Categoría: Comunicados

Preocupación por acciones de defensa británica en las Islas Malvinas

El diputado Alberto Ciampini presentó un proyecto de Resolución donde expresa preocupación por la compra, por parte del Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña, de un nuevo escudo  antimisiles con el objetivo de proteger el territorio ocupado en las islas del Atlántico Sur.

La adquisición del Ministerio de Defensa del Reino Unido, que forma parte de un paquete de modernización de sus fuerzas armadas y fortalecerá las defensas en todo el territorio del Atlántico Sur, se trata del “Sky Sabre system” que utiliza la tecnología de defensa aérea móvil Iron Dome y es capaz de interceptar cohetes de corto alcance y proyectiles de artillería. Al respecto el diario británico Daily Mail publicó el 22 de noviembre de 2017: “los jefes de defensa británicos compraron un escudo antimisiles para proteger las Islas Malvinas mientras Argentina refuerza su fuerza aérea”.

La tecnología detrás de Iron Dome fue generada por Mprest, una compañía creada por antiguos oficiales militares de Israel. Natan Barak, director ejecutivo de la misma, dijo que el trabajo principal del sistema en las Islas Malvinas será el de “coordinar las defensas aéreas y realizar un seguimiento de los aviones”.  “Hay tantos cambios geopolíticos en el mundo. Realmente no sabes lo que va a pasar en los próximos tres años, el conflicto y las amenazas están cambiando”. “Queremos asegurarnos de que nuestra plataforma sea capaz de hacer frente a la próxima guerra en la que no hemos pensado”, sostuvo.

Dicha acción incurre en el incumplimiento de la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que insta a resolver mediante el diálogo y la vía pacifica el proceso de descolonización de nuestro territorio. Dicha Resolución en su punto 4° pide a ambas naciones que se abstengan de realizar acciones unilaterales que modifiquen la situación actual.

 




EL DECRETO N º 882/2017, UNA NUEVA OLEADA PRIVATIZADORA

A través del decreto N º 882/2017 publicado el 1º de noviembre, el Gobierno Nacional impulsa la venta, cesión u otro mecanismo de transferencia de activos de centrales térmicas de generación eléctrica tales como “Ensenada de Barragán” y “Brigadier López”, Central Termoeléctrica Manuel Belgrano, Termoeléctrica José de San Martín (Central Timbúes), Termoeléctrica Vuelta de Obligado y Termoeléctrica Guillermo Brown. A su vez estimula la venta de participaciones accionarias en Central Dique Sociedad Anónima, Central Térmica Güemes Sociedad Anónima, Central Puerto Sociedad Anónima, Centrales Térmicas Patagónicas, y Dioxitek Sociedad Anónima. Esta última, la cual es perteneciente a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), abastece y produce suministro de Dióxido de Uranio para alimentar las centrales nucleares argentinas. La privatización de las acciones clase “C”, que implica el 51por ciento de Dioxitek, significa que este insumo, vital para la fabricación de los combustibles nucleares, dependerá de la decisión de un actor privado y pondrá en riesgo el Plan Nuclear Argentino lanzado en 2006. Asimismo el decreto autoriza el desprendimiento de la participación accionaria de ENARSA en la Compañía Inversora de Transmisión Eléctrica CITELEC.

La normativa establece que ENARSA pasa a denominarse Integración Energética Argentina S.A. a partir de la fusión con Emprendimientos Energéticos Binacionales S.A. (EBISA). Esto abre la posibilidad de una futura privatización de la misma y con ello de las obras energéticas proyectadas o en construcción. Se pueden mencionar en ese sentido los proyectos de aprovechamiento hidroeléctricos del Río Santa Cruz de los cuales se afirma en el decreto “resulta conveniente otorgar a ENARSA la concesión para la explotación de las centrales de generación eléctrica referidas, la que podrá ser transferida a empresas del sector privado, mediante el desarrollo de un procedimiento público y competitivo”.

La normativa además establece para las mencionadas obras en Santa Cruz, hasta hoy “Presidente Néstor Kirchner” y “Gobernador Jorge Cepernic”, el cambio de denominación por “La Barrancosa” y “Condor Cliff”, hecho que se enmarca en un conjunto de acciones simbólicas del gobierno actual por darle una interpretación particular a la historia.

El gobierno profundiza así la perdida de capacidad regulatoria del Estado en un sector clave para la soberanía y el desarrollo nacional como es el energético, abriendo paso a un proceso de extranjerización. En efecto, los números de la producción de petróleo y gas de los últimos dos años muestran una fuerte caída, mientras aumentan las importaciones de combustible, y sigue sin advertirse la anunciada “lluvia de inversiones”.

Por otro lado, una vez mas Gobierno toma medidas trascendentes para el país ignorando al Congreso Nacional. Quienes fueron elegidos bajo la identificación y la promesa de republicanismo, diálogo y consenso, llevan adelante sistemáticamente acciones que están en las antípodas, como el mencionado decreto y otros tantos: la modificación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual; la flexibilización de la Ley de Tierras; la designación de Jueces de la Corte Suprema por decreto; el decreto que permite a los familiares de funcionarios entrar al blanqueo; o el reciente decreto de anulación de la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad (CONADIS) sin consultar a las organizaciones de la sociedad civil.

Las políticas implementadas por el Ejecutivo han perjudicado sistemáticamente la mayoría de los argentinos, y solo benefician a los grandes grupos económicos. La venta de patrimonio público y la apertura económica importadora redundará en una mayor pérdida de soberanía nacional y el cierre de nuestras industrias. De esta manera el gobierno impulsa un drástico cambio estructural regresivo que se completa con el reciente anuncio de reforma de flexibilización laboral. Es una historia que los argentinos ya conocemos y hemos atravesado durante el largo ciclo neoliberal que colapsó a fines de 2001.



COMUNICADO DE PRENSA DEL BLOQUE DE DIPUTDOS DEL FPV-PJ

El bloque de diputados nacionales FPV-PJ que preside Héctor Recalde quiere expresar, ante las insólitas versiones que afirman que este espacio “dejó solo” al compañero Julio De Vido, que si el oficialismo y sus aliados no hubieran alcanzado los dos tercios de los votos, el bloque hubiese dado la discusión en el recinto.

Nuestra decisión se basó en no convalidar lo que entendemos es una persecución a los opositores. Por ello denunciamos en conferencia de prensa al grupo de jueces y fiscales que, siguiendo las instrucciones que les da el Ejecutivo, actúa de manera sesgada y persecutoria contra nuestros compañeros.

Esta persecución se registra también contra Milagro Sala, presa política en Argentina pese a los pronunciamientos de la ONU y la OEA, y en la cruenta obsesión por destituir a la procuradora general de la nación, Alejandra Gils Carbó.

También denunciamos que no se produce avance alguno en las investigaciones de causas como los Panamá Papers, las escuchas ilegales a opositores, el Correo Argentino, el soterramiento del Sarmiento, el blanqueo de familiares del presidente Macri y de los contratistas que son el germen de la corrupción.

Además, desde hace dos años el oficialismo se niega a constituir la bicameral que debe investigar las complicidades civiles y económicas con la dictadura, y hace un año se resiste a tratar nuestro proyecto para crear una comisión bicameral que audite toda la obra pública de 2003 a la fecha.

Todas estas actitudes y violaciones manifiestas del orden institucional que lleva a cabo casi a diario el gobierno nacional llevan a que nuestra democracia sea de muy baja intensidad.



COMUNICADO DE PRENSA DEL BLOQUE DE DIPUTDOS DEL FPV-PJ

El bloque de diputados nacionales FPV-PJ que preside Héctor Recalde quiere expresar, ante las insólitas versiones que afirman que este espacio “dejó solo” al compañero Julio De Vido, que si el oficialismo y sus aliados no hubieran alcanzado los dos tercios de los votos, el bloque hubiese dado la discusión en el recinto.

Nuestra decisión se basó en no convalidar lo que entendemos es una persecución a los opositores. Por ello denunciamos en conferencia de prensa al grupo de jueces y fiscales que, siguiendo las instrucciones que les da el Ejecutivo, actúa de manera sesgada y persecutoria contra nuestros compañeros.

Esta persecución se registra también contra Milagro Sala, presa política en Argentina pese a los pronunciamientos de la ONU y la OEA, y en la cruenta obsesión por destituir a la procuradora general de la nación, Alejandra Gils Carbó.

También denunciamos que no se produce avance alguno en las investigaciones de causas como los Panamá Papers, las escuchas ilegales a opositores, el Correo Argentino, el soterramiento del Sarmiento, el blanqueo de familiares del presidente Macri y de los contratistas que son el germen de la corrupción.

Además, desde hace dos años el oficialismo se niega a constituir la bicameral que debe investigar las complicidades civiles y económicas con la dictadura, y hace un año se resiste a tratar nuestro proyecto para crear una comisión bicameral que audite toda la obra pública de 2003 a la fecha.

Todas estas actitudes y violaciones manifiestas del orden institucional que lleva a cabo casi a diario el gobierno nacional llevan a que nuestra democracia sea de muy baja intensidad.



MACRI Y MORALES “SECUESTRARON” A MILAGRO SALA

Para el bloque de diputados y diputadas nacionales del FPV-PJ, que preside Héctor Recalde, el injustificado traslado por la fuerza de Milagro Sala a la cárcel, constituye un nuevo acto de provocación y persecución política por parte del gobernador Gerardo Morales, a quien ya no le alcanza con no cumplir con la resolución de la CIDH sino que incurre en un eventual “secuestro” de la dirigente social.

En Jujuy no hay garantías constitucionales ni respeto al debido proceso. Morales controla al Poder Judicial a la que le dicta que medidas y fallos debe hacer en contra de Milagro.

Morales y Macri evaden la responsabilidad que el Estado Nacional tiene en el cumplimiento de las resoluciones de la CIDH. Esto es muy importante porque el gobierno nacional consiguió en poco tiempo manchar la imagen ejemplar del país en el mundo en su lucha en favor de la defensa de los Derechos Humanos.

Macri y Morales siguen perjudicando su imagen internacional, dado que cada vez que el presidente viaja al exterior es interpelado por la detención de Sala y la desaparición forzada de Santiago Maldonado.

Desplegaron una vez más todo su odio racista contra Milagro, sobre quien descargan su saña y sed de revanchismo de clase al arrancarla de su detención domiciliaria por la fuerza, en pijamas y descalza.



DIPUTADOS DEL FPV-PJ SE COMPROMETIERON A INTENTAR ANULAR UN DNU QUE AFECTA LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

os diputados nacionales Marcos Cleri, presidente de la bicameral de Trámite Legislativo; Alberto Ciampini, presidente de la comisión de Discapacidad; y las diputadas Diana Conti y Lucila Masin, recibieron hoy a representantes de las secretarías de discapacidad de ATE Capital y ATE Congreso, quienes expresaron su preocupación por el DNU 698/17, que eliminó organismos y comisiones que defendían los derechos de las personas con discapacidad.

También expresaron su inquietud por las bajas que se han producido en los cupos para personas con discapacidad en el transporte público y por la caída en los cupos que la ley exige a los organismos públicos, así como ante las bajas en pensiones para personas con discapacidad.

Los legisladores -que hoy en la comisión de Discapacidad de la Cámara elaboraron un documento denunciando esta situación- se comprometieron a realizar el martes 26 a las 15 una reunión con todas las organizaciones que defienden los derechos de las personas con discapacidad, y a trabajar para sumar las voluntades que permitan rechazar el DNU en la bicameral de Trámite Legislativo.