Ciampini presentó un proyecto en repudio al 2×1 que favorece a genocidas

El diputado Nacional Alberto Ciampini presentó un proyecto de Declaración a través del cual expresa su apoyo a las organizaciones de Derechos Humanos, y manifiesta su repudio ante la decisión de la  Suprema Corte de Justicia de la Nación de equiparar los delitos de lesa humanidad del terrorismo de Estado cívico-militar con los delitos comunes, al considerar  aplicable la Ley 24.390 conocida como 2×1.

En sus fundamentos Ciampini explica que fueron los dos nuevos jueces de la Corte Suprema  Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti,  que justificaron en su momento sus designaciones por un Decreto Presidencial,  junto a la jueza Elena Highton  de Nolasco” quienes votaron por equiparar al terrorismo de Estado con los delitos comunes. Dicha decisión basada en la ley  “más benigna”, sancionada en 1994 y posteriormente derogada en el 2001, permitía computar doble, a partir del segundo año de detención, los días que pasaron los detenidos sin sentencia firme.

Ciampini resalta la contradicción que surge en los argumentos esgrimidos  por estos tres jueces quienes mencionaron al precedente “Arce” (Fallos 331:472), donde se decidió  “que a los efectos de la aplicación de la ley penal más benigna lo que importa es que el delito se hubiera cometido durante su vigencia”, siendo irrelevante que el imputado hubiera estado detenido o no durante dicho lapso. Cabe recordar que los delitos de lesa humanidad en cuestión se cometieron durante la última dictadura cívico- militar que finalizó en 1983.

Asimismo rescata la disidencia de los jueces Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, quienes señalaron “que el principio de la ley penal más benigna tiene rango constitucional, y requiere la evaluación de si la ley posterior al hecho es la expresión de un cambio en la valoración de la clase de delito correspondiente a los hechos de la causa, lo que no ha ocurrido en el caso”.

” Es llamativa la decisión de estos tres jueces de la Suprema Corte de Justicia de la Nación si consideramos que las hacen  en el marco de un gobierno nacional que está integrado por un Presidente y funcionarios que en varias oportunidades han intentado  desprestigiar a los organismos de derechos humanos”, expresa Ciampini en los fundamentos del proyecto.

“Como legisladores y ciudadanos debemos ser respetuosos de las instituciones y de los principios que caracterizan el Estado de Derecho, pero cómo debemos  reaccionar cuando algunos integrantes de esas instituciones, abusan del poder que les confiere la ciudadanía o ignoran la búsqueda de justicia, verdad y memoria desde hace 40 años sin la colaboración ni  el arrepentimiento  de los genocidas  y que lo único que hicieron, fue guardar silencio y obstruir y dilatar las investigaciones años tras años”, sostiene.

“Como legisladores no podemos quedarnos callados. Debemos fijar nuestra posición si queremos ser coherentes con nuestro pensamiento. Tenemos la obligación de entender  y acompañar  a las madres, abuelas e hijos víctimas del terrorismo de estado de la última dictadura cívico militar que   en forma pacífica  y firme  buscan  JUSTICIA y que fueron un factor fundamental en la recuperación de la democracia”, concluye.