El Gobierno cumple mil días de retrocesos, involución y deterioro.

Por Alberto Ciampini

Mauricio Macri acaba de cumplir 1000 días al frente de la Presidencia, el 4 de septiembre pasado. Lo hizo hundido en una “tormenta”, tal como la definió. El dólar cotiza en torno a los $40 (un 100% más alto que a comienzos de la corrida cambiaria, a fines de abril) y todas las cifras previstas en el Presupuesto 2018 han perdido relevancia: se espera una inflación del 42% anual (27 puntos por encima de la proyección) y el crecimiento, que había sido pautado en 3,5% anual, caerá al menos en un 2,4%, de acuerdo a lo admitido por el ministro de Hacienda y Finanzas, Nicolás Dujovne.

El día anterior, 3 de septiembre, el presidente Macri se dirigió al país con un discurso grabado. Pudimos escuchar fundamentos como estos:

En estos meses se desataron todas las tormentas juntas. Debemos madurar como sociedad y no seguir viviendo por arriba de nuestras posibilidades. Recibimos un Estado que gastaba aún mucho más de lo que recaudaba. Por una mala política del gobierno anterior, actualmente importamos petróleo. En buena parte por cuestiones que están fuera de nuestro control: sufrimos la peor sequía en más de medio siglo. China y Estados Unidos empezaron una batalla comercial que perjudicó a países como el nuestro. Pasaron cosas que volvieron a sembrar dudas: unas fueron los problemas de Turquía y sobre todo en Brasil. El escándalo de los cuadernos. Hoy nos toca recorrer un momento difícil. Miremos la película y no la foto. Gobernar un país cuesta. Estos fueron los peores cinco meses de mi vida.

¿Pero qué pasó desde el 10 de diciembre de 2015, cuando se puso en acción el aclamado “mejor equipo de los últimos 50 años”?

A pocos días del recambio presidencial, una de las decisiones más importantes fue quitarle el “cepo” al dólar y unificar el tipo de cambio. El precio de la divisa estadounidense pasó de $9,80 a $14,50. La devaluación fue casi del 50%. Las regulaciones en el sistema financiero y las barreras comerciales fueron removidas. La fuga de dinero del circuito económico hacia destinos externos comenzó a ser una característica inherente al modelo económico. Las importaciones subieron, las exportaciones bajaron. La balanza comercial es cada vez más deficitaria.

El gobierno oficializó la reducción y quita de retenciones al campo y la minería. Como consecuencia, las arcas del Estado no cuentan con suficiente financiamiento.

Antes de finalizar 2015 ya había sido declarada la “emergencia energética”. El paso siguiente fue la quita de subsidios a las tarifas de gas y luz. Desde entonces, los tarifazos no cesan. Los servicios públicos, combustibles y transporte han aumentado a precios siderales, afectando los precios de la canasta familiar.

Otra de las medidas de los primeros días de gestión fue la designación por decreto de los jueces de la Corte Suprema Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, cuestionada desde todo el arco opositor. Poco después, con el respaldo del Senado, asumían como integrantes del Tribunal. Desde entonces, las noticias judiciales sirven para apuntalar la gestión de Cambiemos. Los medios acompañan y dan apoyo al Gobierno, beneficiados por la supresión de las regulaciones anti-monopólicas, como por ejemplo la aprobación de la fusión entre Cablevisión y Telecom. La crisis económica sólo se ve interrumpida en los portales y tapas de diarios por algún nuevo escándalo de corrupción que salpica al kirchnerismo. Hoy son los denominados “cuadernos”, que según el Presidente afectan tanto su gestión. Comenzaron en enero de 2016, con la detención en Jujuy de Milagro Sala, la dirigente de la agrupación Túpac Amaru. La ex presidente Cristina Fernández de Kirchner ha sido citada siete veces por el juez Claudio Bonadío, quien no ha conseguido pruebas que acrediten los delitos que se le imputan.

Pero uno de los datos más importantes, que no sale en las tapas de los diarios, es el aumento del desempleo y la pobreza, que crecen sin pausa. El gobierno comenzó su gestión despidiendo empleados públicos, bajo el argumento de que el Estado estaba atestado de “empleo inútil”. Cerró programas específicos en varios ministerios, en su mayoría educativos y culturales, y paralizó obras públicas claves para el desarrollo nacional. En el sector privado, los puestos de trabajo se pierden mes a mes. Y las negociaciones paritarias nunca alcanzan el monto de la inflación, reduciendo notablemente la capacidad adquisitiva de los trabajadores. El consumo, por supuesto, cae. Ya septiembre de 2016 el INDEC reconocía que el 32,2% de la población era pobre. Se espera que el desempleo este año alcance los dos dígitos. La excusa, la “pesada herencia”.

En marzo de 2016, el Congreso habilitó al entonces ministro de Hacienda y Finanzas Alfonso Prat-Gay a negociar el pago con los fondos buitres. La Argentina abonó U$S 9352 millones a los acreedores que no habían entrado en los canjes de deuda de 2005 y 2010. La promesa fue que, tras la salida del default, y la “normalización” de las relaciones con la comunidad financiera internacional, el “mundo” volvería a “confiar” en el país. Llegarían entonces las inversiones del sector privado y la bonanza (el derrame). Las suculentas tasas de interés, sin embargo, atrajeron sólo a los capitales de especulación financiera y hasta ahora no existen beneficios para los sectores industriales ni políticas de promoción del consumo. En esa línea, el Gobierno siguió colocando deuda y la frutilla del postre fue el acuerdo firmado con el FMI en junio de 2018, sin autorización del Congreso. Tenemos hoy un país comprometido a, entre otros puntos, recortar jubilaciones y pensiones, obra pública y los aportes del Tesoro nacional a las provincias. Nuestra política económica es monitoreada, una vez más, por este organismo internacional. Por este acuerdo el presidente Mauricio Macri y varios de sus ministros están imputados por los delitos de abuso de autoridad y violación del deber de funcionario público.

Durante 2017 se profundizó el modelo. La inflación cerró en 24,8%, por encima de la previsión oficial de 17%, y el precio del dólar alcanzó los $19. El cierre del año fue la represión frente al Congreso: Cambiemos consiguió aprobar la reforma jubilatoria, que altera el modo de cálculo para los aumentos en los haberes, pese a la movilización popular y el rechazo de gran parte de la oposición.

Así llegamos a septiembre de 2018, cada vez más endeudados, con más pobreza y con una corrida cambiaria como no se vivía desde comienzos de este siglo. El Presidente se jacta de que “durante dos años la economía creció y bajó la pobreza”, pero reconoce que “con esta devaluación la pobreza va a aumentar”. Con el país en “emergencia”, algunas de sus propuestas para sortear la “crisis” son el restablecimiento de las retenciones agropecuarias, un impuesto que calificó de “malísimo”, y la reducción de ministerios a “la mitad”, lo que implica disolver y convertir en secretarías de Estado Salud, Trabajo, Agroindustria, Ciencia y Tecnología, Ambiente y Desarrollo Sustentable, Energía, Turismo y Cultura. El ministerio de Modernización fue eliminado. El nuevo esquema de retenciones a los productores agrícolas, no obstante, prácticamente no tiene impacto en la recaudación, debido al alza del tipo de cambio en los últimos meses. Nos enteramos de que, incluso con el flamante nuevo esquema de retenciones, el sector va a ganar más plata que hace dos meses. El nuevo esquema de Secretarías de áreas tan relevantes para el país como pueden serlo Salud o Trabajo, nos muestra claramente dónde sitúa sus prioridades este gobierno.

No se trata de una “tormenta”, se trata de un modelo político que ciñe la economía, degrada la política y deteriora el entramado social. Comenzaron repitiendo hasta el hartazgo que los primeros meses de gestión eran el “peor momento” y que tras el “sinceramiento de la economía” (eufemismo para tapar el ajuste) “en el segundo semestre” de 2016 bajaría drásticamente la inflación y se verían “los beneficios”. Nada de esto ocurrió. Tenemos la inflación más alta desde 2002 y todos los índices económicos y sociales se deterioran. Sin embargo, el discurso se repite (“estamos cambiando las cosas de raíz, sin atajos, para retomar más rápido un camino de crecimiento”) y el modelo que nos condujo a esta crisis se profundiza.

Para el 10 de diciembre de 2019 resta un tercio de la gestión macrista. Es previsible el deterioro en el que van a dejar al país; incluso los propios referentes del establishment internacional advierten que el futuro económico de la Argentina pende de un hilo. Es nuestro deber denunciarlo y, asimismo, articular para que el próximo gobierno represente los intereses genuinos del pueblo. No somos una sociedad inmadura como nos quieren hacer creer. No es la pesada herencia. Necesitamos un modelo que deje de transferir recursos desde el campo popular (el trabajo) hacia los sectores más privilegiados y las instituciones crediticias (el capital). ¡No queremos más ajuste! ¡queremos recuperar la soberanía de la política económica, queremos que la ciencia y la tecnología, la educación, la salud, la cultura y el trabajo sea áreas prioritarias y no áreas degradadas, queremos un país federal e integrado, queremos la integración regional y no la subordinación a los poderes financieros, queremos desarrollo con inclusión social!