Prestación para hijas e hijos de familias afectadas por femicidios

En el año 1990 Argentina suscribió a la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Posteriormente incorporo dicho Tratado a nuestra Constitución Nacional en su artículo 75 inciso 22.

Ello implicó una cambio de paradigmas cambiando el sostén ideológico de las políticas para la niñez, dejando atrás para siempre el modelo de patronato que rigió en el país durante un siglo, como política social de atención a la población infantil, que dio lugar a la institucionalización de la niñez, fundamentalmente a los sectores más humildes de nuestra sociedad.

Desde el congreso, se sancionó la Ley Nº 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes produciendo un cambio significativo en materia de políticas de protección a la infancia y adolescencia.

El derecho de las niñas, niños y adolescentes a crecer y desarrollarse en su familia de origen forma parte del derecho a la Identidad. Las políticas públicas de niñez y adolescencia se elaborarán de acuerdo, entre otras pautas, al fortalecimiento del rol de la familia, obligando al Estado a establecer políticas, programas y asistencia apropiados para que la familia pueda asumir adecuadamente su responsabilidad.

Dichas normas comprometen al Estado Argentino ante la violencia de género a proporcionar servicios de orientación para toda la familia, así como cuidados y custodia de las niñas, niños y adolescentes afectados, y el deber de atender la múltiple vulnerabilidad a la violencia de género que padecen los menores de edad, ancianas, en situación socioeconómica desfavorable, afectadas por conflictos armados, de privación de su libertad o en razón de su orientación sexual, expresión o identidad de género.

Por ley N° 23.179 hemos aprobado la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y por la ley N° 24.632, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la mujer.

En virtud de ello, presenté en noviembre del año 2016, un proyecto para atender la situación de aquellos niños también víctimas de esta horrible realidad, que no solo se quedan sin la contención y afecto de uno de sus progenitores por muerte, sino que en la generalidad de los casos sin la asistencia del otro por privación de la libertad o suicidio. Si bien una prestación de tipo económica no resuelve la situación de niños que han padecido esta cruel vulneración en sus derechos, intenta mitigar su dolor, favoreciendo su crecimiento en el ámbito familiar, que también en la mayor parte de los casos se encuentra en serias dificultades de afrontar materialmente la crianza de los niños que han quedado huérfanos.

En el proyecto de Ley 7738-D-2016, propuse financiar esta medida con recursos de la ley N 22.359 que crea el Fondo Nacional del Menor y la Familia con los objetivos de otorgar becas y subsidios para ayuda de personas cuya protección y asistencia compete a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y financiar programas proteccionales.

En mayo de 2017, ingresó a la cámara de Diputados el proyecto de Ley conocido como “Ley Brisa”, que en el mismo sentido, propone crear un régimen de reparación económica y de cobertura de salud para niñas, niños y adolescentes, hijxs de víctimas de femicidio. Renovaremos nuestro pedido ante las autoridades del parlamento, y abogaremos también por el tratamiento del proyecto que ya cuenta con media sanción del Senado.  Debido a que ninguno fue tratado en las comisiones correspondientes, dilatando así la puesta en vigencia de estas leyes que buscan mitigar el asedio que día a día vivencian niños y niñas de nuestro país.