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Se concretó un gran paso para la nueva Ley de Discapacidad

En el marco de la Comisión de Discapacidad de la HCDN, que preside el Diputado Nacional Alberto Ciampini, se aprobó el miércoles 16 de noviembre, con gran apoyo de los integrantes, el Proyecto de Ley Marco de Discapacidad denominado “Sistema de Promoción Integral de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad”, que modifica la Ley 22.431 del año 81. El tramite parlamentario continuará el año próximo en la Comisión de Presupuesto y Haciendo. En caso de ser aprobado en dicha instancia pasará a votación en el recinto.

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El proyecto, que se trata de una iniciativa de Ciampini, fue discutido en múltiples encuentros y enriquecido por los aportes de las diferentes organizaciones que participaron,  comentaron el anteproyecto y aportaron otros puntos de vista.  La experiencia de las organizaciones de la sociedad civil fue fundamental para construir una ley integral de protección de las personas con discapacidad.

Lo innovador del  mismo es que plantea la problemática desde el paradigma de los Derechos Humanos en consonancia con la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. En su artículo primero señala que el objetivo del proyecto es  “Promover, Proteger  y Asegurar” el ejercicio y disfrute efectivo, permanente y en condiciones de igualdad de todos los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales para todas las personas con discapacidad, que se encuentren en el territorio nacional.

Entre sus principios generales se destacan el respeto a la dignidad inherente y autonomía individual de las personas; la no discriminación;  la participación e inclusión plena y efectiva en la sociedad; el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humana;  la accesibilidad universal; la igualdad de género y el respeto a la identidad de género; el respeto a la evolución de las facultades de los niños y niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad; la visibilidad social, en la asignación de los beneficios de las políticas públicas, que asegure a las personas con discapacidad la información adecuada, oportunidad y acceso cuando se trata de planes, programas, proyectos y acciones destinados a la sociedad en general; y la intangibilidad de los recursos públicos asignados por Ley de Presupuesto a programas específicos.