En repudio a la designación en “comisión” de dos jueces de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

A última hora del lunes 14 de diciembre, el actual Presidente de la Nación, Mauricio Macri, sorprendió con la designación de dos nuevos integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Si bien la Constitución Nacional no deja dudas sobre el procedimiento que debe cumplirse para designar a tales miembros del máximo Tribunal, el presidente apeló a una interpretación, por lo menos particular, del artículo 99 inciso 19 de la Carta Magna. En este sentido en lugar de designarlos con acuerdo del Senado, sobre la base de una terna integrada por candidatos seleccionados en concurso público por el Consejo de la Magistratura, como la Constitución Nacional lo establece, el Presidente prefirió ir en contra de la institucionalidad democrática y violar a la Constitución misma.

Macri recurrió a un artilugio prácticamente en desuso, que ha sido empleado en nuestro país sólo en períodos de dictadura, cuyos antecedentes más claros fueron la Corte que nombró Bartolomé Mitre a mediados del siglo diecinueve, Uriburu en el primer tercio del siglo XX y Guido a mediados del siglo XX. De esta manera quien hasta hace pocos meses en plena campaña electoral se definía como uno de los adalides de la República y en defensa de la institucionalidad, en su tercer día de mandato evade los mecanismos establecidos por nuestra Constitución para integrar una Corte Suprema de forma ilegítima y arbitraria.

Cabe mencionar que el hecho de que se establezca constitucionalmente la aprobación con dos tercios del Senado para la designación de los cortesanos, no responde a un capricho democrático sino justamente a uno de los fundamentos en los que se basa la construcción de nuestra Nación, y son las libertades y las garantías que asegura la división de poderes de un régimen democrático. El logro de este tipo de mayorías especiales se establece justamente para garantizar el debate, la negociación, el acuerdo y el consenso entre las fuerzas políticas que se encuentran representadas. Negar eso, es negarle al pueblo y a quienes nos toca representarlos la posibilidad de ejercer una verdadera democracia.