – Neuquén), Darío Martínez (Diputado Nacional – Neuquén), Alberto Ciampini (Diputado Nacional – Neuquén)

Nancy González (Senadora Nacional – Chubut), Santiago Igon (Diputado Naciónal – Chubut), Ana Llanos Massa (Diputada Nacional – Chubut) , Ana María Ianni (Senadora Nacional – Sta. Cruz), Máximo Kirchner (Diputado Nacional – Santa Cruz), Juan Benedicto Vázquez (Diputado Nacional – Santa Cruz), Matías Rodríguez (Diputado Nacional – Tierra del Fuego), Martín Pérez (Diputado Nacional – Tierra del Fuego), Ana Luz Carol (Diputada Nacional – Tierra del Fuego), Magdalena Odarda (Senadora Nacional – Río Negro), Silvina García Larraburu (Senadora Nacional – Río Negro), María Emilia Soria (Diputada Nacional – Río Negro), Martín Doñate (Diputado Nacional – Río Negro).

Intendentes: Gustavo González (Puerto Deseado – Sta. Cruz), Federico Bodlovic (Piedra Buena – Santa Cruz), Néstor Gonzalez (Puerto Santa Cruz – Santa Cruz), Guillermo Mercado (Los Antiguos – Santa Cruz), Mauro Casarini (Perito Moreno – Santa Cruz), Héctor Vidal (Gob. Gregores – Santa Cruz), Javier Belloni (El Calafate – Santa Cruz), Hugo Garay (28 de Noviembre – Santa Cruz), Raúl Andrade (El Chaltén – Santa Cruz), Atanacio Pérez Osuna (Río Turbio – Santa Cruz), Walter Vuoto (Ushuaia – Tierra del Fuego), Pablo Delgado (Beltrán – Río Negro), David Mendoza (Belisle – Río Negro), Martín Soria (General Roca – Río Negro), Saúl Echeveste (Telén – La Pampa), Vilma Millán (Vice intendenta 25 de Mayo – La Pampa).



El cambio de paradigma en la política social que aplica la ministra Stanley

La política social que lleva adelante el gobierno de Macri está directamente relacionada con su política económica. En efecto, la implementación de un modelo de apertura económica, sumado al fuerte proceso de endeudamiento externo con altas tasas de interés, tienen como consecuencia la desindustrialización, que genera un aumento de la desocupación, un crecimiento del empleo informal y por ende, la destrucción del mercado interno.

En paralelo, con el objetivo de bajar el déficit fiscal, el gobierno aplicó tarifazos a los servicios públicos y comenzó con una quita de subsidios, mientras que le bajaban o quitaban impuestos a sectores concentrados y exportadores. El déficit fiscal no solo no bajó, sino que aumentó por el peso de los intereses de la deuda, que terminó siendo, y aún es hoy, el gasto que más creció.

En este marco se dio una transformación en la política social llevada adelante por el Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de la ministra Carolina Stanley. Esta transformación tiene como consecuencia y se expresa en que quienes quedan excluidos del mercado, debido a la política económica señalada, son individuos que en vez de derechos, deben recibir “ayuda” o “favores” del Estado, como expresó la propia ministra Stanley.

Se pasa de una política basada en sujetos destinatarios de derechos a otra donde los individuos son considerados emprendedores que definen individualmente su destino, y que en caso de no integrarse al mercado laboral formal, deben recibir una asistencia del Estado.

En la práctica esta política social que implementa la Ministra Stanley perjudica a los sectores más castigados por la política económica neoliberal. En este sentido, desde la asunción de Cambiemos se procedió a la eliminación y recorte de 170 mil pensiones a personas con discapacidad sin mediar resolución y estudio de los casos previamente que fundara la medida, lo que ha perjudicado gravemente a ese colectivo social.

Por este motivo desde la comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados de la Nación hemos citado en varias oportunidades a la ministra durante 2017 para que brinde las explicaciones, pero sin embargo, no concurrió en ninguna oportunidad.

Luego el gobierno procedió de manera sorpresiva a la eliminación de la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad (CONADIS) y la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales mediante decreto de necesidad y urgencia N° 698/17 y creó la Agencia Nacional de Discapacidad. Esas instituciones dependían del Ministerio de Desarrollo Social, no así la nueva Agencia que se constituye como un ente descentralizado en la órbita de la Secretaría General de la Presidencia, con autarquía económico-financiera y personería jurídica propia.

Esta medida se tomó de manera unilateral, sin consulta previa a las organizaciones de personas con discapacidad ni al Congreso de la Nación. Sin embargo, gracias al trabajo conjunto entre las organizaciones del colectivo afectado y de algunos diputados de la comisión de discapacidad, se logró que la comisión bicameral de trámite legislativo dictaminara su invalidez. Pero el expediente quedó cajoneado, y el DNU sigue vigente.

Del marketinero Plan Nacional de Discapacidad que anunció el presidente de la Nación junto a la vicepresidenta Michetti, no tenemos aún noticias.

Otra de las medidas significativas que tomó el gobierno nacional en el área social fue subsumir los programas “Ellas Hacen” y “Argentina Trabaja” en el programa “Hacemos Futuro”. Por este motivo Stanley también fue citada al Congreso Nacional, pero la ministra tampoco acudió.

En el caso de “Ellas Hacen”, era un programa que se diseñó y puso en marcha en 2013 para mujeres sin techo y víctimas de violencia machista con el objetivo de que pudieran construir su propia casa y además recibir una remuneración mensual. Gracias a esa política pública muchas mujeres pudieron capacitarse en albañilería, electricidad, plomería y otros oficios que por lo general eran patrimonio de los varones.

Si bien el gobierno anunció la reconversión del programa negando su disolución, las beneficiarias del mismo han denunciado que hace dos años están sin actividad (Página 12, 2/4/2018). “Hacemos Futuro” plantea “mejorar las condiciones de empleabilidad promoviendo la autonomía económica” y establece como requisitos la terminalidad educativa, la capacitación y la actualización de los datos. De forma paradójica el mismo gobierno que cierra escuelas, exige la terminalidad educativa.

Este programa al mismo tiempo ya no exige a los beneficiarios formar parte de las cooperativas. Se prioriza así lo individual frente a lo colectivo en la lógica del “esfuerzo individual”. También se prioriza la lógica de gestión de las ONG y la tercerización de las políticas públicas.

Estas políticas asistenciales, como se menciona en un informe de la Fundación German Abdala sirven como contenedoras de la caída de la actividad laboral producto de la política económica, y no como dinamizadoras del consumo como sí se producía en el anterior gobierno.

Esta reconversión de los planes sociales no estaría funcionando ya que según una nota del diario La Nación, apenas 12.280 beneficiarios accedieron a puestos laborales en la gestión de Macri, cuando la expectativa era que llegara a 80.000 personas.

El gobierno desvinculó la problemática de la pobreza de lo laboral y la discusión sobre la desigualdad social. El discurso que justifica las políticas que la ministra Stanley lleva adelante se centra en el individuo aislado y en dar oportunidades.

Como señalamos al principio, no puede desvincularse este cambio en la política social de la política económica que aplica Cambiemos. Una política que es regresiva ya que concentra el ingreso y favorece la especulación financiera mediante la deuda. La industria nacional y el mercado interno se ven así seriamente afectados. Frente a esta situación que genera mayor exclusión social, la política que aplica la ministra profundiza la situación y hace responsable a los propios sectores populares mediante una mirada individualista.

Diputado Nacional Alberto Ciampini

Presidente de la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados de la Nación

 



El cierre de Ferrobaires pone en peligro de aislamiento a la región patagónica

 “Pienso vender todas las obras públicas, reproductivas, para pagar con ese oro nuestra deuda, porque estoy convencido de que el Estado es el peor de los administradores”.

 Juárez Celman, 1887

 

La decisión de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, de eliminar la Unidad Ejecutora del Programa Ferroviario bonaerense sumado al decreto 652 firmado por Mauricio Macri con el cual se desmantelarían líneas férreas de todo el país, genera una situación de riesgo para la comunicación y la conexión de la Patagonia con el resto del país.

La desaparición y el desmembramiento de las vías ferroviarias afectan a las poblaciones que residen en las localidades conectadas a través del tren, y contribuye a la desestructuración del país y al opacamiento de los emprendimientos regionales. El ferrocarril es un elemento esencial de la infraestructura para el desarrollo de un país integrado, y además vertebrador de las economías regionales, de su comunicación y su cultura.

En la reunión que mantuvimos desde el Bloque FPV-PJ junto a los trabajadores de Ferrobaires observamos la vulneración que tanto el ejecutivo de la provincia de Buenos Aires, como el poder central ejercían sobre los derechos de los trabajadores, pero también sobre el futuro de nuestra integración regional a través del levantamiento de las conexiones ferroviarias.

Entonces, ¿qué busca la gobernadora de la provincia más grande del país, con una decisión que puede terminar perjudicando a la integración del resto de las provincias?

El ferrocarril tiene funciones específicas a las cuales, la Nación no puede ni debe renunciar. En virtud de analizarlo con la lógica del costo beneficio de una empresa privada, sin ver todas las externalidades positivas y su función social, se abandonaron infraestructura y servicios de importancia estratégica condenando a la extinción a poblaciones enteras.

El avance hacia el desprendimiento de lo público, generado por una nueva oleada “promercado”, terminará afectando de manera irreversible a la integración patagónica. Cuestión que no puede ser subsumida a los intereses o decisiones de una gobernadora provincial, avasallando nuestro sistema federal. Poniendo en riesgo la conectividad frutícola, petrolera y turística de la norpatagonia.

Se entiende esta decisión en el marco de un gobierno que privilegia los negocios de la banca, de los grandes propietarios productores de la zona pampeana y los grandes exportadores. Esos intereses, como históricamente se expresó desde la conformación de nuestro país en el enfrentamiento entre unitarios y federales, no contemplan el federalismo ni la integración regional.

Alberto Ciampini



Prestación para hijas e hijos de familias afectadas por femicidios

En el año 1990 Argentina suscribió a la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Posteriormente incorporo dicho Tratado a nuestra Constitución Nacional en su artículo 75 inciso 22.

Ello implicó una cambio de paradigmas cambiando el sostén ideológico de las políticas para la niñez, dejando atrás para siempre el modelo de patronato que rigió en el país durante un siglo, como política social de atención a la población infantil, que dio lugar a la institucionalización de la niñez, fundamentalmente a los sectores más humildes de nuestra sociedad.

Desde el congreso, se sancionó la Ley Nº 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes produciendo un cambio significativo en materia de políticas de protección a la infancia y adolescencia.

El derecho de las niñas, niños y adolescentes a crecer y desarrollarse en su familia de origen forma parte del derecho a la Identidad. Las políticas públicas de niñez y adolescencia se elaborarán de acuerdo, entre otras pautas, al fortalecimiento del rol de la familia, obligando al Estado a establecer políticas, programas y asistencia apropiados para que la familia pueda asumir adecuadamente su responsabilidad.

Dichas normas comprometen al Estado Argentino ante la violencia de género a proporcionar servicios de orientación para toda la familia, así como cuidados y custodia de las niñas, niños y adolescentes afectados, y el deber de atender la múltiple vulnerabilidad a la violencia de género que padecen los menores de edad, ancianas, en situación socioeconómica desfavorable, afectadas por conflictos armados, de privación de su libertad o en razón de su orientación sexual, expresión o identidad de género.

Por ley N° 23.179 hemos aprobado la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y por la ley N° 24.632, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la mujer.

En virtud de ello, presenté en noviembre del año 2016, un proyecto para atender la situación de aquellos niños también víctimas de esta horrible realidad, que no solo se quedan sin la contención y afecto de uno de sus progenitores por muerte, sino que en la generalidad de los casos sin la asistencia del otro por privación de la libertad o suicidio. Si bien una prestación de tipo económica no resuelve la situación de niños que han padecido esta cruel vulneración en sus derechos, intenta mitigar su dolor, favoreciendo su crecimiento en el ámbito familiar, que también en la mayor parte de los casos se encuentra en serias dificultades de afrontar materialmente la crianza de los niños que han quedado huérfanos.

En el proyecto de Ley 7738-D-2016, propuse financiar esta medida con recursos de la ley N 22.359 que crea el Fondo Nacional del Menor y la Familia con los objetivos de otorgar becas y subsidios para ayuda de personas cuya protección y asistencia compete a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y financiar programas proteccionales.

En mayo de 2017, ingresó a la cámara de Diputados el proyecto de Ley conocido como “Ley Brisa”, que en el mismo sentido, propone crear un régimen de reparación económica y de cobertura de salud para niñas, niños y adolescentes, hijxs de víctimas de femicidio. Renovaremos nuestro pedido ante las autoridades del parlamento, y abogaremos también por el tratamiento del proyecto que ya cuenta con media sanción del Senado.  Debido a que ninguno fue tratado en las comisiones correspondientes, dilatando así la puesta en vigencia de estas leyes que buscan mitigar el asedio que día a día vivencian niños y niñas de nuestro país.



Preocupación por acciones de defensa británica en las Islas Malvinas

El diputado Alberto Ciampini presentó un proyecto de Resolución donde expresa preocupación por la compra, por parte del Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña, de un nuevo escudo  antimisiles con el objetivo de proteger el territorio ocupado en las islas del Atlántico Sur.

La adquisición del Ministerio de Defensa del Reino Unido, que forma parte de un paquete de modernización de sus fuerzas armadas y fortalecerá las defensas en todo el territorio del Atlántico Sur, se trata del “Sky Sabre system” que utiliza la tecnología de defensa aérea móvil Iron Dome y es capaz de interceptar cohetes de corto alcance y proyectiles de artillería. Al respecto el diario británico Daily Mail publicó el 22 de noviembre de 2017: “los jefes de defensa británicos compraron un escudo antimisiles para proteger las Islas Malvinas mientras Argentina refuerza su fuerza aérea”.

La tecnología detrás de Iron Dome fue generada por Mprest, una compañía creada por antiguos oficiales militares de Israel. Natan Barak, director ejecutivo de la misma, dijo que el trabajo principal del sistema en las Islas Malvinas será el de “coordinar las defensas aéreas y realizar un seguimiento de los aviones”.  “Hay tantos cambios geopolíticos en el mundo. Realmente no sabes lo que va a pasar en los próximos tres años, el conflicto y las amenazas están cambiando”. “Queremos asegurarnos de que nuestra plataforma sea capaz de hacer frente a la próxima guerra en la que no hemos pensado”, sostuvo.

Dicha acción incurre en el incumplimiento de la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que insta a resolver mediante el diálogo y la vía pacifica el proceso de descolonización de nuestro territorio. Dicha Resolución en su punto 4° pide a ambas naciones que se abstengan de realizar acciones unilaterales que modifiquen la situación actual.

 




EL DECRETO N º 882/2017, UNA NUEVA OLEADA PRIVATIZADORA

A través del decreto N º 882/2017 publicado el 1º de noviembre, el Gobierno Nacional impulsa la venta, cesión u otro mecanismo de transferencia de activos de centrales térmicas de generación eléctrica tales como “Ensenada de Barragán” y “Brigadier López”, Central Termoeléctrica Manuel Belgrano, Termoeléctrica José de San Martín (Central Timbúes), Termoeléctrica Vuelta de Obligado y Termoeléctrica Guillermo Brown. A su vez estimula la venta de participaciones accionarias en Central Dique Sociedad Anónima, Central Térmica Güemes Sociedad Anónima, Central Puerto Sociedad Anónima, Centrales Térmicas Patagónicas, y Dioxitek Sociedad Anónima. Esta última, la cual es perteneciente a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), abastece y produce suministro de Dióxido de Uranio para alimentar las centrales nucleares argentinas. La privatización de las acciones clase “C”, que implica el 51por ciento de Dioxitek, significa que este insumo, vital para la fabricación de los combustibles nucleares, dependerá de la decisión de un actor privado y pondrá en riesgo el Plan Nuclear Argentino lanzado en 2006. Asimismo el decreto autoriza el desprendimiento de la participación accionaria de ENARSA en la Compañía Inversora de Transmisión Eléctrica CITELEC.

La normativa establece que ENARSA pasa a denominarse Integración Energética Argentina S.A. a partir de la fusión con Emprendimientos Energéticos Binacionales S.A. (EBISA). Esto abre la posibilidad de una futura privatización de la misma y con ello de las obras energéticas proyectadas o en construcción. Se pueden mencionar en ese sentido los proyectos de aprovechamiento hidroeléctricos del Río Santa Cruz de los cuales se afirma en el decreto “resulta conveniente otorgar a ENARSA la concesión para la explotación de las centrales de generación eléctrica referidas, la que podrá ser transferida a empresas del sector privado, mediante el desarrollo de un procedimiento público y competitivo”.

La normativa además establece para las mencionadas obras en Santa Cruz, hasta hoy “Presidente Néstor Kirchner” y “Gobernador Jorge Cepernic”, el cambio de denominación por “La Barrancosa” y “Condor Cliff”, hecho que se enmarca en un conjunto de acciones simbólicas del gobierno actual por darle una interpretación particular a la historia.

El gobierno profundiza así la perdida de capacidad regulatoria del Estado en un sector clave para la soberanía y el desarrollo nacional como es el energético, abriendo paso a un proceso de extranjerización. En efecto, los números de la producción de petróleo y gas de los últimos dos años muestran una fuerte caída, mientras aumentan las importaciones de combustible, y sigue sin advertirse la anunciada “lluvia de inversiones”.

Por otro lado, una vez mas Gobierno toma medidas trascendentes para el país ignorando al Congreso Nacional. Quienes fueron elegidos bajo la identificación y la promesa de republicanismo, diálogo y consenso, llevan adelante sistemáticamente acciones que están en las antípodas, como el mencionado decreto y otros tantos: la modificación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual; la flexibilización de la Ley de Tierras; la designación de Jueces de la Corte Suprema por decreto; el decreto que permite a los familiares de funcionarios entrar al blanqueo; o el reciente decreto de anulación de la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad (CONADIS) sin consultar a las organizaciones de la sociedad civil.

Las políticas implementadas por el Ejecutivo han perjudicado sistemáticamente la mayoría de los argentinos, y solo benefician a los grandes grupos económicos. La venta de patrimonio público y la apertura económica importadora redundará en una mayor pérdida de soberanía nacional y el cierre de nuestras industrias. De esta manera el gobierno impulsa un drástico cambio estructural regresivo que se completa con el reciente anuncio de reforma de flexibilización laboral. Es una historia que los argentinos ya conocemos y hemos atravesado durante el largo ciclo neoliberal que colapsó a fines de 2001.