El cierre de Ferrobaires pone en peligro de aislamiento a la región patagónica

 “Pienso vender todas las obras públicas, reproductivas, para pagar con ese oro nuestra deuda, porque estoy convencido de que el Estado es el peor de los administradores”.

 Juárez Celman, 1887

 

La decisión de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, de eliminar la Unidad Ejecutora del Programa Ferroviario bonaerense sumado al decreto 652 firmado por Mauricio Macri con el cual se desmantelarían líneas férreas de todo el país, genera una situación de riesgo para la comunicación y la conexión de la Patagonia con el resto del país.

La desaparición y el desmembramiento de las vías ferroviarias afectan a las poblaciones que residen en las localidades conectadas a través del tren, y contribuye a la desestructuración del país y al opacamiento de los emprendimientos regionales. El ferrocarril es un elemento esencial de la infraestructura para el desarrollo de un país integrado, y además vertebrador de las economías regionales, de su comunicación y su cultura.

En la reunión que mantuvimos desde el Bloque FPV-PJ junto a los trabajadores de Ferrobaires observamos la vulneración que tanto el ejecutivo de la provincia de Buenos Aires, como el poder central ejercían sobre los derechos de los trabajadores, pero también sobre el futuro de nuestra integración regional a través del levantamiento de las conexiones ferroviarias.

Entonces, ¿qué busca la gobernadora de la provincia más grande del país, con una decisión que puede terminar perjudicando a la integración del resto de las provincias?

El ferrocarril tiene funciones específicas a las cuales, la Nación no puede ni debe renunciar. En virtud de analizarlo con la lógica del costo beneficio de una empresa privada, sin ver todas las externalidades positivas y su función social, se abandonaron infraestructura y servicios de importancia estratégica condenando a la extinción a poblaciones enteras.

El avance hacia el desprendimiento de lo público, generado por una nueva oleada “promercado”, terminará afectando de manera irreversible a la integración patagónica. Cuestión que no puede ser subsumida a los intereses o decisiones de una gobernadora provincial, avasallando nuestro sistema federal. Poniendo en riesgo la conectividad frutícola, petrolera y turística de la norpatagonia.

Se entiende esta decisión en el marco de un gobierno que privilegia los negocios de la banca, de los grandes propietarios productores de la zona pampeana y los grandes exportadores. Esos intereses, como históricamente se expresó desde la conformación de nuestro país en el enfrentamiento entre unitarios y federales, no contemplan el federalismo ni la integración regional.

Alberto Ciampini