O fortalecemos un Estado Nación soberano o nos arrodillamos ante los designios del FMI

El acuerdo del Gobierno con el FMI por el que aspira a recibir un préstamo de 50.000 millones de dólares con la contrapartida de injerencias y condicionalidades en la política económica, tendrá consecuencias adversas para la mayoría de la población. 

Se trata de un acuerdo stand by (un crédito a desembolsarse en varias etapas, sujeto a que se cumplan ciertas condiciones) de tres años de duración. Para recibirlo entero, Argentina deberá reducir su déficit fiscal del actual 3,2 por ciento del PBI al 2,7 por ciento para fines de 2018; al 1,3 por ciento para 2019 y a cero para 2020, una meta casi imposible que a la vez supone un ajuste de 20.000 millones de dólares (que necesariamente incidirá en los sectores más vulnerables) y una perspectiva de estancamiento.

¡Qué lejos estamos de los prometidos 20 años de crecimiento anunciados hace poco por el ministro Nicolás Dujovne y el presidente Macri!

Otra condición del FMI es recortar las jubilaciones y pensiones, la obra pública y los aportes del Tesoro nacional a las provincias. El acuerdo incluye, además, una reforma de la carta orgánica del Banco Central que le otorgará más autonomía del gobierno y eliminará todas las transferencias del BCRA al Tesoro nacional.  Nadie puede creer en serio en la zoncera de la autonomía del Banco Central. La autonomía del BCRA es utilizada para sustraer la institución del control democrático y entregarla al poder financiero.

Las condiciones acordadas serán evaluadas diaria, mensual y periódicamente por el organismo internacional, con lo que ocurrirá un monitoreo externo de la política económica local.

Los datos en sí mismo expresan la gravedad de la hipoteca a la que se compromete la Argentina, lo que representará una carga dolorosa sobre el conjunto de la sociedad, especialmente sobre los sectores de menos ingresos.

El producto bruto interno expresa la riqueza producida en el país. Sin embargo, cuando ese dinero termina convertido en moneda extranjera y es depositado en cuentas bancarias extranjeras o en inversiones especulativas, estamos ante un proceso de fuga de divisas y especulación. Se trata de un ahorro sin uso específico que sale del sistema económico.

La salida de riqueza del circuito económico hacia destinos externos es una característica inherente al modelo económico del gobierno de Mauricio Macri. Y esta característica ha derivado en una crisis cambiaria, que llevó al gobierno a recurrir al FMI. La salida de divisas del país ya alcanza casi 42.000 millones dólares desde la asunción de Macri como Presidente en diciembre de 2015, es decir, en menos de tres años.

En este marco, el gobierno nos plantea que es necesario desregular completamente la economía para lograr la llegada de inversiones productivas, pero como eso no ocurre, es necesario recurrir al crédito externo, dado que los capitales extranjeros que llegan lo hacen atraídos por las altas tasas de interés que ofrece el país. Se llevan el dinero que obtienen como ganancias por la especulación financiera y es así que el crédito que llegará desde el FMI volverá a entrar en ese circuito especulativo para luego volver a salir del país. ¡Eso no se sostiene en el tiempo!

La compra de Lebacs es la vía más habitual por la que se fugan capitales de Argentina: un tipo de bono creado por el BCRA cuyo riesgo es bajo (el Banco Central garantiza el pago), el rendimiento es rápido (vencimiento de 30 días) y a la vez es alto, 40 por ciento anual. Las Lebacs son el instrumento con que han reactivado la llamada “bicicleta financiera”. Los capitales especulativos ingresan sus dólares al país, los cambian a pesos, compran Lebacs, las colocan a 30 días, venden los bonos y, con la diferencia, vuelven a comprar dólares que, gracias a la ausencia de restricciones y regulaciones, pueden sacar libremente del país hacia cualquier destino, incluidos los paraísos fiscales. ¡Tal es el impacto de este negocio sobre la fuga de capitales que el propio FMI le puso como condición a la Argentina eliminar las Lebacs! 

El problema es que la operatoria de fuga de divisas no se hace sólo con las Lebacs. ¡Todos los bonos emitidos por el Ministerio de Economía pueden ser formas de fugar capitales! ¡También las regalías y las patentes son formas de fugar divisas! ¡Las mineras y las grandes corporaciones agropecuarias tampoco tienen restricciones para sacar sus ganancias del sistema económico argentino, porque desde febrero de 2016, cuando Macri firmó los decretos que eliminaban las retenciones, pueden disponer de sus dineros como quieran!

¿Acaso la llegada del crédito del FMI frenará la salida de capitales? El FMI podría pedir que se regule el sistema financiero del país, tal como lo señala el artículo 6 de su estatuto. Sin embargo, no está entre las condiciones planteadas para liberar el primer tramo del préstamo.

Se trata de falta de regulaciones en el sistema financiero y económico del país. La cultura del dólar está instalada entre los argentinos, de manera que para desactivarla es necesario un programa económico que contemple otras formas de ahorro creíbles para recuperar la confianza en el sistema económico. Ahora bien, ¿quiénes podrían llevar adelante estas medidas? ¿Los empresarios devenidos funcionarios públicos que tras el escándalo de los Panama Papers debieron reconocer cuentas bancarias en paraísos off shore? 

Las políticas puestas en marcha indican la intención de fortalecer la preeminencia del capital respecto del trabajo, con una valorización financiera sustentada en el endeudamiento externo y las producciones primarias exportables. Se trata de un modelo de apertura de la economía de par en par, sin regulaciones, que termina atrayendo capitales sólo de especulación financiera, incapaz de sostener la balanza comercial.

El poder económico está conforme y avala. Los especuladores reciben noticias de nuevos y renovados instrumentos para apostar con sus colocaciones. Los acreedores cobran e incluso diversifican sus carteras. Los que pueden trasladan a precios y suman ganancias en sus balances, con posibilidad de remitir utilidades al exterior si fuera necesario o incluso fugar capitales.

Los perjudicados son la mayoría de la población, sea por el ajuste fiscal que afectará el gasto social, como por las reformas estructurales, especialmente las reformas laborales y previsionales.

Estas políticas llevan al país al fracaso. Políticas que ya demostraron su fracaso por qué ahora deberían tener otros resultados.

Hasta ahora, ha sido imposible imponer la “africanización” de nuestra sociedad. Si bien 17 años atrás el FMI hundió al país en la peor crisis institucional de nuestra historia, la resistencia social impidió la reconversión deseada por esta entidad. Pero con la desesperada vuelta al Fondo, hoy, nuevamente, el FMI pasa a pretender diseñar –o, en el mejor de los casos, condicionar– toda nuestra política económica.

¿Será posible imponer semejantes planes?

Hace apenas un par de días, el Presidente afirmó que su proyecto económico sigue siendo el indicado, pese a los vaivenes financieros. Macri ratificó que el ajuste deberá acelerase y remarcó que la baja del déficit fiscal es primordial para que la Argentina crezca de manera sostenida.

Nosotros sabemos que no se trata de un problema fiscal. El problema es el modelo. No es la pericia o impericia de un funcionario.

Hay una entrega de soberanía total. Ya no importa tanto quién es el Presidente del Banco Central. Es el Fondo el que revisará, el Fondo el que dirá.

El gobierno ha aceptado ceder una significativa porción de soberanía, cuyos efectos iremos sintiendo a lo largo del tiempo. Es el gobierno que más endeudamiento va a dejar a futuro, en apenas dos años y medio de gobierno.

O ponemos medidas regulatorias o gobiernan los mercados.

O fortalecemos un Estado Nación soberano o nos arrodillamos ante los designios del FMI.