Discurso del diputado Ciampini contra la expulsión de Julio De Vido

Ningún orden legal puede violar la presunción de inocencia, con lo cual es muy burdo pretender esconder tras la supuesta “inhabilidad moral” lo que realmente están haciendo. En efecto, se trata de una motivación puramente electoral y oportunista enmarcada en la persecución política hacia la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner y las políticas que expresó su gobierno.

La justicia no se ha expedido con una condena penal firme sobre el Diputado que motive su expulsión y eventual encarcelamiento. Tiene la misma situación procesal desde cuando asumió como representante del pueblo. De hecho, se lo quiere expulsar por asuntos relacionados a su gestión como ministro que ya eran conocidos en su asunción como Diputado cuando se validaron sus títulos en esta Cámara. Por otro lado, nada impide que la justicia prosiga con la investigación por los causas en las cuales se lo ha involucrado. Se manifiesta, asimismo, en la intención del oficialismo y sus aliados, una doble vara teniendo en cuenta que el Presidente de la Nación asumió  su mandato en medio de un procesamiento firme por la causa de las escuchas ilegales. Podríamos mencionar también las denuncias al Presidente Macri vinculadas con el accionar de empresas de su familia como el Correo Argentino, Avianca y la constructora IECSA, como así también el escándalo internacional de las cuentas offshore en el caso de los Panamá Papers.

Sin embargo, aquí la cuestión no es defender a una persona en particular sino a la Constitución Nacional y a la voluntad popular, es decir proteger la opinión del electorado. En ese sentido, se puede recordar el fallo de la Corte Suprema de 1893 a favor de Leandro N. Alem en ocasión de su detención, cuando menciona que “La Constitución no ha buscado garantir a los miembros del Congreso con una inmunidad que tenga objetos personales, ni por razones del individuo mismo a quien hace inmune. Son altos fines políticos los que se ha propuesto, y si ha considerado esencial esa inmunidad, es precisamente para asegurar no solo la independencia de los poderes públicos entre sí, sino la existencia misma de las autoridades creadas por la Constitución”. En otras palabras, de aprobarse la expulsión del Diputado se estaría violentando la voluntad popular.

Al mismo tiempo, sentaría un peligroso precedente para la democracia, ya que bajo la manipulación de un concepto amplio y susceptible de diversas interpretaciones como lo es la inhabilidad moral, una mayoría política legislativa podría expulsar a un miembro por cualquier motivo, incluso ideológico.

Los proyectos de Resolución que estamos tratando, Señor Presidente, se emparentan en procurar la exclusión de un legislador por la causal de inhabilidad moral que prevé el art. 66 de la Constitución, ahora cuando se los pretenden fundamentar, se recurre a diversas causas penales, que se encuentran en trámite y que son anteriores a la asunción del legislador. Es indudable, que no pueden concurrir duplicidad de causales, pues la inhabilidad moral del art. 66 no admite ir en conjunto con la del requerimiento de juicio criminal que prevé el art. 70. Son extremos bien distintos, aunque excepcionalmente puedan yuxtaponerse, pero no en este particular.

En un caso, el del art. 66, la inhabilidad reposa en comportamientos “sobrevinientes” a su incorporación, vector temporal que define de antemano la improcedencia de fundar tal “inhabilidad” en causas criminales en trámite cuyos hechos habrían acaecido antes de su incorporación. Para tal extremo existe la tipificación del art. 70.

Lo que queda claro entonces, es que pretenden en conjunto con los medios concentrados de comunicación instalar la agenda de la corrupción para así desprestigiar al anterior gobierno, y no debatir, ni tratar los problemas que está afrontando la ciudadanía con este plan económico. Pero además no tenemos que confundirnos, ya que acá se busca desprestigiar a la política misma como herramienta de transformación social, para disciplinar a la sociedad y que nadie más se atreva a enfrentar al poder real. Estamos en presencia de una alianza entre una parte del Poder Judicial, los medios concentrados de comunicación y un sector de la clase política, que incluso algunos sectores han explicitado, que busca excluir a una fuerza política del juego democrático.

Por las razones expuestas mi voto es en defensa de la Constitucional Nacional y la voluntad popular.