Categoría: Comunicados

Base militar de EEUU. Pedido de interpelación a Oscar Aguad

Diputados de Neuquén y Río Negro citaron en forma inmediata al ministro de Defensa Oscar Aguad, al Congreso nacional para ser interpelado -en sesión especial- ante la inminente instalación de una base militar de Estados Unidos en la provincia de Neuquén, a escasos kilómetros de la capital.

El pedido se realizó en los términos de los artículos 71 de la Constitución Nacional y 204 del Reglamento la cámara baja y fue firmado por los diputados neuquinos Alberto Ciampini y Darío Martínez yy la diputadas rionegrinas Silvia Horne y María Emilia Soria, entre otros.

Los legisladores señalan que si “la base se construirá con fondos donados por el US. Southern Command, es decir el Comando Sur de los Estados Unidos, se trata de un organismo militar que en su propia página web describe que “el Comando Sur de EE.UU. aprovecha las capacidades de respuesta rápida, la colaboración de naciones socias y la cooperación regional dentro de nuestra área de responsabilidad para apoyar los objetivos de seguridad nacional de los EE.UU, defender los acercamientos sureños de Estados Unidos y promover la seguridad y la estabilidad regional”.

En razón de que el artículo 75 inciso 28 de la Constitución Nacional establece la necesidad de autorización de este Congreso de la Nación para introducir tropas extranjeras, los diputados se preguntan ¿Por qué no se ha tramitado debidamente un pedido de autorización del Congreso? y ¿Cuál es el motivo por el cual no se ha seguido el procedimiento de la Ley 25.880, referido a la solicitud a este Congreso de la Nación de autorización para permitir la entrada de tropas extranjeras al territorio argentino?”.

En otro orden advierten los legisladores que “la Autovía Norte, donde se asentará la base, une a través de 19 kilómetros las cuatro principales ciudades de la región lindantes a Vaca Muerta (y a Neuquén Capital) y es un punto estratégico que tiene acceso al aeropuerto” y destacan la importancia geoestratégica de la locación en la que se construiría la base.

También requieren adoptar medidas de protección del recurso natural, “en atención a que Neuquén tiene una de las reservas de agua más importante del país, donde confluyen los ríos Limay y Neuquén”.

 

Fuente: https://www.adnrionegro.com.ar/2018/06/diputados-alertan-por-base-militar-de-ee-uu-en-neuquen/

 



El director de Agencia Nacional de Discapacidad no concurrió al Congreso

El director de la Agencia Nacional de Discapacidad, Javier Ureta Sáenz Peña, no se presentó a la citación efectuada por la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados. Tampoco asistieron los diputados del oficialismo, que dejaron sin quorum la Comisión de Discapacidad. 

 El diputado Alberto Ciampini, presidente de la Comisión de Discapacidad convocó a Javier Ureta Sáenz Peña, director de la ANADIS (Agencia Nacional de Discapacidad) para transmitirle las preocupaciones expresadas por el conjunto de asociaciones perjudicadas por las medidas de ajuste implementadas por el gobierno nacional.

A lo largo del año se realizaron distintas reuniones promovidas por la Comisión con trabajadores, pensionados, y agrupaciones de y para personas con discapacidad. “En cada una de los encuentros escuchamos todas las voces, y la convocatoria al funcionario tenía el objetivo de expresarle de forma institucional todos los reclamos y las preocupaciones que nos vienen comunicando y que vamos observando” sostuvo Ciampini.

“Continuando con la línea de distintos funcionarios del ejecutivo de no concurrir a las citaciones de la Comisión, Ureta Sáenz Peña ni siquiera respondió a la convocatoria, no asistió al parlamento, y por ende negó así la posibilidad de brindar explicaciones a la sociedad”, expresó el Diputado.

Los diputados de la oposición esperaron los minutos reglamentarios, pero Ureta no asistió. Desde la llegada de Cambiemos al gobierno se dieron de baja 170.000 pensiones, y otra enorme cantidad se encuentran rechazadas en su último proceso de autorización. “Con la creación de la Agencia Nacional de Discapacidad, se procedió a un recorte indiscriminado y a una serie de despidos que continúan sin resolución”.

Ciampini recordó que “la Comisión continúa por tercer año consecutivo con la intención de convertir en Ley el Proyecto integral de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, modificando la lógica asistencialista de la ley 22.431 por una que contenga los principios de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que incluyen la autodeterminación, los sistemas de apoyo y derribar las barreras que obstaculizan la igualdad de oportunidades”.



Macri miente

Nuevamente el presidente enviste contra nuestra región, asegurando que consumimos 4 o 5 veces más gas que la ciudad de Montevideo en Uruguay.

En una nueva búsqueda de montar un falso escenario para quitar el subsidio al gas a las provincias patagónicas, mezcla peras con manzanas.

Es que el Señor Presidente omite decir, para sostener su mentira, que en Uruguay existe un fuerte subsidio a la energía eléctrica, por lo cual utilizan esa energía para cocinar y calefaccionar sus viviendas. En la Patagonia, y mayormente en Argentina, utilizamos el gas.

Pero sus afirmaciones falaces no quedan ahí. La temperatura media en invierno en Montevideo es de 7ºC, mientras que el promedio en la región patagónica es de 0.7ºC, es decir 10 veces menos que en la capital uruguaya.

En su omisión maliciosa para montar un falso escenario digno de Jaime Durán Barba, el presidente debería recurrir a la sabiduría de la naturaleza, que demuestra con pruebas contundentes que en las provincias patagónicas hay gas porque hace frío, ni más ni menos.

Las provincias patagónicas producen el 80% de gas del país, y solo consumimos el 15% de toda la generación de gas de la Argentina, que además exportamos a Uruguay, país que no produce esa energía.

Le exigimos a Mauricio Macri abandonar la afirmación de que en la Patagonia se calefaccionan las veredas a través de losa radiante y le recordamos que ya fue desmentido por el propio vecino de la capital santacruceña acusado de esa burda mentira. Esa falsa realidad solamente fue parte de una operación político mediática de Eduardo Feinmann, potenciada por usted de manera maliciosa e irresponsable en virtud del cargo que ejerce.

Desde el 15 de noviembre de 2015, en el debate previo al ballotage que lo convirtió en presidente, Mauricio Macri incurre en mentiras. Desde el momento que asumió la mayor magistratura nacional mira a la Patagonia con la nuca.

Le pedimos perdón por vivir en una región donde hace frío, que es un paraíso por sus bellezas naturales, que produce el gas que utilizan todos los argentinos. Señor presidente, nos encanta habitar esta hermosa región de la Argentina, porque antes de ser patagónicos, somos argentinos.

 

Firmamos:

Legisladores nacionales: Marcelo Fuentes (Senador Nacional – Neuquén), Darío Martínez (Diputado Nacional – Neuquén), Alberto Ciampini (Diputado Nacional – Neuquén)

Nancy González (Senadora Nacional – Chubut), Santiago Igon (Diputado Naciónal – Chubut), Ana Llanos Massa (Diputada Nacional – Chubut) , Ana María Ianni (Senadora Nacional – Sta. Cruz), Máximo Kirchner (Diputado Nacional – Santa Cruz), Juan Benedicto Vázquez (Diputado Nacional – Santa Cruz), Matías Rodríguez (Diputado Nacional – Tierra del Fuego), Martín Pérez (Diputado Nacional – Tierra del Fuego), Ana Luz Carol (Diputada Nacional – Tierra del Fuego), Magdalena Odarda (Senadora Nacional – Río Negro), Silvina García Larraburu (Senadora Nacional – Río Negro), María Emilia Soria (Diputada Nacional – Río Negro), Martín Doñate (Diputado Nacional – Río Negro).

Intendentes: Gustavo González (Puerto Deseado – Sta. Cruz), Federico Bodlovic (Piedra Buena – Santa Cruz), Néstor Gonzalez (Puerto Santa Cruz – Santa Cruz), Guillermo Mercado (Los Antiguos – Santa Cruz), Mauro Casarini (Perito Moreno – Santa Cruz), Héctor Vidal (Gob. Gregores – Santa Cruz), Javier Belloni (El Calafate – Santa Cruz), Hugo Garay (28 de Noviembre – Santa Cruz), Raúl Andrade (El Chaltén – Santa Cruz), Atanacio Pérez Osuna (Río Turbio – Santa Cruz), Walter Vuoto (Ushuaia – Tierra del Fuego), Pablo Delgado (Beltrán – Río Negro), David Mendoza (Belisle – Río Negro), Martín Soria (General Roca – Río Negro), Saúl Echeveste (Telén – La Pampa), Vilma Millán (Vice intendenta 25 de Mayo – La Pampa).



El cambio de paradigma en la política social que aplica la ministra Stanley

La política social que lleva adelante el gobierno de Macri está directamente relacionada con su política económica. En efecto, la implementación de un modelo de apertura económica, sumado al fuerte proceso de endeudamiento externo con altas tasas de interés, tienen como consecuencia la desindustrialización, que genera un aumento de la desocupación, un crecimiento del empleo informal y por ende, la destrucción del mercado interno.

En paralelo, con el objetivo de bajar el déficit fiscal, el gobierno aplicó tarifazos a los servicios públicos y comenzó con una quita de subsidios, mientras que le bajaban o quitaban impuestos a sectores concentrados y exportadores. El déficit fiscal no solo no bajó, sino que aumentó por el peso de los intereses de la deuda, que terminó siendo, y aún es hoy, el gasto que más creció.

En este marco se dio una transformación en la política social llevada adelante por el Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de la ministra Carolina Stanley. Esta transformación tiene como consecuencia y se expresa en que quienes quedan excluidos del mercado, debido a la política económica señalada, son individuos que en vez de derechos, deben recibir “ayuda” o “favores” del Estado, como expresó la propia ministra Stanley.

Se pasa de una política basada en sujetos destinatarios de derechos a otra donde los individuos son considerados emprendedores que definen individualmente su destino, y que en caso de no integrarse al mercado laboral formal, deben recibir una asistencia del Estado.

En la práctica esta política social que implementa la Ministra Stanley perjudica a los sectores más castigados por la política económica neoliberal. En este sentido, desde la asunción de Cambiemos se procedió a la eliminación y recorte de 170 mil pensiones a personas con discapacidad sin mediar resolución y estudio de los casos previamente que fundara la medida, lo que ha perjudicado gravemente a ese colectivo social.

Por este motivo desde la comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados de la Nación hemos citado en varias oportunidades a la ministra durante 2017 para que brinde las explicaciones, pero sin embargo, no concurrió en ninguna oportunidad.

Luego el gobierno procedió de manera sorpresiva a la eliminación de la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad (CONADIS) y la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales mediante decreto de necesidad y urgencia N° 698/17 y creó la Agencia Nacional de Discapacidad. Esas instituciones dependían del Ministerio de Desarrollo Social, no así la nueva Agencia que se constituye como un ente descentralizado en la órbita de la Secretaría General de la Presidencia, con autarquía económico-financiera y personería jurídica propia.

Esta medida se tomó de manera unilateral, sin consulta previa a las organizaciones de personas con discapacidad ni al Congreso de la Nación. Sin embargo, gracias al trabajo conjunto entre las organizaciones del colectivo afectado y de algunos diputados de la comisión de discapacidad, se logró que la comisión bicameral de trámite legislativo dictaminara su invalidez. Pero el expediente quedó cajoneado, y el DNU sigue vigente.

Del marketinero Plan Nacional de Discapacidad que anunció el presidente de la Nación junto a la vicepresidenta Michetti, no tenemos aún noticias.

Otra de las medidas significativas que tomó el gobierno nacional en el área social fue subsumir los programas “Ellas Hacen” y “Argentina Trabaja” en el programa “Hacemos Futuro”. Por este motivo Stanley también fue citada al Congreso Nacional, pero la ministra tampoco acudió.

En el caso de “Ellas Hacen”, era un programa que se diseñó y puso en marcha en 2013 para mujeres sin techo y víctimas de violencia machista con el objetivo de que pudieran construir su propia casa y además recibir una remuneración mensual. Gracias a esa política pública muchas mujeres pudieron capacitarse en albañilería, electricidad, plomería y otros oficios que por lo general eran patrimonio de los varones.

Si bien el gobierno anunció la reconversión del programa negando su disolución, las beneficiarias del mismo han denunciado que hace dos años están sin actividad (Página 12, 2/4/2018). “Hacemos Futuro” plantea “mejorar las condiciones de empleabilidad promoviendo la autonomía económica” y establece como requisitos la terminalidad educativa, la capacitación y la actualización de los datos. De forma paradójica el mismo gobierno que cierra escuelas, exige la terminalidad educativa.

Este programa al mismo tiempo ya no exige a los beneficiarios formar parte de las cooperativas. Se prioriza así lo individual frente a lo colectivo en la lógica del “esfuerzo individual”. También se prioriza la lógica de gestión de las ONG y la tercerización de las políticas públicas.

Estas políticas asistenciales, como se menciona en un informe de la Fundación German Abdala sirven como contenedoras de la caída de la actividad laboral producto de la política económica, y no como dinamizadoras del consumo como sí se producía en el anterior gobierno.

Esta reconversión de los planes sociales no estaría funcionando ya que según una nota del diario La Nación, apenas 12.280 beneficiarios accedieron a puestos laborales en la gestión de Macri, cuando la expectativa era que llegara a 80.000 personas.

El gobierno desvinculó la problemática de la pobreza de lo laboral y la discusión sobre la desigualdad social. El discurso que justifica las políticas que la ministra Stanley lleva adelante se centra en el individuo aislado y en dar oportunidades.

Como señalamos al principio, no puede desvincularse este cambio en la política social de la política económica que aplica Cambiemos. Una política que es regresiva ya que concentra el ingreso y favorece la especulación financiera mediante la deuda. La industria nacional y el mercado interno se ven así seriamente afectados. Frente a esta situación que genera mayor exclusión social, la política que aplica la ministra profundiza la situación y hace responsable a los propios sectores populares mediante una mirada individualista.

Diputado Nacional Alberto Ciampini

Presidente de la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados de la Nación

 



El cierre de Ferrobaires pone en peligro de aislamiento a la región patagónica

 “Pienso vender todas las obras públicas, reproductivas, para pagar con ese oro nuestra deuda, porque estoy convencido de que el Estado es el peor de los administradores”.

 Juárez Celman, 1887

 

La decisión de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, de eliminar la Unidad Ejecutora del Programa Ferroviario bonaerense sumado al decreto 652 firmado por Mauricio Macri con el cual se desmantelarían líneas férreas de todo el país, genera una situación de riesgo para la comunicación y la conexión de la Patagonia con el resto del país.

La desaparición y el desmembramiento de las vías ferroviarias afectan a las poblaciones que residen en las localidades conectadas a través del tren, y contribuye a la desestructuración del país y al opacamiento de los emprendimientos regionales. El ferrocarril es un elemento esencial de la infraestructura para el desarrollo de un país integrado, y además vertebrador de las economías regionales, de su comunicación y su cultura.

En la reunión que mantuvimos desde el Bloque FPV-PJ junto a los trabajadores de Ferrobaires observamos la vulneración que tanto el ejecutivo de la provincia de Buenos Aires, como el poder central ejercían sobre los derechos de los trabajadores, pero también sobre el futuro de nuestra integración regional a través del levantamiento de las conexiones ferroviarias.

Entonces, ¿qué busca la gobernadora de la provincia más grande del país, con una decisión que puede terminar perjudicando a la integración del resto de las provincias?

El ferrocarril tiene funciones específicas a las cuales, la Nación no puede ni debe renunciar. En virtud de analizarlo con la lógica del costo beneficio de una empresa privada, sin ver todas las externalidades positivas y su función social, se abandonaron infraestructura y servicios de importancia estratégica condenando a la extinción a poblaciones enteras.

El avance hacia el desprendimiento de lo público, generado por una nueva oleada “promercado”, terminará afectando de manera irreversible a la integración patagónica. Cuestión que no puede ser subsumida a los intereses o decisiones de una gobernadora provincial, avasallando nuestro sistema federal. Poniendo en riesgo la conectividad frutícola, petrolera y turística de la norpatagonia.

Se entiende esta decisión en el marco de un gobierno que privilegia los negocios de la banca, de los grandes propietarios productores de la zona pampeana y los grandes exportadores. Esos intereses, como históricamente se expresó desde la conformación de nuestro país en el enfrentamiento entre unitarios y federales, no contemplan el federalismo ni la integración regional.

Alberto Ciampini



Prestación para hijas e hijos de familias afectadas por femicidios

En el año 1990 Argentina suscribió a la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Posteriormente incorporo dicho Tratado a nuestra Constitución Nacional en su artículo 75 inciso 22.

Ello implicó una cambio de paradigmas cambiando el sostén ideológico de las políticas para la niñez, dejando atrás para siempre el modelo de patronato que rigió en el país durante un siglo, como política social de atención a la población infantil, que dio lugar a la institucionalización de la niñez, fundamentalmente a los sectores más humildes de nuestra sociedad.

Desde el congreso, se sancionó la Ley Nº 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes produciendo un cambio significativo en materia de políticas de protección a la infancia y adolescencia.

El derecho de las niñas, niños y adolescentes a crecer y desarrollarse en su familia de origen forma parte del derecho a la Identidad. Las políticas públicas de niñez y adolescencia se elaborarán de acuerdo, entre otras pautas, al fortalecimiento del rol de la familia, obligando al Estado a establecer políticas, programas y asistencia apropiados para que la familia pueda asumir adecuadamente su responsabilidad.

Dichas normas comprometen al Estado Argentino ante la violencia de género a proporcionar servicios de orientación para toda la familia, así como cuidados y custodia de las niñas, niños y adolescentes afectados, y el deber de atender la múltiple vulnerabilidad a la violencia de género que padecen los menores de edad, ancianas, en situación socioeconómica desfavorable, afectadas por conflictos armados, de privación de su libertad o en razón de su orientación sexual, expresión o identidad de género.

Por ley N° 23.179 hemos aprobado la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y por la ley N° 24.632, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la mujer.

En virtud de ello, presenté en noviembre del año 2016, un proyecto para atender la situación de aquellos niños también víctimas de esta horrible realidad, que no solo se quedan sin la contención y afecto de uno de sus progenitores por muerte, sino que en la generalidad de los casos sin la asistencia del otro por privación de la libertad o suicidio. Si bien una prestación de tipo económica no resuelve la situación de niños que han padecido esta cruel vulneración en sus derechos, intenta mitigar su dolor, favoreciendo su crecimiento en el ámbito familiar, que también en la mayor parte de los casos se encuentra en serias dificultades de afrontar materialmente la crianza de los niños que han quedado huérfanos.

En el proyecto de Ley 7738-D-2016, propuse financiar esta medida con recursos de la ley N 22.359 que crea el Fondo Nacional del Menor y la Familia con los objetivos de otorgar becas y subsidios para ayuda de personas cuya protección y asistencia compete a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y financiar programas proteccionales.

En mayo de 2017, ingresó a la cámara de Diputados el proyecto de Ley conocido como “Ley Brisa”, que en el mismo sentido, propone crear un régimen de reparación económica y de cobertura de salud para niñas, niños y adolescentes, hijxs de víctimas de femicidio. Renovaremos nuestro pedido ante las autoridades del parlamento, y abogaremos también por el tratamiento del proyecto que ya cuenta con media sanción del Senado.  Debido a que ninguno fue tratado en las comisiones correspondientes, dilatando así la puesta en vigencia de estas leyes que buscan mitigar el asedio que día a día vivencian niños y niñas de nuestro país.