Rechazo a la quita de asignaciones y a la injerencia de las FFAA en seguridad interior

En la sesión en minoría por falta de quorum del oficialismo, Ciampini presentó dos discursos en relación a cada uno de los temas que se deberían haber debatido en la sesión. En primer lugar expresó un Rechazo al Decreto 683/18 por el que se modifican las funciones de las Fuerzas Armadas, y luego una exposición sobre la necesidad de derogar el Decreto 702/2018 que ajusta las Asignaciones Familiares en las zonas desfavorables del país.

Decreto 683/18 publicado el 23/07:

Hay que remarcar en primer lugar que una vez más el Poder Ejecutivo elude el debate en el Congreso Nacional para modificar cuestiones claves y estructurales de nuestra nación. Un gobierno que fue votado prometiendo dialogo entre las fuerzas políticas lo niega constantemente en su accionar.  En este marco, así como ha modificado la ley de inteligencia volviendo oscuro el control y el manejo de ese organismo mediante un decreto, ha realizado ensayos militares sin la autorización del parlamento que se encuentra consagrada en la Constitución Nacional, ha vulnerado y modificado normativas del área social entre otras cuestiones importantes, hoy busca modificar el rol de las FFAA.

Una de las constantes de la política argentina desde el retorno de la democracia ha sido el rol de las FFAA, controladas bajo mandos civiles y orientados a la tarea de defensa exterior. En ese sentido, esta reforma, que modifica el decreto 727/06 reglamentario de la Ley de Defensa alteran los objetivos que, a través de un acuerdo multipartidario, el sistema político le dio a las FFAA luego de recuperada la democracia y durante los siguientes 30 años.

La modificación anunciada por Macri suprime los límites entre seguridad interna y defensa, generando una “policialización” de las fuerzas militares, amenazando la vigencia de los Derechos Humanos y la estabilidad social y democrática. En aquellos países donde el rol de las Fuerzas militares ha sido modificado, como Brasil, Colombia o México, los resultados han sido gravemente negativos: Fracasaron en sus objetivos, aumentaron el conflicto social y los niveles de violencia institucional, con un saldo miles de muertos y desaparecidos. Al mismo tiempo se dio un proceso de creciente corrupción de los propios militares.

El cambio doctrinario que plantea el gobierno en nombre de la modernización asume como propia la definición de una agenda internacional que viene impuesta por intereses geopolíticos que no toman en cuenta los intereses nacionales. Así entre los cambios se elimina toda referencia a que una agresión externa debe ser de origen estatal, lo cual permite la intervención de las FFAA en cuestiones de seguridad como el terrorismo y el narcotráfico. Es decir, se plantean interrogantes respecto a cómo se definirán las agresiones externas.

Por otro lado, las funciones de “apoyo logístico” y la facultad de custodiar objetivos estratégicos, plantean fuertes interrogantes respecto a cómo se definirá qué es un objetivo estratégico.

Una reforma del sistema de defensa nacional debería pasar por un serio debate en el congreso nacional, y no por un decreto improvisado y unilateral, que puede traer serios riesgos para la democracia. Las FFAA no están preparadas para las funciones que asigna este decreto. Militarizar la seguridad interior como ya se mencionó ha fracasado y aumentado los niveles de violencia y conflictividad en otros países de la región. Por estas razones rechazamos el decreto del PEN.

 

Decreto 702/2018

Entre las cuestiones que no puedo dejar de resaltar es que en el día de ayer se publicó en el Boletín Oficial el Decreto  723/18 por el que suspende por 30 días la aplicación de las modificaciones sobre el pago de montos especiales de asignaciones familiares en zonas diferenciales que reguló el aquí cuestionado decreto 702/18”.

Los fundamentos del mismo dicen textualmente:

-Que ante la inminente implementación de las medidas adoptadas, existieron planteos de distintos sectores de la sociedad, que requieren un análisis pormenorizado.

-Que, en razón de lo expuesto, resulta necesario suspender por el plazo de TREINTA (30) días, la aplicación de las modificaciones.

-Que en dicho plazo se deberán evaluar los planteos efectuados, como así también el alcance de la medida, en base a criterios de protección de la vulnerabilidad social, homogeneidad y equidad en todo el territorio nacional, ello con el objetivo de alcanzar un Sistema de Seguridad Social, inclusivo y sustentable.

Es decir que una medida tan regresiva en materia de derechos básicos, tal como el de la Seguridad Social, que afecta directamente a la población más vulnerable, afectando fundamentalmente a los niños, “no fue evaluada en su alcance”  al momento de su dictado. Esto no hace más que horrorizarnos, no ya por su falta de conciencia y sensibilidad social sino también por la improvisación de quienes  nos gobiernan.

En este momento hablo no solo por los 72.000 beneficiarios aproximados que a raíz de la modificación de los diferenciales por zona se verán perjudicados en mi Provincia, (Neuquén)  sino también por los que se verán privados de cobrarlas o perjudicados por la disminución del monto de las mismas por aplicación de los artículos 1 y 2 del decreto 702. Es decir, por la elevación del límite mínimo  de ingresos para percibirlas y por el descenso del tope de remuneración individual, tanto sea por ingreso individual como por Grupo Familiar. Información toda esta que pretendemos conocer con precisión, y si de verdad pretende gobernarse de cara a la sociedad.

Hablo también y como presidente de la Comisión de Discapacidad de esta Cámara, por la situación que genera el Decreto 702/18 al modificar el tope individual de ingresos por arriba del cual se excluye al trabajador de la percepción de asignaciones familiares (artículo 2do) al no hacer la salvedad de la asignación familiar por hijo con discapacidad como vino haciéndose desde que se implementaron los “topes”. En cambio si se hace expresa mención en el artículo 3ero a que los mismos no resultan aplicables a la Asignación por maternidad. Y también se considera expresamente la situación de los titulares de prestaciones por desempleo como exceptuados del “límite mínimo de ingresos”.

Por lo tanto y en este contexto de ajuste, y recorte hacia los que menos tienen, entiendo que la intención del PEN no es otra que “ahorrar” también la cantidad de asignaciones por hijo con discapacidad vulnerando los derechos de los trabajadores que hoy  las cobran  independientemente de los ingresos que perciban.

Por último y como diputado representante del comúnmente, pero mal llamado “interior” del país, no puedo dejar de ver en esto un profundo desconocimiento de la realidad imperante fuera del centro porteño. Y un desprecio absoluto por razones de defensa del territorio y la soberanía nacional. Todas las medidas que implicaron mejoras sobre los beneficios de la seguridad social tuvieron como objetivo además de paliar el mayor costo de vida, ayudar al crecimiento demográfico de determinadas zonas del país permitiendo reforzar la presencia nacional en estas, como las zonas de frontera  limítrofes con otros países.

Desde la ley 18.037 que justificó las diferencias en el pago en un medio de fomentar el poblamiento de esas regiones, que tanta importancia tienen para el desarrollo nacional. Siempre existieron o siguen existiendo las razones de promoción regional y protección, “sin menoscabo de la necesidad de atender  a las peculiares  necesidades de sostén del grupo familiar de quienes habitan y desarrollan actividades  en zonas desfavorables o de frontera”, (decreto 991/96). O buscaron “la concreción al mismo tiempo de una política demográfica y educativa adecuada”.

Es decir que de por sí el mayor costo de vida justificaría plenamente la vigencia de estos diferenciales (tengamos en cuenta lo que impacta en cualquier producto el transporte, esta semana precisamente volvimos  a ver incrementado el precio del combustible) pero existen razones que van más allá de ello que los hacen necesarios.

El Estado definiendo los montos y categorías de las asignaciones familiares promueve distintas políticas de Estado (demográficas, educativas, de niñez, de empleo). Nos queda claro cuáles son las que no quiere  promover la actual gestión y porque razones.