DENUNCIA AL GOBIERNO NACIONAL POR INCITACIÓN A LA VIOLENCIA

El diputado nacional por el FpV-PJ, Rodolfo Tailhade, presentó hoy una denuncia ante el Juez Canicoba Corral, por incitación a la violencia, en los Tribunales de Comodoro Py junto a la diputada nacional, Teresa García y la candidata a diputada nacional por Unidad Ciudadana, Vanesa Siley. “El gobierno vino a terminar con la “crispación kirchnerista” pero en realidad está fomentando una guerra psicológica entre compatriotas”, expresó el diputado Tailhade.

“Hemos tomado conocimiento acerca de la circulación de audios anónimos en grupos de redes sociales en los que se difunden mensajes claramente amenazantes para la sociedad en su conjunto, por lo cual venimos a formular una denuncia por la posible comisión de los delitos de intimidación pública (art. 211 Cod. Penal) e incitación a la violencia (art. 212 Cod. Penal) respecto a los sujetos que se identifiquen como organizadores y/o creadores e integrantes de los grupos en las redes sociales que difunden mensajes destinados a generar “temor público o suscitar tumultos o desórdenes” y que inciten a la “violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones”. Señalando como víctimas de la incitación a la violencia a los miembros de movimientos sociales o quienes se encuentran identificados públicamente como adherentes a un movimiento político determinado”, explicó el Diputado.

La denuncia expuesta refiere que resulta imprescindible que el Poder judicial investigue si existe una persona o grupo de personas que están actualmente llevando adelante un plan de incitación a la violencia social en el marco del conflicto con las organizaciones y movimientos sociales, destinado a que en las jornadas de protesta anunciadas, se produzcan tumultos entre ciudadanos intimidados por este tipo de mensajes y ciudadanos que formen parte de las protestas.

“El eje del conflicto es el incumplimiento por parte del Estado Nacional de los compromisos asumidos en el marco de la ley N° 27.345, conocida como Ley de Emergencia Social. Pero a dicho incumplimiento debe adicionársele la actitud de los funcionarios del gobierno nacional que repentinamente han modificado su conducta respecto a las organizaciones sociales. Hasta los primeros días de septiembre la conducta de los funcionarios del Gobierno Nacional era tendiente al dialogo a la solución de los conflictos”, expone Tailhade.

A su vez, el Diputado, expresó: “todos los argentinos hemos sido testigos de los lamentables hechos que produjeron el 1 de septiembre de 2017, luego de finalización la masiva marcha reclamando por la aparición de Santiago Maldonado. También hemos tenido acceso a las versiones periodísticas que dan cuenta que presumiblemente los disturbios habrían sucedido en base a provocaciones de policías de civil e infiltrados de los servicios de inteligencia. También podría considerarse si la difusión de los mensajes está destinada a disuadir mediante amenazas e intimidaciones la participación en actos de protesta. En cualquiera de los casos los hechos descriptos son ilegales, máxime si se considera la posibilidad de que estas maniobras estén involucrados funcionarios del Estado Nacional”.