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Dos proyectos contra las políticas de Salud del Gobierno Nacional

En el marco de un proceso de ajuste llevado adelante por el Gobierno Nacional se han puesto en marcha una batería de medidas que ponen en riesgo la salud de los argentinos. El diputado Nacional Alberto Ciampini presentó dos proyectos que cuestionan dichas medidas y exigen una respuesta a la ciudadanía. 

El primero se trata de un Pedido de Informe dirigido al Poder Ejecutivo Nacional para que se precise acerca de la disposición  del Ministerio Salud, por la cual se modifica el “Régimen de Buena Práctica Clínica para Estudios de Farmacología Clínica” y autoriza a la Administración Nacional de Medicamentos y Tecnologías Afines (ANMAT) a reducir los plazos de evaluación de los experimentos médicos de 70 días, teniendo en cuenta que vencidos esos plazos su aprobación será  automática.

La ANMAT es un organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional  que colabora en la protección de la salud humana, garantizando que los medicamentos, alimentos y dispositivos médicos posean eficacia, seguridad y calidad. Para ello, se encarga de llevar adelante los procesos de autorización, registro, normatización, vigilancia y fiscalización de los productos de su competencia en todo el territorio nacional. La ANMAT depende técnica y científicamente de las normas y directivas que le imparte la Secretaria de Políticas, Regulación e Institutos del Ministerio de Salud, con un régimen de autarquía económica y financiera. En 2011, fue distinguida como “Autoridad Reguladora de Referencia Regional para Medicamentos” por la Organización Panamericana de la Salud (OPS).  

Asimismo el Régimen de Buenas Prácticas de Investigación en Estudios de Farmacología Clínica tiene el objetivo sustantivo de garantizar el máximo cumplimiento de las reglas establecidas, tanto nacionales, como internacionales, en materia de normas y valores éticos y jurídicos. 

La investigación en Farmacología Clínica resulta necesaria para obtener evidencia científica sólida que permita mejorar la calidad de la atención de la salud de la población y, por lo tanto, el desarrollo de la investigación clínica en general debe respetar los derechos y libertades esenciales que son inherentes a la naturaleza humana. En tal sentido en toda investigación clínica debe salvaguardarse la dignidad de las personas intervinientes, asegurando sus derechos personalísimos, en especial, el respeto de su autonomía, su integridad física, psíquica y moral. “Esta decisión que acelera los tiempos de investigación  puede poner en riesgo la salud de los argentinos y por lo tanto debería pasar  para su consideración por las Comisiones de Salud de las Cámara de Diputados y de Senadores del Congreso de  la Nación”, sugiere en el diputado en el proyecto. 

En los ensayos clínicos, las pruebas pueden ser para drogas nuevas o medicamentos registrados en otro país que se desea comercializar en la Argentina. En todo el proceso, donde deben cumplirse protocolos, suelen requerir la participación voluntaria de personas para el “testeo”, que en general llegan recomendadas por médicos que pueden recibir hasta 150 mil pesos por parte de los laboratorios, a través de sus equipos de investigación locales. La Dirección de Registro y Evaluación de Medicamentos, es la encargada  de evaluar   los protocolos de investigación   y realiza entre 140 y 160 ensayos clínicos por año con una dotación de 8 evaluadores. Ahora deberán hacer su trabajo en la mitad del tiempo promedio actual.

El cambio en los plazos fue anunciado por el propio presidente Macri, el 18 de abril, cuando presentó en la Casa Rosada el “Compromiso Federal para la Modernización del Estado”. En su anuncio afirmó  que la decisión fue tomada tras el pedido de los empresarios del sector, y que la Aduana se comprometió a “simplificar” el trámite de importación de equipos y fármacos. En ningún momento de su discurso mencionó alguna ventaja para los standares de  eficacia y  de seguridad de dichas evaluaciones.

Esta novedad generó preocupación en especialistas en bioética, que creen que los cambios pondrán “en riesgo” a un sector de la población. El Dr. Juan Carlos Tealdi, Médico y Director del programa de Bioética del Hospital de Clínicas, definió estas medidas como una modificación que implica “más riesgos y menos protección para las personas”. Para Claudio Capuano, de la cátedra libre de Salud y Derechos Humanos de la UBA, desde el punto de vista de la bioética “se podría estar poniendo en riesgo a un sector de la población”. Además, Capuano apuntó al que considera “el punto más crítico” de la reforma: la aprobación inmediata si son superados los 70 días hábiles. La excusa de esta medida es la generación de inversiones y empleo en el sector farmacéutico, para lo cual también se facilitarán los trámites de importación de elementos necesarios para estas investigaciones y ensayos. 

Por su parte, Nicolás Kreplak, presidente de la Fundación Soberanía Sanitaria y ex viceministro de Salud, explicó que no existen plazos para la aprobación de los ensayos clínicos, dado que “no todos los estudios son similares”, y que lo anunciado “pone en riesgo la integridad de quienes participan en la investigación y va en contra de los principios éticos para la experimentación con personas, expuestos en la Declaración de Helsinki, delegando la responsabilidad de control del Estado a la industria farmacéutica, principal interesada en que el medicamento se apruebe, entregando nuestra soberanía nacional”. 

El segundo Proyecto presentado por Ciampini expresa “preocupación y repudio por los recortes presupuestarios que realizó el  Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), más conocido como PAMI,  modificando el modelo de pago a prestadores y reduciendo los montos por prácticas a tal punto que no permitirían cubrir los propios gastos que conllevan. Esto redunda en la disminución de la oferta de servicios así como en subprestaciones, implicando nuevas barreras para las personas en el acceso a los servicios de salud. Estas modificaciones se suman a las restricciones en la cobertura de medicamentos y tratamientos.

Desde PAMI manifiestan que el cambio se realizó a fin de simplificar los procesos, aportar mayor previsibilidad en los ingresos de los profesionales y obtener un mejor control financiero de las erogaciones para brindar una mejor “calidad” de servicios a los afiliados. Efectivamente, cuando este tipo de reestructuración es realizada garantizando el acceso y la calidad del servicio prestado, se puede hablar de una mejora en la eficiencia del sistema. Pero cuando no logra sostener estos dos parámetros (calidad y acceso), no son más que recortes presupuestarios (ajustes) que afectan directamente la salud y calidad de vida de la población. 

A partir de la resolución 395/17 publicada el 5 de abril de 2017, los montos fijados por el organismo para la cápita están, en muchos casos, por debajo de los costos que los proveedores tienen que afrontar para garantizar la prestación. De esta forma se estimula una disminución de los prestadores disponibles y de los servicios que brindan, ya que muchos de ellos no podrán solventar los servicios brindados sin que el valor de costo esté, como mínimo, cubierto. Además, los prestadores que permanecen en la cartilla terminan desarrollando estrategias que llevan a la reducción de prestaciones de servicios: la restricción de horarios de atención, la implementación de atención con turno donde antes era libre demanda y el recorte de algunas prestaciones brindadas como radiografías, ecografías y análisis de laboratorio.

Las consecuencias que estos cambios acarrean para los afiliados de PAMI son la disminución del acceso y de la calidad de los servicios. Esto se ve reflejado en la dificultad en la obtención de turnos, el desgaste de los pacientes y el aumento de gasto de bolsillo en el sector privado.

Pero éstos no son los únicos cambios que perjudican a los jubilados y jubiladas. Mediante la Disposición Conjunta 0005-17,3 el PAMI ha condicionado la cobertura del 100% en medicamentos restringiéndola a quienes cobren menos de un haber y medio ($ 8.500), no posean más de un inmueble, ni un vehículo con menos de 10 años de antigüedad y no estén afiliados a una empresa de medicina prepaga. Según estimaciones del Defensor de la Tercera Edad, este recorte lo están sufriendo 1,6 millones de jubilados y jubiladas. También se redujo la cobertura máxima de diez medicamentos a cuatro, lo cual redunda en un aumento del gasto de bolsillo de la población de adultos mayores y/o en la suspensión de los tratamientos con el consecuente perjuicio para su salud. 

Durante los últimos años, gracias a las políticas públicas de acceso a medicamentos, se había logrado reducir la incidencia del gasto de bolsillo en medicamentos de un 65% a un 52%, de 2003 a 2010. El ajuste realizado en el PAMI, junto con el recorte del programa REMEDIAR, vuelve a poner a las poblaciones más vulneradas en situación de riesgo por no poder acceder a los medicamentos que necesitan. Una vez más también, la beneficiada con esta medida será la industria farmacéutica.