Informe a cinco meses de Macri en la Presidencia: Despidos, ajuste e inflación

Mauricio Macri es presidente de los argentinos desde hace cinco meses. A pesar del poco tiempo transcurrido, la velocidad con la que el gobierno ha tomado decenas de medidas económicas perjudiciales para la mayoría de la población permite afirmar que se trata de un plan para restaurar el neoliberalismo en Argentina.

Una oleada de despidos en el sector estatal y privado como no se veía desde hace años, desfinanciamiento de las arcas del Estado por la reducción y quita de retenciones al campo y la minería, mega devaluación, inflación constante y consecuente caída abrupta del salario real, endeudamiento en dólares, que pagarán las próximas generaciones, quita de subsidios y aumento exponencial de las tarifas de servicios públicos, combustibles y transportes, apertura comercial y financiera, desregulación del sistema financiero, destrucción de las regulaciones anti-monopólicas a los medios de comunicación concentrados, suspensión de la transferencia de recursos a las Universidades Nacionales, son apenas algunas de las recetas aplicadas en este período, rechazadas en los años de Néstor y Cristina Kirchner.

La campaña electoral de Cambiemos, no obstante, se basó en promesas de continuidad en lo que refería al bienestar de los argentinos, a partir de que un porcentaje mayoritario de la población no estaba dispuesto a que las conquistas económicas, sociales, culturales y políticas de los años kirchneristas fueran eliminadas de cuajo. El presidente prometió crear trabajo y no destruirlo, que en su gobierno los trabajadores no pagarían impuesto a las ganancias, que no iba a devaluar, que mantendría los subsidios y no subiría las tarifas. Para ganar Mauricio Macri debió dar un “giro estatista” a su discurso de matriz neoliberal.

¿Cuáles fueron las principales orientaciones políticas kirchneristas en materia laboral a las que el macrismo no pudo oponer reparos en pos de alcanzar la Presidencia?

Los años kirchneristas

Cuando Néstor Kirchner comenzó su gobierno en 2003, la desocupación superaba el 20% de la población económicamente activa. Cuando Cristina Fernández de Kirchner dejó su cargo en 2015, la desocupación rondaba el 6%. Durante los 12 años kirchneristas la presencia estatal fue central para dinamizar la economía y el mercado de trabajo: se generaron alrededor de 5 millones de puestos de trabajo, tanto en el ámbito privado como en el sector público. El país creció en un marco de inclusión social y mejora de los indicadores sociales como no ocurría desde mediados de la década de 1950. La recuperación del Estado como generador de puestos de trabajo y la aplicación de medidas contra-cíclicas como la coordinación de las suspensiones y el plan de sostenimiento del empleo del sector privado REPRO (Programa de Recuperación Productiva), permitieron asimismo sostener los niveles de empleo a partir de la crisis financiera internacional iniciada en 2009. Mientras el empleo en el mundo se derrumbaba, en Argentina se mantenía prácticamente sin alteraciones. La informalidad laboral se redujo y el kirchnerismo logró que los trabajadores volvieran a discutir salarios en paritarias, alentando la recomposición del ingreso. La prioridad de la agenda de las políticas públicas fue el empleo.

Por otra parte, millones de personas que debido a la desocupación de los 90 no habían podido completar sus aportes previsionales pudieron acceder a jubilarse, ingresando en el sistema solidario de reparto mediante moratorias previsionales que Macri decidió ahora eliminar. No sólo la cobertura llegó a casi la totalidad de la población sino que se estableció por ley que las jubilaciones se actualicen cada seis meses. Finalmente, la Asignación Universal por Hijo (AUH) fue la medida más fuerte para garantizar la justicia social: millones de niños y niñas recuperaron el derecho a la escolaridad y a la salud. No se trató solamente de un beneficio económico, se trató de inclusión social.

La base del proyecto de Néstor y Cristina fue establecer como política de Estado la creación y protección del empleo y de los trabajadores. Una economía en crecimiento (el PBI creció 2.1% en 2015, de acuerdo al INDEC) con bajo desempleo y poco endeudamiento externo (la relación deuda-PBI era solo del 13%) fue la “pesada herencia” que recibió Mauricio Macri el 10 de diciembre pasado.

 

Evolución del Poder Adquisitivo del SMVN

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Noviembre de 1999 – Marzo de 2016 (Octubre de 2015=100)

Fuente: Centro de Economía Política Argentina (CEPA),

publicado en http://nuestrasvoces.com.ar/

Hoy el macrismo, sin embargo, está poniendo en jaque las conquistas económicas y sociales de los últimos años. ¿Quién no ha visto caer su nivel de ingresos en estos meses? ¿Quién puede estar seguro de que conservará su trabajo? Estamos siendo testigos, otra vez, de la transferencia de recursos de los que menos tienen a los que menos lo necesitan, de un proceso regresivo que se acelera y sienta las bases para una seria crisis económica y social.

Los meses macristas

El gobierno comenzó su gestión despidiendo empleados públicos desde el primer día, bajo una persecución ideológica propia del macartismo. El argumento fue que el Estado estaba atestado de “empleo inútil”, “ñoquis” o –  en palabras del ministro Prat-Gay – “grasa militante”. Creó el Ministerio de Modernización, a cargo de Andrés Ibarra, cuyo objetivo es reconfigurar la administración con personal propio. Hasta ahora, Ibarra repitió lo que ejecutó  en la Ciudad de Buenos Aires: creó un ministerio de despidos y agencia de empleo en el Estado para familiares y amigos del macrismo. Además, puso en revisión la totalidad de los contratos de trabajadores que se desempeñaban en planta transitoria y a través de convenios de asistencia técnica con universidades nacionales, y despidió a cientos de personas a partir del cierre de programas específicos de varios ministerios, en su mayoría, educativos y culturales (el desguace de Conectar Igualdad, Tecnópolis y la Biblioteca Nacional son ejemplos contundentes). Del mismo modo, paralizó obras públicas, proyectos como Atucha III y el satélite Arsat III, evidenciando el desinterés del gobierno en áreas estratégicas del desarrollo nacional. Y si a las desvinculaciones producidas a nivel nacional, agregamos las efectivizadas en provincias y municipios, comprobamos el desprecio general por los trabajadores.

En este sentido,  a pesar de que el INDEC aun no brinda datos estadísticos oficiales, información proveniente de distintas fuentes permite ir construyendo un mapa de la desocupación.

- El Observatorio del Derecho Social de la CTA-Autónoma relevó que entre el 1 de diciembre y el 4 de marzo de este año hubo 68.563 despidos, de los cuales 37.627 se produjeron en el sector público y 30.936 en el privado. El informe aclara que no incluye las denuncias realizadas por dirigentes sindicales en términos generales ni las pérdidas de puestos de trabajo que no llegan a difundirse públicamente y que, por distintas razones, encuentran mayores obstáculos para ser resistidas sindicalmente. Es, por lo tanto, un relevamiento de mínima.

- El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) realizó un pormenorizado informe sobre la coyuntura económica nacional, donde calculó que en el sector público y privado los despidos suman en total 141.542 en el primer trimestre del año, con mayor incidencia en la construcción en la actividad privada, y en las provincias en el ámbito público.

- La Unión Industrial Argentina (UIA), aliada incondicional de la Alianza Cambiemos, advirtió que en el primer semestre del año es posible que el sector industrial pierda entre 100 mil y 200 mil empleos. También señaló que, por la caída de la producción y el aumento de los costos, hay 35 mil empleos directos y 90 mil indirectos en riesgo.

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Fuente: Centro de Economía Política Argentina (CEPA),

publicado en http://nuestrasvoces.com.ar/

Igualmente, vemos cómo el Estado, en vez de mediar en los conflictos laborales, interviene reprimiendo a los trabajadores, a través de la aplicación del nuevo protocolo de “seguridad”. Las escenas de violencia policial y de la Gendarmería se repiten. Cuentan como ejemplos la represión a los trabajadores de la empresa quebrada Cresta Roja, o los golpes que recibieron  muchos de los estatales despedidos o los empleados bancarios, nada más iniciar sus conflictos laborales. La política de hecho consumado, cuando Siderca (del grupo Techint) despidió a doscientos trabajadores porque no aceptaban la rebaja salarial, es inédita en los últimos doce años. Hasta diciembre pasado cualquier comisión interna o movimiento social (sin importar que fuera o no un interlocutor legítimo para la ley sindical) sabía que, ante un conflicto, siempre iba a obtener, al menos, una mesa de negociación. La sombra de los despidos y la represión hacen ahora más difícil la reacción de los trabajadores.

El rechazo absoluto por las políticas de ampliación de derechos e inclusión social también puede verse en las acciones que ha tomado el gobierno hacia las Universidades Nacionales. Por un lado, les está restringiendo la asignación presupuestaria definida por el Congreso Nacional a través de la ley de Presupuesto para cubrir el funcionamiento básico de los establecimientos. Hay universidades que desde diciembre del año pasado no reciben dinero para cubrir gastos generales. Por otro lado, en las negociaciones paritarias el gobierno aún no ha hecho una propuesta seria sobre el aumento de salarios. Los paros y movilizaciones en todo el país aumentan, las posibilidades de que las medidas de fuerza perjudiquen la formación de los alumnos se incrementa. Sin embargo, en la sexta reunión paritaria realizada en la primera semana de mayo, frente el pedido por parte de los sindicatos del 40 por ciento de aumento, el Ministerio de Educación ofertó 15 por ciento de aumento en mayo, 5 por ciento en octubre y 11 por ciento en diciembre, a cobrar recién en enero de 2017.

Cabe agregar el papel de los medios hegemónicos que acompañan y dan apoyo al actual gobierno. No sólo logran disimular la decena de sociedades offshore en guaridas fiscales que tienen el Presidente, su familia y destacados representantes de Cambiemos. Con la excusa de modernizar, proponen volver a la precarización laboral. Entienden a la flexibilización laboral y la tercerización como modalidades atractivas para generar nuevos empleos. Sin embargo, a pesar de la anuencia dada al nuevo gobierno y sus políticas regresivas, ni siquiera ellos pueden negar la caída del consumo, que ya ocupa titulares de tapa.

Con todo, Cambiemos tiene una particular interpretación sobre el actual escenario, que se opone frontalmente a los números citados y a la experiencia cotidiana de cualquier ciudadano de a pie. Según el presidente Macri, “no hay una ola de despidos masivos, pero sí de estancamiento”. A las declaraciones de los integrantes del gabinete nacional de que “no hay despidos” (jefe de Gabinete, Marcos Peña), los despidos son “una sensación” (ministro de Finanzas, Alfonso Prat-Gay) o “hay aumento del empleo” (ministro de Trabajo,  Jorge Triaca), Macri agrega: “De abril de 2015 a abril de 2016 se generaron 60 mil puestos de trabajo en la Argentina”.

Por otra parte, en el oficialismo no paran de repetir que “este es el peor momento, en el segundo semestre se verán los beneficios”. El Presidente asegura que tras este “sinceramiento de la economía”, eufemismo para no utilizar la palabra ajuste, “en el segundo semestre del año bajará drásticamente la inflación, todos vamos a poder percibir que la Argentina volverá a ser un lugar que a partir de la inversión se generará trabajo de calidad”.

Ya se ha visto que la liberación del “cepo cambiario” y de otros supuestos “cepos” como el control de la formación de precios, que presuntamente castigaban a la economía local, no ha impactado de forma positiva en la actividad económica. Ahora, supuestamente, ofreciendo un clima de negocios para el sector privado (emprendedor, dinámico y creativo) llegará la bonanza (y el derrame). Esperan que, tras el acuerdo alcanzado con los fondos buitre, la masiva colocación de deuda pública y la “normalización” de las relaciones con la comunidad financiera internacional, el “mundo” vuelva a “confiar” en el país, aún a sabiendas de no haber conseguido estabilidad macroeconómica. Esperan que se genere empleo cuando los empresarios (locales y globales) se “entusiasmen” por las “oportunidades de inversión”, aunque las suculentas tasas de interés de referencia del Banco Central no puedan favorecer nunca a los sectores industriales ni promover el consumo. Esperan que la estampida inflacionaria se detenga, aunque el enfriamiento de precios sea a costa de los despidos masivos y la reducción de la capacidad adquisitiva de los trabajadores.

 

cuadro3Inflación (distintas fuentes)

Diciembre 2014 – Marzo 2016

Fuente: Centro de Economía Política Argentina (CEPA)

publicado en http://nuestrasvoces.com.ar/

Sumado a esto, el proceso de apertura e “integración al mundo” –  que incluye los tratados de libre comercio hoy motorizados principalmente por la canciller Susana Malcorra (vinculación de la Argentina al Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, TPP, o un acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea) –  condena a la desaparición a la industria nacional. Y esto no se debe a tener que pagar eventuales doble indemnizaciones. La remoción de las barreras comerciales y el ingreso irrestricto de productos importados a bajo precio sólo puede generar perjuicio para la actividad industrial.

El saldo comercial en el primer trimestre de 2016 se deterioró para varios sectores de la manufactura local: la industria metalúrgica pasó de un déficit de 201 millones de dólares entre enero y marzo de 2015 a 272 millones este año, en tanto que el bloque textil-indumentaria aumentó el desequilibrio de 260 millones a 281 millones. Autos y camiones, a su vez, pasó de un superávit de 336 millones a un déficit de 579 millones; y marroquinería, de 211 millones a 125 millones. Ese resultado se dio a partir de una fuerte caída de las exportaciones y suba de las importaciones. La baja de las ventas al exterior se produjo por la caída de la demanda externa, en especial de Brasil, y a pesar de la fuerte devaluación del peso, que según la expectativa macrista debería haber impulsado esas colocaciones. La suba de las importaciones se dio a contramano del desplome del consumo y la inversión, gracias a la liberalización del comercio exterior.

No debemos sorprendernos, de todos modos. Gabriela Michetti, vicepresidenta de la Nación, ya lo anunció en febrero pasado: “El modelo de Macri es India. Vamos hacia un modelo agro-exportador y de servicios, basta, basta de industrias”.

Para poder funcionar, las pequeñas y medianas industrias nacionales deben ser protegidas y estimuladas desde el Estado. Pero el nuevo gobierno ha comenzado su gestión con la virtual paralización de los Programas destinados a este fin, aún con presupuesto asignado.  El costo que ya sienten las Pymes sólo por el aumento de las tarifas de luz, por poner un ejemplo, que en distintos puntos del país fue de hasta 600 por ciento, hace peligrar la producción y venta de cualquier producto nacional. En ese sentido, el aumento de costos y la reducción de la demanda son los dos elementos que más preocupan a empresarios y comerciantes.

‘Hecho en Argentina’ es trabajo para todos y todas. No hay argumentos justificatorios para cualquier reforma económica que implique una política de desindustrialización.

Evolución de las Ventas Minoristas

Enero 2015- Marzo 2016

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Fuente: Centro de Economía Política Argentina (CEPA)

publicado en http://nuestrasvoces.com.ar/

Con su manera particular de “sincerar” la economía, el macrismo pone en jaque las conquistas laborales, los puestos de trabajo y los niveles de ingreso del grueso de la población. Frente a una inflación que ya es la más alta desde 2002, pretende que los gremios firmen acuerdos en paritarias que no superan el 25 por ciento.  La prometida modificación del impuesto a las Ganancias (retocado deficientemente en marzo por DNU) ya ha sido trasladada para 2017, en tanto que la convocatoria al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, anunciada por el ministro de trabajo, Jorge Triaca, no cuenta con fecha precisa. Es más, el gobierno ya ha anunciado que proyecta un aumento en el monto del subsidio por desempleo. Es decir, pasa de proteger al trabajador a facilitar su salida.

El objetivo es el disciplinamiento social. Sólo así es posible  impulsar medidas que contraen la economía e implican una transferencia brutal de recursos desde el campo popular (el trabajo) hacia los sectores más privilegiados, empresas dominantes e instituciones crediticias (el capital). De acuerdo al Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA) casi un millón y medio de nuevos pobres se han generado en apenas cuatro meses. Según el Observatorio, se considera pobre a aquella familia que tiene ingresos por 7.877,15 pesos. Tomando en cuenta que de acuerdo a los técnicos de ATE-INDEC, la canasta familiar estaría en alrededor de 16.000 pesos, la situación es mucho peor.

Las reacciones, con todo, están a la orden del día. Por una parte, el pueblo ha salido a las calles. Comenzó a mostrar su disconformidad en los actos del 24 de marzo en Plaza de Mayo y del 13 de abril en Comodoro Py. Pero las diferencias con el gobierno nacional han estrechado el camino para que las cinco centrales sindicales encuentren más puntos en común que diferencias. El acto del Día del Trabajador fue contundente: fue el acto sindical más grande de los últimos veinte años, al menos. Asimismo, es posible que las tres facciones de la CGT vuelvan a unificarse en agosto. Por otra parte, el Congreso está tratando una Ley de Emergencia Laboral (antidespidos), que el Presidente amenaza con vetar. Frente a la emergencia creada por el propio gobierno, los frenos se presentan desde dos frentes, desde la calle y desde la ley.

Creemos que el proceso logrado durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner en términos de redistribución de la riqueza, ampliación de derechos y creciente protagonismo popular, pone de relieve el rol fundamental que debe volver a cumplir el Estado. Fue el papel activo del Estado el que potenció el crecimiento científico y tecnológico, la creación de fuentes de trabajo, el otorgamiento de jubilaciones o el acceso a un plan de vivienda. Si queremos que el país se desarrolle, no será con planes como el de Primer Empleo anunciado por Macri a fines de abril. Las recetas neoliberales en materia laboral ya fracasaron en los 90.

No por nada el general Perón señalaba que “gobernar es crear trabajo”, de eso depende la dignidad a millones de personas. Nuestra experiencia histórica nos enseña que esa es la enorme responsabilidad que debemos asumir como representantes de los millones de argentinos que nos han honrado con su voto.